En esta noticia
- Okupas reciben hasta 7 años de cárcel: la contundente respuesta de Meloni
- Manifestaciones bajo control: hasta 6 años por bloqueos
- Protección reforzada: la policía como prioridad
- ¿Por qué ahora? Las razones detrás del decreto
- Oposición en pie: "deriva autoritaria"
- El futuro del decreto: impacto y expectativas
La Cámara Alta italiana ha aprobado un ambicioso decreto de seguridad que marca un giro significativo en las políticas públicas. La medida ha provocado una intensa reacción de la oposición y generado un debate nacional sobre libertades civiles y orden público.
El proyecto, impulsado por el Gobierno de Giorgia Meloni, une múltiples medidas bajo un solo paraguas: desde sanciones severas para los okupas hasta nuevas restricciones a manifestaciones, y refuerza los mecanismos de protección para las fuerzas del orden. Ahora bien, ¿en qué consiste realmente esta ley y qué implicaciones tiene para la sociedad italiana?
Okupas reciben hasta 7 años de cárcel: la contundente respuesta de Meloni
En el núcleo del decreto se encuentra una penalización drástica para la ocupación ilegal de inmuebles. El nuevo artículo 634-bis del Código Penal establece penas de 2 a 7 años de prisión para quienes entren o se queden en una vivienda ajena sin su permiso. Pero hay más: si se detecta violencia, amenazas o uso de armas durante esa ocupación, las condenas pueden aumentar aún más.
Además, la norma otorga potestad a la policía para desahucios inmediatos, incluso sin una orden judicial, en casos de ocupación injustificada, lo que permite actuar rápidamente ante situaciones que se prolongan.
Con esta reforma, el parlamento responde a una creciente angustia por la proliferación de ocupaciones en capitales como Roma y Milán. El decreto refleja la apuesta del Gobierno por la defensa del derecho de propiedad como un pilar que dicen esencial para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana.
Manifestaciones bajo control: hasta 6 años por bloqueos
La ley también fija una postura clara sobre las acciones colectivas y formación de bloqueos viales durante protestas. Cortar calles o ferrocarriles se considera un delito penal, con penas que oscilan entre un mes y dos años, y pueden llegar hasta 6 años, dependiendo de la organización y el impacto.
Asimismo, cualquier acción de resistencia pacífica en prisiones, centros de migrantes o fábricas está ahora criminalizada como protesta pasiva, con condenas incluso para sentadas o boicots silenciosos.
Así, la norma endurece la respuesta ante formas de desobediencia civil no violenta, y subraya la mano dura del Ejecutivo contra manifestaciones que interfieran con el desarrollo normal de la vida pública .
Protección reforzada: la policía como prioridad
El decreto no se queda ahí: fortalece la protección jurídica y material de las fuerzas de seguridad. Si un agente resulta agredido mientras ejerce su labor, las penas se incrementan con agravantes específicos.
También se establece que el Estado cubrirá hasta 10.000euros en costas judiciales para policías o militares involucrados en procesos vinculados con su servicio. Además, se permite el uso de cámaras corporales por parte de los agentes para documentar actuaciones en terreno
Estas medidas reflejan una visión centrada en el apoyo al cuerpo policial, con el argumento de que así se refuerza el orden público y se salvaguarda a los "ciudadanos vulnerables".
¿Por qué ahora? Las razones detrás del decreto
El decreto de seguridad llega en un momento de creciente preocupación por parte del Ejecutivo. Citan un aumento en las ocupaciones ilegales en viviendas públicas y privadas, y protestas que han bloqueado ciudades, como fue el caso de activistas climáticos.
Según datos del Parlamento, entre mayo y junio casi 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención certificaron la aprobación final del decreto. La derecha lo defiende como un "paso crucial" para restaurar la legalidad y proteger a los propietarios honestos y a los uniformes que resguardan el orden.
El Gobierno se muestra firme: "la legalidad y la seguridad son pilares de la libertad", declaró Meloni tras la aprobación, asegurando que el paquete normativo dará herramientas efectivas contra la delincuencia y la protesta disruptiva politico.eu+5hispanidad.com+5ondacero.es+5.
Oposición en pie: "deriva autoritaria"
Por su parte, la oposición ha puesto el grito en el cielo. Han acusado al decreto de ser represivo, con términos como "ley anti-Gandhi" que criminalizaría formas no violentas de protesta. Incluso se ha calificado como una "bofetada a la democracia" en el Senado, donde se realizó una sentada durante el debate final.
Organizaciones de derechos civiles advierten de los riesgos de aplicar penas prolongadas por bloquear calles o por acciones simbólicas. Consideran que podrían acelerarse los problemas de hacinamiento en prisiones y que se ignoren los derechos constitucionales.
El futuro del decreto: impacto y expectativas
El decreto ya está vigente, pero su aplicación genera incertidumbre. Los primeros desalojos sin orden judicial aún están por verse, y la policía comienza a estudiar el nuevo marco legal.
Se espera que se presenten recursos legales ante tribunales superiores, que podrían cuestionar sus aspectos más polémicos, sobre todo el uso de penas largas y restricciones a la protesta pacífica. Además, se avecinan movilizaciones de sectores urbanos y jóvenes activistas.
