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En un contexto de inflación persistente, pérdida de poder adquisitivo y déficit estructural de personal en muchos organismos estatales, los empleados públicos en España recibirán una mejora retributiva que se aplicará con carácter retroactivo desde enero de 2024.
Se trata de una subida salarial total del 2,5%, compuesta por el 2% aprobado el año pasado y un 0,5% adicional tras confirmarse el desvío inflacionario. Esta decisión beneficiará a más de 3,5 millones de trabajadores de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.
Fue ratificada por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. Sin embargo, lejos de dar por cerrada la discusión salarial, los sindicatos han redoblado sus reclamos y apuntan ahora a una reforma de fondo del empleo público.
"La subida es positiva, pero insuficiente. Hay que repartir los beneficios derivados de la mejora en la recaudación fiscal", reclamó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante el congreso de la Federación de Servicios Públicos en Sevilla.
Nueva subida salarial para empleados públicos: cuánto aumentan en 2025
El incremento salarial se enmarca en el acuerdo 2022-2024 entre el Gobierno y los principales sindicatos, que preveía un aumento acumulado del 9,5% en tres años.
Para 2024, se estableció una subida del 2,5%, que incluye un componente variable del 0,5% ligado a la inflación real. Al cumplirse esa condición, el Ejecutivo abonará ese porcentaje adicional en junio, con retroactividad al 1 de enero.
Según el grupo funcionarial, los sueldos anuales brutos con el nuevo incremento quedan así:
Grupo A1: 32.804,62 euros
Grupo A2: 30.747,56 euros
Grupo B: 29.123,40 euros
Grupo C1: 27.237,64 euros
Grupo C2: 25.488,02 euros
Agrupación Profesional: 25.337,94 euros
Estos importes incluyen las dos pagas extraordinarias. Los funcionarios de categorías superiores -como jueces, inspectores o fiscales- perciben complementos que elevan notablemente sus ingresos.
UGT pide eliminar la tasa de reposición y reducir la jornada
La mejora salarial llega en un momento de fuerte presión sindical. UGT exige no solo más aumentos, sino también cambios estructurales. "Hay que acabar con la tasa de reposición para sacar más plazas de empleo público frente a la avalancha de contratos temporales", señaló Álvarez, quien además defendió la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
El líder sindical criticó a los gobiernos autonómicos del Partido Popular por su política fiscal: "Bajando impuestos no hay servicios públicos. La calidad del empleo y la fortaleza del Estado dependen del sistema impositivo", subrayó. Y añadió: "Esto no es un pulso entre Sánchez y Feijóo, es un debate entre los ciudadanos y el Parlamento".
El futuro del empleo público: más plazas y reforma estructural
En paralelo, el Gobierno ha comenzado a negociar la Oferta Pública de Empleo (OPE) para 2025. El objetivo es incorporar personal y reducir la temporalidad, especialmente en áreas críticas como el SEPE y la Seguridad Social, donde CSIF denuncia una pérdida de más de 20.000 puestos en la última década.
El Ejecutivo también proyecta una reclasificación de puestos en la Administración General del Estado. La idea es homogeneizar salarios y condiciones, profesionalizar funciones y facilitar la promoción interna. El Ministerio de Función Pública ha calificado esta reforma como "estratégica para retener talento".
Desde CSIF, se pide un nuevo acuerdo plurianual de subidas salariales ligadas al IPC. "La revalorización automática, como sucede con las pensiones, es clave para evitar que los funcionarios pierdan poder adquisitivo cada año", reclamaron desde el sindicato.
¿Qué significa este cambio para las cuentas bancarias?
El aumento salarial impactará directamente en los ingresos mensuales de los empleados públicos. Por ejemplo, un funcionario del Grupo A2 verá en su cuenta bancaria un ingreso adicional que, sumado a los atrasos desde enero, superará los 400 euros brutos.
La medida no solo mejora la liquidez de las familias, sino que también refuerza el papel del Estado como empleador estable en tiempos de incertidumbre económica.
El giro que representa esta medida -y las reformas en discusión- podría marcar un antes y un después en la política de empleo público en España. Si el Ejecutivo y los sindicatos logran consensuar cambios duraderos, el modelo funcionarial podría salir fortalecido tras más de una década de recortes.
