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La investigación judicial sobre la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) suma nuevos elementos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juzgado un informe que analiza 121 correos electrónicos intercambiados entre la asesora de Gómez y responsables universitarios.
El documento, incorporado a la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado, se centra en mensajes enviados entre 2021 y 2024 y delimita el alcance de las gestiones, desde la interlocución con empresas hasta consultas jurídicas y de protección de datos.
En un cable de la agencia EFE se señala que los correos trataban "fundamentalmente de asuntos vinculados a la cátedra" y de relación "genérica y eminentemente administrativa" con la UCM.
Qué dicen los 121 correos que analizó la UCO
El informe recoge gestiones con instituciones y empresas colaboradoras de la cátedra -entre otras, Reale, Fundación "la Caixa", Mercadona, Indra, Deloitte o Google- y encuadra los mensajes en la órbita de convenios, adendas y patrocinio.
En uno de los cruces de mensajes, la asesora pide revisar una adenda de convenio para "que pueda firmar la Universidad, Reale y Fundación La Caixa".
También constan comunicaciones sobre captación de recursos. La UCO refiere una petición de 40.000 euros a una tecnológica, vehiculada desde la UCM, así como propuestas de cláusulas económicas en acuerdos de formación permanente.
En otro correo, la asesora "hace hincapié en la intención de establecer cláusulas por las que ‘en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10% a la cátedra de TSC'", además de reservar contenidos docentes en caso de rescisión.
El capítulo "otras gestiones" incluye logística para un congreso en CaixaForum Madrid. En un correo al exvicerrector de Relaciones Institucionales, la asistente detalla la contratación de proveedores: "Te hago llegar la carta de Caixa Forum donde especifica que es necesario la contratación de estos proveedores... seguridad, limpieza, montajes y mobiliario, cafetería, aguas y el de sonido".
El foco judicial y las posiciones en conflicto
La UCO concluye que hubo "gestiones" de la asesora con empresas y unidades de la UCM para financiar y operar la cátedra. El contexto procesal sigue abierto.
La Fiscalía ha cuestionado la amplitud de algunas diligencias -como la solicitud de varios años de correos- por considerarlas desproporcionadas, y la defensa de Gómez ha recurrido decisiones del juez al estimar que vulneran el secreto de las comunicaciones. La controversia jurídica sobre el perímetro de la investigación continúa mientras el juzgado incorpora nueva documentación.
Cuáles son los siguientes pasos del caso
El material analizado apunta a una operativa interna de la cátedra de Transformación Social Competitiva: seguimiento de acuerdos, pedidos de firmas, propuestas de adendas y coordinación de eventos. La UCO ha pedido más correos y documentos a terceros (como IE u otras entidades) para completar el mapa de relaciones y verificar los flujos de patrocinio.
La causa penal valorará si esas actuaciones encajan en gestiones institucionales ordinarias o si, como sostiene parte de la acusación, exceden lo admisible por tratarse de una asesora retribuida con fondos públicos.
A la espera de peritajes y nuevas declaraciones, el sumario seguirá depurando responsabilidades y descartando extremos no acreditados. Cadena SER y otros medios subrayan que Gómez y su asistente han admitido "gestiones puntuales" asociadas a la agenda y actividad docente.
