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Cuando un producto llega a los supermercados españoles con datos poco claros, frases endebles o descripciones que inducen a error, el comprador no está solo. La ley otorga derechos a quienes detectan irregularidades.
Las normativas de seguridad de productos y consumo obligan a fabricantes y distribuidores a garantizar claridad, veracidad y transparencia, y permiten exigir la retirada si esas condiciones no se cumplen.
Si un consumidor considera que una etiqueta es ambigua o engañosa, puede dirigirse a las autoridades de consumo para solicitar la retirada del producto. La normativa vigente obliga a que se ponga fin a la comercialización de bienes que "presentan riesgos incompatibles" o que no respetan las obligaciones de información.
Qué dice la normativa sobre retirada y seguridad de productos
El Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, establece que solo pueden comercializarse productos seguros, y obliga a los productores a retirar del mercado aquellos bienes que presenten riesgos o incumplan normas de etiquetado. En esos casos, deben "hacer las correcciones necesarias", notificar a autoridades y, cuando sea posible, recuperar los productos ya distribuidos.
Además, la Legislación de Consumo y el Reglamento (UE) 2023/988 exigen que los operadores económicos (fabricantes, importadores, distribuidores) cooperen en la vigilancia del mercado. Si un producto resulta inseguro o su etiquetado induce a error, las autoridades pueden suspender su venta, inmovilizar existencias o imponer su retirada.
La guía oficial para retirada de productos define qué se entiende por "retirada" aquella medida destinada a impedir la distribución, exposición u oferta a los consumidores de un producto inseguro o mal etiquetado.
Cómo actuar si se identifica una etiqueta engañosa
Si se detecta que un producto contiene información ambigua, existen pasos concretos para exigir su retirada.
- Presentar una queja formal ante el servicio de consumo en la comunidad autónoma, detallando el producto, marca, lote y la ambigüedad observada. Las autoridades ejercerán vigilancia del mercado en función de esa denuncia.
- Utilizar la Red de Alerta de productos no alimenticios (parte del sistema europeo) para notificar productos que podrían representar riesgo o confusión. Las autoridades recibirán la notificación y evaluarán la necesidad de medidas correctoras.
En paralelo, es recomendable conservar pruebas como fotos, envoltorios, tickets de compra, o cualquier elemento que respalde la reclamación. Eso facilita que las autoridades distingan casos aislados de conductas sistemáticas.
Derechos del consumidor y límites del reclamo
El derecho a exigir la retirada no es ilimitado. Para que proceda, debe demostrarse que la etiqueta es ambigua o engañosa en aspectos relevantes (ingredientes, advertencias, cumplimiento normativo).
Si el fabricante ya ha introducido correcciones voluntarias antes de la denuncia, puede evitarse una medida obligatoria.
Por otra parte, las autoridades de consumo valoran proporcionalidad: no siempre retirarán productos de forma masiva si la ambigüedad es leve o corregible con un mensaje añadido en la estantería. Su actuación debe ser "proporcionada con los riesgos que afronten" según reza el reglamento de medidas administrativas.
En cualquier caso, si la retirada es autorizada, los productores deben coordinar con distribuidores para recuperaciones. Y las administraciones tienen la función de supervisar que los productos retirados se retiren efectivamente del mercado.
