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En España, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece un marco normativo que regula las relaciones entre propietarios e inquilinos, asegurando que, salvo incumplimientos, los contratos de alquiler se mantengan vigentes durante el periodo acordado. No obstante, la normativa prevé una excepción en la que el arrendador puede recuperar la vivienda antes de la finalización del contrato.
Esta excepción se conoce como "recuperación anticipada por necesidad" y está contemplada en el artículo 9.3 de la LAU.
Esta cláusula faculta al casero para reclamar la vivienda con el fin de destinarla a residencia habitual propia, de un familiar en primer grado de consanguinidad (padres o hijos) o de su cónyuge en situaciones de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Sin embargo, para su aplicación es imprescindible cumplir rigurosamente con una serie de requisitos legales.
Nuevo golpe para inquilinos: propietario puede desalojar antes de tiempo por esta excepción
En primer lugar, es importante señalar que esta opción está restringida exclusivamente a personas físicas, excluyendo a empresas o sociedades propietarias. Asimismo, es necesario que haya transcurrido un mínimo de un año desde la firma del contrato.
En los contratos formalizados a partir de marzo de 2019, es imperativo que la cláusula de recuperación anticipada por necesidad esté expresamente incluida en el contrato de arrendamiento. En caso de no estar presente, el propietario no podrá alegar esta causa.
Otro aspecto fundamental es la notificación al inquilino. El arrendador tiene la obligación de comunicar su intención de recuperar la vivienda con una antelación mínima de dos meses, especificando claramente el motivo y el destino del uso del inmueble.
Una vez que el inquilino desocupe la vivienda, la legislación establece que la persona para la cual se solicitó la ocupación debe hacerlo en un plazo máximo de tres meses.
¿Qué ocurre si no se cumple este requisito?
De no cumplir con este requisito, el arrendatario tendrá el derecho de regresar a la vivienda mediante un nuevo contrato de hasta cinco años, manteniendo las condiciones previas, o bien a recibir una indemnización equivalente a una mensualidad por cada año que falte para completar dicho periodo.
Este mecanismo legal tiene como objetivo equilibrar los derechos de ambas partes: permite que el propietario recupere su vivienda en situaciones personales urgentes, al tiempo que protege al inquilino de posibles abusos.
Por ello, expertos en derecho inmobiliario aconsejan tanto a propietarios como a inquilinos que revisen minuciosamente el contrato antes de su firma y que comprendan las implicaciones de esta cláusula.
