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La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) de España protege a los vecinos ante comportamientos que afecten la convivencia en una comunidad. Según su artículo 7, los propietarios no pueden realizar "actuaciones molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas".
Esto significa que "el hecho de ser propietario no es motivo suficiente para realizar acciones, obras y reformas que puedan perjudicar a la convivencia".Si un vecino incumple estas normas, puede ser denunciado,incluso si el ruido ocurre fuera de los horarios habituales de descanso.
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Además de la Ley de Propiedad Horizontal, las normativas municipales fijan pautas claras contra el ruido. Si se superan los límites, "el presidente de la comunidad de vecinos tiene la autoridad de cesar la actividad en cuestión si fuera necesario".
Los límites de ruido permitidos según la normativa
La ley no fija un horario universal de descanso. Cada comunidad o municipio establece sus propias reglas, aunque existen límites generales de decibelios. Durante el periodo diurno, no se pueden superar los 35-40 decibelios, mientras que en horario nocturno el máximo es de 25-30 decibelios.
La Ley del Ruido (Ley 37/2003) y el Real Decreto 1513/2005 establecen las directrices para controlar la contaminación acústica. Este último regula la elaboración de "mapas estratégicos de ruido" y promueve planes de acción "para prevenir y reducir dicho ruido, especialmente cuando puede tener efectos nocivos en la salud humana".
Sin embargo, son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que tienen la última palabra. Por ejemplo, en Madrid, la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) define tres tramos:
Periodo diurno: de 7 a 19 horas.
Periodo vespertino: de 19 a 23 horas.
Periodo nocturno: de 23 a 7 horas.
Durante el periodo nocturno, cualquier ruido que supere los niveles establecidos puede ser motivo de denuncia.
Cuándo llamar a la policía por "mucho ruido" y cuánto puede costar una multa
La Ley de Propiedad Horizontal y las ordenanzas locales permiten denunciar un exceso de ruido en cualquier momento, sin necesidad de contar con un sonómetro. Los propios agentes de policía son los encargados de medir los niveles de ruido y determinar si se ha cometido una infracción.
Aunque se recomienda intentar dialogar con el vecino antes de recurrir a la policía, si la situación no mejora, se puede presentar una denuncia formal. Las sanciones por ruido varían según el municipio, pero pueden alcanzar los 3000 euros.
En el caso de Madrid, las multas se dividen en tres categorías:
Leves: hasta 750 euros (superar en 4 decibelios los límites).
Graves: hasta 1500 euros (superar en más de 4 decibelios en horario nocturno).
Muy graves: hasta 3000 euros (superar en más de 7 decibelios en horario nocturno).
El ruido constante, incluso en horario diurno, puede considerarse "molesto" y vulnerar la convivencia vecinal.
Las obras en casa también tienen horario: no cumplirlo puede llevar a una multa
La Ley de Propiedad Horizontal contempla que los propietarios pueden realizar obras en sus viviendas, pero deben respetar los límites de ruido y no poner en riesgo la seguridad del edificio.
El horario general para hacer obras es de lunes a viernes, entre las 8.00 y las 21.00 o 22.00 horas, aunque algunos ayuntamientos reducen el uso de maquinaria ruidosa hasta las 20.00.
En Andalucía, por ejemplo, el horario permitido es de 8.00 a 21.00, mientras que en Sevilla existen dos franjas: de 8.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00. En Málaga, el límite se amplía hasta las 22.00.
Estas diferencias muestran que la convivencia vecinal depende tanto del respeto individual como del cumplimiento de las normas locales.
Ruido en pisos turísticos: quién es responsable en las viviendas vacacionales
La Ley de Propiedad Horizontal también se aplica en los alquileres vacacionales. Sin embargo, "el propietario de la vivienda de alquiler vacacional no es responsable del ruido que provocan sus huéspedes", ya que la ley establece que "la responsabilidad siempre recae sobre el causante de la acción".
Aun así, los dueños pueden incluir normas de comportamiento en los contratos o reglamentos del alojamiento para prevenir conflictos y proteger la tranquilidad de los vecinos.
