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La auditoría al Potenciar Trabajo que puso en suspenso a un total de 154.441 titulares del programa sigue generando diferencias en el universo de las organizaciones sociales, incluso entre quienes habían confluido a fines de 2022 demandando un salario básico universal y bonos de refuerzo de fin de año para los beneficiarios y beneficiarias. El ala más dura de los piqueteros le planteó hoy un ultimátum a la ministra Victoria Tolosa Paz y ya se convocaron para mañana jueves 19 a una asamblea nacional para definir un plan de lucha.
"La Ministra se comprometió con esta Unidad Piquetera a que no dejaría a nadie sin su programa pero fueron puras mentiras. Tolosa Paz debe cumplir. Mientras (Emilio) Pérsico y (Juan) Grabois miran para otro lado, nosotrxs decimos: ningún ajuste a lxs trabajadorxs; por un aumento en los montos del Potenciar Trabajo; ningún laburante por debajo de la canasta y apertura irrestricta de los programas", sintetizaron sus reclamos desde este colectivo, a la vez que solicitaron en forma urgente una reunión.
"Declaramos el estado de alerta en todo el país. Si no tuviéramos respuesta en los próximos días, lanzaremos medidas de fuerza, movilizaciones y otras acciones en defensa de todxs lxs compañerxs", concluyen su mensaje público.
Desde la cartera que lidera Tolosa Paz se comunicaron para agendar una reunión con el Jefe de Gabinete de la cartera, Marcelo García, y con Emilio Pérsico, secretario de Políticas Sociales en esta primera instancia y la promesa de una cita con la ministra más adelante. De no recibir una respuesta que esperan, la próxima semana reanudarán un esquema de protestas en todo el país.
Al término de la auditoría a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, un total de 1.210.571 beneficiarios y beneficiarias cumplieron con revalidar su identidad, lo que equivale al 88,7% del total del padrón registrados a diciembre de 2023 (1.365.012). Los datos de la auditoría muestran que hay 154.441 personas no validadas que no dejarán de cobrar automáticamente su ingreso pero sí lo harán a la mitad del actual valor del programa cuando se liquide el mes de enero en los primeros días del próximo mes.
Por ahora, no hay bajas al programa Potenciar Trabajo. Así lo aclaró la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, al presentar los resultados del proceso que debía culminar el 6 de enero de 2023 pero tuvo una prórroga hasta el 15 de enero. Y no es un dato menor: allí radica el diferente posicionamiento entre aquellas organizaciones más duras y las que se alinean con el oficialismo, aún aquellas que dejaron escuchar sus críticas a Tolosa Paz a viva voz.
Desde el bloque de Unidad Piquetera -compuesto por el PO y organizaciones como una parte de Barrios de Pie, el Bloque Piquetero Nacional y el Movimiento Teresa Rodríguez, entre otros-aseguran que hay varios compromisos asumidos en diciembre que no se cumplieron. Hablan de la entrega de recursos para los emprendimientos, por caso, un punto que Tolosa Paz prometió reforzar con los $ 2500 millones que se ahorra el Estado con las suspensiones. También de demoras y falta de productos en los alimentos para los comedores.
Asimismo, desde UP alertan que los planes en pausason en realidad bajas que forman parte de un plan de ajuste de Desarrollo Social, tal como venían advirtiendo desde el inicio del registro en diciembre de 2022. Alegan que es imposible llevar adelante una auditoría de ese calibre nacional en solo unas pocas semanas, aunque en el medio se prorrogó la fecha de cierre del 6 al 15 de enero y se desplegó un operativo territorial.
"Para impulsar el ajuste del gasto fiscal que le reclama el FMI, que es de un 0.8% del PBI, la tercera ministra de Desarrollo Social de este gobierno ideó un sistema que, sin dudarlo, es shock contra los programas sociales", continúa el extenso comunicado que difundieron hoy desde Unidad Piquetera al recordar la primera auditoría convocada por el entonces ministro Juan Pablo Zabaleta.
"Tolosa Paz cambió de un plumazo el sistema de auditorías presenciales por otro que está concluyendo ahora, a 50 días de lanzado, invalidando las auditorias ya realizadas, reemplazando todo por una validación exclusivamente por Internet", subrayan. Desde Desarrollo Social responden que desplegaron durante los últimos diez días diversas unidades territoriales para alcanzar aquellos sectores más carenciados, aunque admiten que hay zonas de muy difícil acceso, en algunas provincias, donde es muy complicado llegar y donde restan completar los registros.
En Unidad Piquetera siempre sostuvieron que las carencias tecnológicas entre las personas más vulnerables eran una barrera natural para cumplir con la revalidación a través de la app Mi Argentina y lo sigue siendo ahora para reclamar. "La falta de conectividad y los problemas de la aplicación, le sirven a la ministra para cumplir con su propósito dejando a decenas de miles sin el ingreso que es vital en este contexto cuando no son capaces de dar empleo formal y registrado. Este paso que ahora toca a nuestro sector es uno de los tantos perjuicios a nuestra clase que tiene planificado el FMI y que cuenta con artífices muy disciplinadxs dentro del gobierno del Frente de Todos", añade el documento del colectivo de organizaciones.
Asimismo, desde el colectivo de Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), se mantienen a la expectativa. Al ser consultados por este medio, sus voceros se diferenciaron de Unidad Piquetera si bien han compartido duros cuestionamientos al Gobierno por su política social en el pasado. "Las suspensiones actuales son de personas que no hicieron la auditoria. De no reasignarse a otras personas, sí efectivamente sería un ajuste y un recorte sobre el programa", comentaron.
Qué dicen las organizaciones oficialistas
Distinta es la posición que mantienen hoy las organizaciones afines al Gobierno, referenciadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y que contempla al espacio liderado por Juan Grabois así como el Movimiento Evita. Con Pérsico, Tolosa Paz mantuvo una reunión el jueves pasado cuando ya tenían el último corte parcial de los datos de la auditoría, para conversar respecto al balance de la medida.
"Hay una política de estigmatización del sector constante. No hay la misma vocación de control para controlar a las empresas de litio, que a los sectores populares. Es histórica la estigmatización. Ahora se abre un período en el cual si los compañeros pueden hacer el trámite para que se los vuelva a dar de alta, por eso se les avisa con un descuento del 50%", detalló el dirigente social en declaraciones para FutuRock.
Las organizaciones de este lado de la grieta se habían reunido en diciembre de 2022 para sellar un acuerdo por un bono extra, que se extiende a todo el universo del Potenciar Trabajo, a cobrar el mes de marzo. Consistirá en el 50%, en un solo pago -a diferencia de los refuerzos de diciembre-enero- de lo que cobre entonces un beneficiario o beneficiarias de este programa. Acorde a la evolución del salario mínimo, vital y móvil, debería ser de $ 34.750, por lo que el bono sumaría $ 17.375
Acorde a fuentes de estas organizaciones, el hecho que las personas que no validaron su identidad dentro del plazo establecido no sean dados de baja en forma automática sino suspendidos, es clave para convalidar el proceso. De hecho, estos beneficiarios y beneficiarias que corresponden al 11,3% del padrón total, tendrán hasta 60 días para reclamar y recuperar su estatus regular. En el interín, al menos en febrero, cobrarán el 50% del programa.
