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Los portadores de un documento de identidad sin fecha de caducidad, conocido como DNI permanente, deberán actualizarlo antes del 3 de agosto de2031, según ha confirmado el Gobierno.
Esta medida responde al reglamento Reglamento (UE) 2019/1157, que obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a emitir documentos de identidad con caducidad y requisitos comunes de seguridad.
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Por qué desaparece el DNI permanente
El DNI sin caducidad fue concebido hace años para aliviar los trámites de las personas mayores, especialmente mayores de 70 años o con gran invalidez. Sin embargo, esta categoría deja de estar aceptada en el espacio europeo porque no cumple los estándares de interoperabilidad y seguridad.
Ahora el Gobierno español adapta la normativa a través del Real Decreto 255/2025, y el plazo límite para renovar el DNI es el 3 de agosto de 2031. Los titulares de un DNI marcado con la palabra "permanente" deberán sustituirlo, aunque no se trate de una renovación inmediata obligatoria.
Quiénes están afectados y cómo lo sabrán
La medida afecta principalmente a quienes tienen un DNI expedido entre los años 1999 y 2006 que muestra la palabra "permanente" en la casilla de caducidad. Aquellas personas que tengan documentos con la fecha simbólica "01-01-9999" o que fueron expedidos tras ese período quedarán exentas de renovación por el momento, porque ya cumplen el estándar europeo.
Aunque la renovación no requiere cita previa y es voluntaria dentro del plazo, quienes lo dejen pasar podrían encontrarse con que su DNI no sea válido para trámites, viajes o acceso a servicios electrónicos.
Qué cambios supone el nuevo DNI y cuándo se implanta
El nuevo documento incluirá un chip electrónico con datos biométricos (imagen facial, dos huellas dactilares) para cumplir con los requisitos del reglamento europeo.
En términos de validez, los mayores de 70 años tendrán un documento que, aunque sigue siendo de "larga duración", ya no figurará como permanente sin caducidad visible. La transición arrancará de inmediato, con el plazo máximo en 2031.
La idea es que España se alinee con el resto de la Unión Europea en la seguridad de los documentos, evite denegaciones fronterizas o de viaje, y ofrezca un sistema más moderno y seguro para todos los ciudadanos.
Este escalón normativo abre un nuevo capítulo en la vida administrativa de muchos españoles: no solo por obligación, sino también por el valor añadido que conlleva disponer de un documento de identidad actualizado y reconocido en el espacio europeo.
