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El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) tienen el objetivo de optimizar el tráfico en los centros de las ciudades a través de la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en toda España. Estas áreas especiales tienen el propósito principal de reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire.
En este marco es que la nueva Ley de Movilidad Sostenible que ya se trata en el Senado y deberá obtener el visto bueno para volver al Congreso de Diputados y recibir su aprobación final va a suponer un importante impulso en la movilidad más ecológica. Para conseguir este objetivo, son muchas las personas que pueden resultar perjudicadas por el desincentivo al uso de distintos coches más contaminantes.
Los vehículos diésel y gasolina, especialmente los de más de 10 años, van a verse directamente afectados por las nuevas regulaciones. Tras el acuerdo sobre el nuevo texto, alcanzado el pasado 8 de octubre, el medio Autopista informa que son tres las principales medidas que tendrán un impacto directo sobre la circulación en España e instaurarán nuevas restricciones para distintos tipos coches.
Las nuevas medidas y el impacto en la movilidad
Por un lado, se potenciará el compromiso para estudiar, en un plazo máximo de 12 meses, un profundo cambio en las etiquetas medioambientales de la DGT, que posiblemente concluirá con exigencias más estrictas para alcanzar los distintivos Cero Emisiones y ECO. Sumado a eso, también se ha impulsado la aprobación de un nuevo Plan Renove para incentivar la compra de coches ecológicos y la obligatoriedad de mejorar y multiplicar los puntos de carga para vehículos eléctricos.
Sumado a eso, otra medida que puede tener un gran impacto a la que abre apoyo legalmente la nueva Ley de Movilidad Sostenible es la aplicación de nuevos impuestos o tasas a los coches más contaminantes en las ZBE.
Según informó el medio La Sexta, nuevos recargos podrían alcanzar a los vehículos con etiquetas B y C que ya tengan restricciones de acceso en estas áreas. El objetivo será seguir penalizando el uso de estos modelos para, en otro sentido, promocionar el de los coches con etiquetas ECO y Cero Emisiones.
Con este nuevo punto de la Ley, el Gobierno habilitará así a los ayuntamientos a crear estas tasas o recargos adicionales de circulación en función de las emisiones de cada coche o de la etiqueta medioambiental que tengan. Se calcula que para finales de año, más de 150 ciudades de todo el país cuenten con Zonas de Bajas Emisiones, en donde las restricciones dependerán de cada consistorio.
¿Quiénes serán sancionados?
Si se aprueba la Ley de Movilidad Sostenible esta posible tasa no será obligatoria, ni automática, ni general: cada localidad podrá decidir si la aplica o no y en qué condiciones. En estos casos se deberá modificar la regulación de las Haciendas Locales para habilitar tasas municipales a los vehículos que superen los límites o categorías máximas definidas por cada ciudad.
Es decir, que se trata en la práctica de una herramienta fiscal de gestión de accesos y circulación en las Zonas de Bajas Emisiones, así como durante episodios activos de alta contaminación. La normativa además podría aplicarse de manera general en estas áreas de cada municipio, o incluso únicamente en ciertas franjas horarias, como ya sucede con las restricciones de acceso.
Las nuevas multas para la recaudación municipal
Una vez aprobada definitivamente la Ley de Movilidad Sostenible, cada ayuntamiento podrá hacer uso de esta nueva norma o no, obligatoriamente recogiéndola en sus ordenanzas municipales y fiscales. Estas posibles nuevas tasas son totalmente compatibles con el resto de medidas activadas ya en las Zonas de Bajas Emisiones, no excluyendo otras regulaciones.
Por lo tanto, las nuevas multas no solo pueden emerger como nuevo método de desincentivación para los vehículos más contaminantes, sino también como nueva herramienta de recaudación municipal.
