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El PSOE presentó una serie de enmiendas al Congreso con el objetivo de incentivar la oferta de vivienda asequible en España. La propuesta principal consiste en eximir del impuesto de sociedades los beneficios derivados de la venta de inmuebles que se destinen a alquiler social o a precios asequibles, una medida que se aplicaría a partir del ejercicio fiscal 2025.
La iniciativa busca atender la creciente demanda habitacional y fomentar que empresas y particulares incorporen más inmuebles a políticas de vivienda social.
Según los expertos, esta medida podría aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario y contribuir a mejorar el acceso a la vivienda para sectores con menos recursos.
¿Cómo funcionará la exención fiscal para viviendas?
Según el texto presentado, la exención solo será aplicable si los inmuebles se incorporan a las políticas de viviendaasequible o alquiler social gestionadas por el Ministerio de Vivienda.
Además, no se computarán las pérdidas por deterioro ni el exceso de amortización deducida. Con esta medida, el PSOE espera incentivar a empresas y particulares a ofrecer más inmuebles disponibles para alquiler a precios accesibles, contribuyendo así a aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario y reducir los problemas de acceso a la vivienda.
La iniciativa se enmarca en un paquete más amplio de enmiendas a la ley que transpone la directiva DAC8, centrada en reforzar el control de operaciones con criptomonedas para evitar fraudes fiscales.
Entre las propuestas se incluyen ajustes en impuestos como el IRPF, sociedades, patrimonio y no residentes, así como medidas para reducir la burocracia y agilizar procedimientos administrativos.
¿Qué otros cambios fiscales y económicos propone el PSOE?
Entre las enmiendas presentadas se plantea fomentar la inversión minorista en empresas europeas y limitar las reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Central para acelerar su resolución.
También se busca eximir a abogados y profesionales protegidos por el secreto profesional de informar sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal, y se introducen ajustes progresivos en la tributación de bolsas de nicotina hasta 2030.
Otras iniciativas incluyen facilitar que empresarios españoles se acojan a regímenes de IVA franquiciado en la UE, revisar la intervención de la Agencia Tributaria en créditos avalados por el ICO y adaptar la normativa española a directrices europeas sobre mercancías abandonadas en aduanas.
Asimismo, se incluyen medidas para ampliar las actividades de entidades públicas como Imbisa y Sepides, así como un límite de crédito del Icex fijado en 34 millones de euros para 2026.
