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La investigación sobre la actividad académica vinculada a Begoña Gómez ha elevado la presión mediática y ha colocado bajo la lupa intercambios de correos y gestiones internas con la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La defensa de Gómez responde con un no rotundo. En un escrito remitido a la Audiencia Provincial de Madrid, su abogado pide anular el auto que convirtió una pieza separada del caso en procedimiento de ley del jurado y sostiene que no existe "base fáctica" para imputar malversación, un delito que, de existir, correspondería a un jurado popular.
El letrado recalca que los 121 mensajes objeto de análisis se limitan a gestiones de agenda y convenios de la cátedra que codirigía Gómez y que "no le reportó ni un euro".
Qué dice la defensa sobre los correos
Según el recurso, "todos sin excepción" los correos intercambiados por la asesora Cristina Álvarez con la UCM fueron enviados "desde su cuenta particular" y "responden a una ayuda puntual" en asuntos de convenios y coordinación vinculados a la cátedra de Transformación Social Competitiva.
La tesis es que no hubo uso indebido de fondos públicos ni un desempeño ajeno a las funciones propias de apoyo administrativo. En esa línea, la defensa recalca que en el expediente constan "multitud de correos de Begoña Gómez", lo que evidenciaría que el trabajo sustantivo lo asumía la propia interesada y que el papel de Álvarez fue "de auxilio administrativo", "mera parte mecánica de transcripción o traslado de mensajes".
El escrito también reduce a un "favor" un pasaje en el que la asesora traslada a Reale Seguros que a Gómez "le gustaría que siguieran como patronos" de la cátedra.
El resto de las comunicaciones en las que aparece en copia obedecerían -siempre según la defensa- a coordinación de agenda, avisos logísticos y a tres actos institucionales a los que Gómez "debía acudir". Para el abogado, "difícilmente puede considerarse" que ese material acredite ánimo de lucro o una finalidad típica de malversación.
Por qué niegan la malversación y cuestionan la vía del jurado
El núcleo del argumento es doble. Primero, que la cátedra no generó rentas para Gómez ("nunca cobró cantidad alguna"), de modo que no habría enriquecimiento ni perjuicio patrimonial público. Segundo, que ni Gómez ni su asesora ostentan la condición de funcionarias públicas a efectos penales en este supuesto, por lo que encajar los hechos en malversación resultaría improcedente.
Además, la defensa recuerda que el propio juzgado ya rechazó en un momento anterior que ambas pudieran cometer malversación, por lo que acusa al juez Juan Carlos Peinado de incurrir en "giros tan radicales" sin motivación suficiente al transformar la pieza a ley del jurado.
El recurso añade un elemento institucional: "no hay un estatuto" de la cónyuge del presidente del Gobierno en España. Esto, sostiene, sitúa la actividad pública de Gómez en un terreno sin regulación específica, lo que impide atribuirle obligaciones o potestades propias de un cargo.
Respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se afirma que no participó en el nombramiento de Cristina Álvarez y que la asesora no dependía orgánicamente de él cuando trabajaba en la Secretaría General de Presidencia. Conclusión: "no hay ningún elemento" que mediara una conducta irregular con perjuicio al erario.
Qué puede pasar a partir de ahora
La pelota queda en la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá resolver si mantiene la vía de la ley del jurado o devuelve la causa al cauce previo. En paralelo, seguirá el análisis de correos y documentación universitaria para delimitar si los contactos con la UCM y terceros (por ejemplo, Reale Seguros) fueron, como sostiene la defensa, meras gestiones "genéricas y eminentemente administrativas" o si hubo un exceso incompatible con la normativa de personal y contratación.
La calificación penal dependerá de si se acredita desvío de recursos, beneficio o trato de favor con impacto económico. La estrategia de la defensa pivota sobre la ausencia de lucro, el carácter auxiliar del trabajo de la asesora y la falta de estatuto para la cónyuge del presidente.
Hasta entonces, la discusión sobre los correos seguirá en primer plano, con una premisa que la defensa repite que es "difícil argumentar" malversación a partir de un "favor" en una posdata y de tareas de agenda propias de una ayuda puntual.
