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A principios de este año, el Gobierno aprobó un nuevo decreto-ley en el que figuran muchas medidas en materia de vivienda. Entre ellas se encuentra la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
Esta suspensión fue instaurada en marzo de 2020 por el gobierno de coalición del PSOE y Podemos, con el objetivo de proteger a las familias más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia.
Desde su aprobación, la medida ha beneficiado a unas 60.000 familias, según datos de Podemos. Inicialmente prorrogada por la crisis derivada de la invasión de Ucrania, ahora se mantiene debido a la actual emergencia habitacional en el país.
Los propietarios no podrán echar a los inquilinos, aunque dejen de pagar, por una orden del Gobierno
En el nuevo decreto ley, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) también se incluye una medida que no figuraba en el anterior: la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos.
Esta prórroga se ha aprobado con el fin de atender a la realidad social y económica de los hogares en el contexto del proceso de mitigación de la dinámica inflacionista y de la prolongación de las consecuencias de la situación internacional.
Asimismo, el Gobierno ha decidido mantener durante todo 2025 la prohibición de interrumpir los suministros de agua, luz y gas para los consumidores vulnerables.
En el acuerdo alcanzado entre Sánchez y Junts para recuperar el escudo social se mantiene tanto la devolución del edificio como la moratoria de los desahucios, mientras que el IVA de los alimentos y luz no figura, como tampoco lo hacía en el anterior texto porque eran unas rebajas fiscales que no se renovaron y que el PP reclamaba.
