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En el mercado de alquiler en España, uno de los principales temores de los propietarios es que el inquilino deje de pagar el alquiler y se quede en la vivienda sin intención de marcharse.
Esta situación, cada vez más habitual, ha dado origen a la figura del llamado "inquiokupa", un arrendatario que deja de abonar la renta pero continúa ocupando la propiedad.
Para evitar este tipo de conflictos, expertos legales proponen una solución preventiva: añadir una cláusula específica al contrato de arrendamiento.
Según el abogado Alberto Sánchez -más conocido como ‘LegalMente'-, se trata de una medida efectiva, respaldada incluso por miembros del Tribunal Supremo, que puede agilizar los procedimientos judiciales y permitir al propietario recuperar su vivienda más rápidamente.
¿Qué dice la cláusula recomendada por los expertos?
La cláusula sugerida por el especialista consiste en incluir en el contrato de arrendamiento un párrafo que advierta sobre consecuencias penales si el inquilino deja de pagar en el primer año. El texto exacto indica:
"Para el supuesto de que el arrendatario deje de pagar las rentas en los periodos siguientes a la firma del contrato, dentro de la primera anualidad del arrendamiento, el arrendador se reserva el ejercicio de las acciones penales procedentes por la comisión de un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal, con solicitud de medidas cautelares al juez de instrucción de expulsión inmediata y acordar la detención en esos casos".
Esta redacción permite que, si se demuestra mala fe por parte del inquilino, el propietario pueda actuar por vía penal por presunta estafa. Aunque cada caso depende del criterio del juez, los abogados coinciden en que esta cláusula refuerza la posición del arrendador ante posibles impagos deliberados.
¿Qué pasos debe seguir un propietario ante un impago?
Ante una situación de morosidad, el primer paso siempre consiste en notificar fehacientemente al inquilino el impago. Para ello, se recomienda utilizar medios como burofax, carta certificada o cualquier vía que permita acreditar la recepción de la notificación.
Esta comunicación es esencial para dejar constancia del incumplimiento contractual.
Si tras esta advertencia el arrendatario no regulariza su situación, el propietario podrá iniciar acciones legales. En este punto, la existencia de la cláusula penal en el contrato puede agilizar el proceso.
Ya que permitirá solicitar medidas cautelares urgentes, como la expulsión inmediata del moroso. Aunque no garantiza una resolución instantánea, aumenta las posibilidades de una respuesta judicial más rápida y contundente.
