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El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) han establecido como prioridad la optimización del tráfico y la mejora de la calidad ambiental en toda España. Para alcanzar estos objetivos, se han implementado diversas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), cuyo propósito fundamental es reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire.
La congestión circulatoria se ha convertido en uno de los desafíos más significativos para la movilidad en grandes ciudades y zonas turísticas. En este contexto, se prevé la aplicación de más restricciones para la libre circulación.
Estas iniciativas están alineadas con la planificación vial de la Unión Europea, que busca disminuir la circulación de vehículos de combustión y promover la adopción de automóviles eléctricos. No obstante, los resultados de esta estrategia no han sido los esperados, lo que ha llevado al organismo central a considerar nuevas medidas más determinantes que antes.
Nuevas restricciones para coches no eléctricos en circulación
Pese a que el Gobierno ha implementado diversos incentivos para la adquisición de automóviles eléctricos, como el Plan MOVES para reducir su costo y la deducción en la declaración de la Renta, las ventas aún no han alcanzado las metas establecidas por los líderes europeos.
No obstante, dado que desde Bruselas no se contempla modificar su estrategia, una de las propuestas más recientes consiste en penalizar los combustibles fósiles. En este contexto, se enfocarán los esfuerzos en el gasóleo, solicitando a los distintos gobiernos que equiparen sus impuestos a los de la gasolina, lo que implicará un aumento en el precio del diésel.
Aunque esta medida fue mencionada por el Gobierno actual, el medio Autopista ha confirmado que se ha tratado de un simple rumor, ya que no se han dado los pasos necesarios para su implementación. Uno de los principales motivos es la relevancia de este tipo de combustible para el transporte por carretera y el impacto que un incremento podría tener en los precios.
Sin embargo, los líderes europeos continúan con su determinación y buscarán nuevas estrategias para cumplir su objetivo final de erradicar la circulación de todos los coches de combustión para el 2035. Según informan desde El Debate, para lograr esta meta se elaborará un nuevo documento que certifique el final de vida útil de un vehículo usado (VFU). De este modo, se retirarán estos vehículos del mercado y se destinarán directamente al desguace.
Coches que no podrán circular en los próximos años
Los organismos encargados de gestionar el nuevo certificado serían la ITV y aquellos talleres que la Comisión Europea considere autorizados. Estos serían responsables de demostrar que el vehículo usado ya no puede circular por diversas razones y, en consecuencia, tampoco se podría vender a otra persona.
La propuesta establece que este nuevo certificado de vida útil debe ser entregado junto con el contrato de compraventa del vehículo, de modo que el comprador esté informado sobre el tiempo restante de uso. Sin embargo, aún no se han confirmado los criterios que se aplicarían para la exclusión de estos automóviles y cómo esto podría impactar en casos específicos, como los coches clásicos.
En España, ya se ha establecido la obligatoriedad de que más de 150 ciudades cuenten con ZBE activas antes de final de año, las cuales imponen restricciones a los vehículos con distintivo ambiental B, que incluyen a los coches con diésel y más de 10 años.
Asimismo, se ha presentado un nuevo anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que prohibirá la publicidad de combustibles fósiles y de vehículos impulsados por motores térmicos. El objetivo es "reforzar la protección de las personas consumidoras y del medio ambiente mediante medidas que promueven el consumo consciente y responsable", según lo indicado por el Ministerio de Derechos Sociales.
