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La batalla legal en torno al modelo 720 sigue generando repercusiones económicas y jurídicas de gran calado en España. Aunque el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2022 supuso un varapalo para el Estado, la historia no ha terminado.
Mientras miles de contribuyentes ya han recibido una compensación por las sanciones impuestas bajo esta normativa, otros tantos esperan que el Tribunal Supremo determine si también tienen derecho a una indemnización, pese a no haber reclamado en su momento. Hacienda ya ha devuelto más de 320 millones de euros, pero la presión por nuevas compensaciones crece
Indemnización por el modelo 720: el núcleo del conflicto
El modelo 720, introducido en 2012 durante el mandato del exministro Cristóbal Montoro, obligaba a declarar bienes en el extranjero superiores a los 50.000 euros. Las sanciones eran extraordinariamente severas: multas del 150% del valor no declarado, recargos del 20% y la consideración de esas rentas como "ganancias patrimoniales no justificadas", sin posibilidad de prescripción fiscal.
El TJUE declaró en 2022 que estas medidas violaban la libre circulación de capitales y resultaban desproporcionadas, lo que obligó al Gobierno a suprimir las sanciones y a Hacienda a devolver lo recaudado indebidamente.
No obstante, una cuestión quedó sin resolver: la situación de los afectados que, por desconocimiento o falta de recursos, no impugnaron en su momento. La estrategia jurídica del abogado Alejandro del Campo -quien fue clave en la anulación del modelo ante el TJUE- ha puesto el foco en estos contribuyentes. El letrado defiende que todos ellos tienen derecho a ser resarcidos bajo el principio de responsabilidad patrimonial del Estado.
El Consejo de Ministros, sin embargo, ha rechazado las solicitudes alegando negligencia, postura respaldada por la Abogacía del Estado.
Este pulso legal ha llegado al Tribunal Supremo, que deberá decidir si el Estado debe indemnizar también a quienes no recurrieron en su momento. El caso podría marcar un antes y un después en la jurisprudencia española en materia de responsabilidad por vulneraciones del derecho europeo, siguiendo la estela del conocido caso Francovich.
Cómo participar en una posible reclamación futura
A pesar de las negativas administrativas, los afectados aún tienen una vía abierta: recurrir a los tribunales, en espera de que el Supremo siente un precedente favorable. De confirmarse el derecho a indemnización para quienes no impugnaron las sanciones en su día, se abriría la puerta a nuevas reclamaciones masivas.
El interés por este proceso ha ido en aumento desde que se conoció el cambio de criterio del Tribunal Supremo en enero de 2023. En esa fecha, el Alto Tribunal dictaminó que los intereses de demora abonados por Hacienda debían tributar como renta general -con tipos de hasta el 54%- y no como renta del ahorro, que se grava entre el 19% y el 28%. Esta modificación fiscal ha supuesto que muchos beneficiarios de indemnizaciones pierdan hasta la mitad del dinero recuperado. Además, no pueden deducir los gastos legales asociados al proceso.
La evolución de este caso será determinante para miles de contribuyentes y para el futuro de la responsabilidad patrimonial en España. Si el Supremo falla a favor de los demandantes, Hacienda podría enfrentarse a un desembolso aún mayor que los 320 millones de euros ya abonados.
