En esta noticia
El Gobierno ha dado el primer paso para modificar la Constitución española e incluir en ella el derecho al aborto. La medida, presentada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pretende reforzar la protección legal de las mujeres frente a lo que el Ejecutivo define como una "ola reaccionaria" que amenaza los avances sociales.
El proyecto, aprobado en el Consejo de Ministros, llega acompañado de un reconocimiento de la propia ministra: no será fácil. La reforma requiere mayorías cualificadas tanto en el Congreso como en el Senado, lo que hace imprescindible el apoyo del Partido Popular (PP).
Síguenos y léenos en Google Discover.
Léenos siempre en Google Discover.
Una reforma constitucional "necesaria" para blindar derechos
La titular de Igualdad ha explicado que el objetivo de la reforma es que el aborto tenga rango constitucional y se integre dentro del artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud. "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos en condiciones de igualdad efectiva", recoge el texto propuesto por el Gobierno.
Redondo ha defendido que la inclusión de este derecho es un paso más hacia "un escudo constitucional de los derechos de las mujeres" frente a posibles retrocesos. Según ha afirmado, "es necesario tomar todas las medidas para evitar que esos retrocesos se produzcan en el presente y en el futuro".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reforzado esta idea al asegurar que España debe "seguir el camino de Francia" y garantizar que, pese a la existencia de la ley del aborto, ningún gobierno autonómico pueda incumplirla por "cuestiones ideológicas, de dogmatismo y de sectarismo".
Los pasos del proceso y el reto político que enfrenta el Ejecutivo
La tramitación de esta reforma constitucional ordinaria comienza con la solicitud de un informe al Consejo de Estado, que deberá pronunciarse en un plazo de dos meses. Tras ello, el texto será remitido al Congreso para su debate y posterior votación.
Para aprobarse, se necesitarán tres quintos de los votos tanto en el Congreso (al menos 210 diputados) como en el Senado. Si las dos Cámaras no alcanzan un acuerdo inicial, se constituirá una comisión mixta para consensuar un texto común.
En última instancia, si el 10% de los diputados o senadores lo solicita, la reforma podría someterse a referéndum nacional. Sin embargo, desde el Ejecutivo no se considera esta opción prioritaria. Sánchez ha declarado que prefiere "iniciar la reforma desde el Gobierno y buscar consenso parlamentario", confiando en que el PP apoye la medida, ya que su líder, Alberto Núñez Feijóo, "ha defendido el derecho al aborto y no debería tener ningún problema, ni político ni intelectual".
Pese al optimismo del Ejecutivo, los números son ajustados. Tanto PP como Vox han adelantado que no apoyarán la iniciativa, lo que deja la reforma en una posición frágil y con escasas probabilidades de prosperar en esta legislatura.
Garantizar el aborto en la sanidad pública, otro de los objetivos
Más allá del debate político, el Gobierno sostiene que la reforma busca consolidar el acceso universal al aborto dentro del Sistema Nacional de Salud. Redondo ha subrayado que "esta reforma permitirá que el aborto esté garantizado dentro de la cartera de servicios del sistema público y que se preste en condiciones de igualdad efectiva para todas las mujeres".
La ministra ha denunciado que "en determinadas comunidades autónomas se está apostando por la privatización y externalización" de servicios relacionados con la interrupción del embarazo, lo que genera desigualdad territorial. En su opinión, es "imprescindible este blindaje" para evitar que los derechos de las mujeres dependan de dónde vivan.
En esta línea, Sánchez ha exigido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que cumpla con la ley y cree el registro de médicos objetores, recordando que en la Comunidad de Madrid "solo se realizan un 1 % de los abortos en la sanidad pública", algo que, según él, responde a una "decisión política" y no al sentir mayoritario de la sociedad.
