Julio de Vido solicitó a la Corte Suprema que revoque su condena de cuatro años de prisión por la tragedia de Once, ocurrida en 2012 y que dejó 51 víctimas fatales.
El pedido se produjo tras la orden de detención emitida por el Tribunal Oral Federal 4, luego de que el máximo tribunal ratificara la sentencia contra el exfuncionario kirchnerista.
El abogado Maximiliano Rusconi, a cargo de la defensa del exministro de Planificación Federal, difundió un comunicado titulado “Una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”, en el que cuestionó duramente el accionar de la Corte.
Según el penalista, el tribunal rechazó un recurso de queja “con velocidad sospechosa y oportunismo evidente”, lo que posibilitó la ejecución de la condena.
De Vido condenado: los argumentos de su defensa
Rusconi planteó que “la Corte omitió considerar, que no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre ninguna decisión” debido a que existía un planteo pendiente de prescripción de la acción penal. El abogado argumentó que este planteo, al ser de orden público, “debe ser declarado aún de oficio” y resuelto antes de cualquier otra cuestión de fondo.
La defensa sostiene que “la prescripción de la acción penal, operó de puro derecho” ya que el último acto interruptor ocurrió el 10 de diciembre de 2018, cuando se dictó la sentencia condenatoria no firme.
Según Rusconi, transcurrieron casi siete años sin una sentencia completa, por lo que “cualquier decisión de privación de la libertad en este caso, cuya acción se encuentra extinguida, es una nueva manifestación de ilegitimidad y violación de las garantías fundamentales”.
“La Corte rechazó un recurso de queja con velocidad sospechosa y oportunismo evidente”.
El penalista aclaró además que De Vido “nunca fue condenado por el choque de Once, sino que fue absuelto”, destacando que el tribunal determinó que el siniestro “se debió a la temeridad del conductor”. La condena recayó sobre otra imputación que, según la defensa, quedó prescripta porque el plazo máximo era de seis años y “expiró irremediablemente el 10/12/2024”.
Ante lo que calificó como “enorme gravedad institucional”, Rusconi anunció que realizará una presentación “ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra”.
El abogado solicitará que ese organismo actúe mediante el procedimiento de “acción urgente” para instar al gobierno argentino a adoptar “las medidas necesarias para evitar que esa privación de libertad ilegal se materialice”.
