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Los inquilinos que viven en áreas donde el precio de la vivienda se ha disparado tienen un recurso legal poco conocido que puede darles un respiro: la prórroga extraordinaria del artículo 10.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Este mecanismo permite al arrendatario quedarse más tiempo en su piso, bajo las mismas condiciones de su contrato, siempre que la vivienda esté en una zona declarada como tensionada.
La medida se aplica una vez agotada la prórroga obligatoria del contrato de arrendamiento, que garantiza un mínimo de cinco o siete años dependiendo de si el arrendador es persona física o jurídica. Una vez superado ese plazo, en las zonas tensionadas, el inquilino tiene derecho a pedir una extensión anual del contrato hasta un máximo de tres años adicionales, manteniendo la renta y las condiciones pactadas.
Alquiler en zonas tensionadas: el truco 100% legal que te permite quedarte más tiempo en tu piso
El arrendador está obligado a aceptar esta prórroga extraordinaria salvo en casos muy concretos: que se haya firmado un nuevo contrato entre las partes, que la vivienda se necesite para uso propio o de un familiar en los términos legales establecidos, o que existan limitaciones específicas de renta en la zona. Si no se da ninguna de estas circunstancias, la ley protege al inquilino y le garantiza la permanencia en la vivienda.
La clave está en que la vivienda se encuentre dentro de un área declarada oficialmente como "mercado residencial tensionado". Para que esto suceda, la administración competente debe demostrar que en la zona el esfuerzo económico de las familias para pagar la vivienda supera el 30% de sus ingresos, o que los precios han subido muy por encima del IPC en los últimos cinco años. Estas declaraciones tienen una vigencia de tres años y pueden renovarse si persisten las condiciones.
En la práctica, esto significa que un inquilino puede asegurarse hasta tres años más de estabilidad, algo especialmente valioso en barrios donde las rentas suben a un ritmo inasumible. Durante este periodo, no se pueden introducir modificaciones en el contrato que perjudiquen al arrendatario, ni incrementos arbitrarios de la renta, lo que otorga previsibilidad y seguridad en un mercado caracterizado por la incertidumbre.
Para acceder a la prórroga extraordinaria, el arrendatario debe solicitarla expresamente al propietario una vez finalizado el periodo de prórroga obligatoria. Aunque no se concede de forma automática, la ley establece la obligación del arrendador de aceptarla si se cumplen las condiciones.
En caso de negativa injustificada, el inquilino puede acudir a la vía legal para hacer valer su derecho.
