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El Partido Socialista atraviesa días de fuerte tensión interna tras una sucesión de denuncias por acoso sexual que sacudieron a varias federaciones y provocaron dimisiones, suspensiones de militancia y una revisión de los protocolos internos.
En este contexto, algunas organizaciones territoriales comenzaron a marcar perfil propio con medidas preventivas y mensajes de mayor contundencia política.
Mientras el PSdeG gestiona una crisis que combina reproches internos, exigencias de responsabilidades y presión de socios institucionales, el PSOE de Burgos anunció una iniciativa inédita a nivel provincial que busca convertir la formación en igualdad y feminismo en un requisito obligatorio para todos sus cargos.
El contraste entre ambas realidades expone el momento delicado que vive el partido, obligado a responder a los hechos concretos y, al mismo tiempo, a reconstruir credibilidad en un terreno que forma parte central de su identidad política.
¿Qué implica la decisión del PSOE de Burgos?
La agrupación provincial socialista acordó que todos sus cargos, tanto orgánicos como institucionales, deberán recibir formación específica en igualdad, feminismo y prevención de la violencia machista. La medida se integrará de forma estructural en el plan anual del partido y tendrá carácter obligatorio.
Desde la dirección provincial subrayaron que se trata de una iniciativa pionera dentro del PSOE a escala nacional. El objetivo declarado apunta a ir más allá de la respuesta reactiva ante casos concretos y consolidar una cultura política interna basada en la prevención, la formación continua y la revisión de comportamientos normalizados.
La secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, defendió la decisión como una herramienta imprescindible para combatir las desigualdades estructurales.
Según su planteo, no alcanza con la legislación ni con la condena pública de la violencia, sino que resulta necesario actuar sobre las dinámicas internas que la sostienen.
¿Cómo impacta esta medida en un partido atravesado por la crisis?
El anuncio de Burgos se produce mientras el PSOE gestiona un escenario complejo, marcado por denuncias de acoso en distintas provincias, dimisiones de responsables de Igualdad y debates abiertos sobre la actuación de las direcciones territoriales y federal.
En Galicia, el caso del ex presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, mantiene en vilo al PSdeG y tensiona alianzas institucionales.
La exigencia de mayor contundencia, incluida la petición de algunas federaciones para que los casos se trasladen a la Fiscalía, convive con críticas cruzadas por la lentitud, las contradicciones internas y el daño a la imagen del partido. En ese marco, la formación obligatoria aparece como una respuesta política de fondo, orientada a prevenir futuras situaciones.
La iniciativa burgalesa también introduce un debate interno sobre la necesidad de unificar criterios en todo el territorio. Mientras algunas federaciones avanzan con decisiones propias, la dirección federal enfrenta el desafío de articular una respuesta coherente que combine sanción, protección a las víctimas y cambios estructurales que refuercen la credibilidad del discurso feminista socialista.
