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La digitalización de los pagos y la globalizacióneconómica han introducido nuevos desafíos, como el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, que requieren un control más eficiente.
La Agencia Tributaria desempeña un papel crucial en la economía de cualquier nación. No solo se encarga de que las personas y entidades cumplan con sus obligaciones fiscales, sino que también asegura la adecuada redistribución de los recursos públicos.
Por esta razón, el gobierno español ha elaborado un nuevo decreto que impondrá mayores obligaciones de información a las entidades financieras, lo que impactará directamente en las transacciones electrónicas.
¿Qué impacto tendrá el nuevo real decreto en tus finanzas?
El real decreto tiene como finalidad modernizar y fortalecer el control fiscal en un contexto donde la digitalización de los pagos y la globalización económica presentan nuevos desafíos.
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito, débito y otros métodos de pago estarán obligadas a presentar un informe anual exhaustivo sobre las transacciones de sus clientes.
Esta disposición incluirá información clave, como la identificación del titular de la tarjeta, el número total de transacciones efectuadas y el importe de dichas transacciones, siempre que superen los 25.000 euros anuales por tarjeta.
El objetivo es supervisar las grandes transacciones electrónicas, previniendo prácticas como el blanqueo de capitales y el fraudefiscal. Asimismo, las entidades financieras deberán reportar mensualmente los cobros realizados por empresarios o autónomos a través de tarjetas o aplicaciones de pago móvil, como Bizum o PayPal, sin considerar el monto.
A partir de 2026, la primera declaración que las entidades financieras deberán presentar corresponderá a los movimientos del año 2025, lo que permitirá a la Agencia Tributaria obtener una visión más detallada y precisa sobre las operaciones que involucran grandes sumas de dinero.
El real decreto, que se encuentra en su fase final de tramitación, no solo tiene como objetivo combatir el fraude, sino también fortalecer el sistema fiscal, promoviendo la equidad y generando una mayor confianza en el proceso tributario.
