La jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó la moción de reconsideración presentada por la República Argentina en el marco del litigio por la expropiación de YPF. La decisión dejó firme la obligación del país de responder a los pedidos de discovery sobre comunicaciones fuera de los canales oficiales de funcionarios y exfuncionarios.

El caso enfrenta a la Argentina con los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, que reclaman una indemnización multimillonaria por la estatización de la petrolera en 2012. En este tramo del juicio, los demandantes buscan acceder a información que pueda servir para identificar activos susceptibles de embargo y ejecución en el extranjero.

El discovery es una herramienta procesal del derecho estadounidense que permite a la parte demandante requerir documentos, registros y comunicaciones a la contraparte. En esta etapa, los querellantes solicitaron la producción de mensajes y correos electrónicos enviados desde dispositivos personales de exfuncionarios y funcionarios actuales vinculados a la operación de YPF.

La República Argentina argumentó que tales requerimientos resultaban contrarios tanto a la jurisprudencia de Estados Unidos como a la legislación argentina, en particular la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y disposiciones constitucionales que resguardan la privacidad de las comunicaciones. Según señaló la defensa del Estado, recolectar esa información implicaría "un tratamiento ilegal de datos sensibles" sin consentimiento de los titulares.

En su resolución, la jueza Preska sostuvo que la moción argentina no cumplió con los requisitos necesarios para una reconsideración. "La reconsideración es un remedio extraordinario que debe emplearse con carácter excepcional, en aras de la finalidad y la economía de recursos judiciales", recordó la magistrada al fundamentar su rechazo.

El fallo analizó además la cuestión de fondo: si las comunicaciones en dispositivos personales de funcionarios pueden considerarse bajo "posesión, custodia o control" de la República. Preska citó precedentes que amplían el concepto de control cuando una parte tiene la capacidad práctica o legal de acceder a documentos que se encuentran en poder de terceros.

La magistrada señaló que, aun aceptando que corresponde analizar el asunto bajo la legislación argentina, las normas locales no impiden de manera absoluta considerar esas comunicaciones como información pública. Hizo referencia a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y a resoluciones complementarias que, en ciertos supuestos, reconocen que los correos electrónicos enviados o recibidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones "son documentos públicos".

De acuerdo con el fallo, "las comunicaciones off-channel relativas a la actividad estatal pueden considerarse información pública bajo la ley argentina, siempre que se realice un análisis fáctico y se sopese el interés público con el derecho a la privacidad de los funcionarios".

Incluso si no se las calificara como información pública, la jueza enfatizó que la Argentina mantiene "la capacidad práctica" de obtener tales comunicaciones. Enumeró vías posibles, como solicitar el consentimiento de los exfuncionarios, modificar la normativa por ley o requerirlo a través de los tribunales locales.

Con base en esos argumentos, la jueza concluyó que los mensajes reclamados se encuentran bajo el "control" de la República, lo que habilita a los demandantes a exigir su producción en el proceso.

La Procuración del Tesoro de la Nación reaccionó con un comunicado en el que expresó su disconformidad con la decisión judicial. Señaló que "esta decisión es incorrecta" y adelantó que se encuentra analizando las vías procesales disponibles para impugnar el fallo.

El organismo reiteró además que se mantiene pendiente de resolución una segunda moción, presentada por la Argentina, que busca limitar el discovery exclusivamente a activos potencialmente ejecutables. Ese planteo se apoya en jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, particularmente en el caso NML Capital contra la Argentina, en el que se establecieron restricciones al alcance de las medidas de búsqueda de información.

Según la Procuración, acotar los pedidos de discovery a bienes embargables resultaría consistente con el principio de inmunidad soberana y con la protección de datos personales reconocida por la legislación argentina.

La disputa por YPF continúa siendo uno de los litigios internacionales más sensibles para el país. La demanda inicial de los fondos ascendía a más de 16.000 millones de dólares, aunque los montos definitivos dependerán de la ejecución de sentencias y de eventuales negociaciones.

El gobierno argentino reafirmó su postura de seguir defendiendo los intereses nacionales. "La República Argentina reafirma su compromiso de continuar defendiendo con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, utilizando todas las herramientas legales a su alcance", afirmó la Procuración.

El rechazo de la moción de reconsideración implica que los demandantes podrán insistir en la obtención de comunicaciones privadas de funcionarios, lo que podría abrir un frente complejo en términos de soberanía, privacidad y cumplimiento de la legislación argentina.

El expediente se tramita en el juzgado de Preska desde 2015 y acumula múltiples resoluciones adversas para la Argentina. La jueza fue quien en 2023 dictó la sentencia que condenó al país por la forma en que se realizó la expropiación de YPF, al considerar que no se cumplió con las obligaciones previstas en el estatuto de la compañía.

La discusión actual se centra en los pasos posteriores a esa sentencia y en las posibilidades de los fondos demandantes de ejecutar la condena contra activos de la Argentina en el exterior. En ese contexto, el discovery sobre dispositivos personales aparece como una herramienta para localizar bienes susceptibles de embargo.

El gobierno, en cambio, sostiene que esa medida vulnera derechos básicos de privacidad y excede las facultades de la jurisdicción norteamericana, al involucrar a exfuncionarios y funcionarios argentinos fuera de los canales institucionales.

El fallo marca un nuevo revés en la estrategia de defensa argentina. Ahora restará definir si el país avanza en una apelación ante instancias superiores o si insiste en acotar el discovery a bienes embargables, en línea con los precedentes más favorables de la jurisprudencia estadounidense.