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El grupo parlamentario Sumar ha presentado una propuesta de reforma de la Constitución española para incluir explícitamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa, enviada a grupos parlamentarios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, busca generar el consenso necesario para su aprobación.
La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez, explicó en rueda de prensa que la reforma propone modificar el artículo 43 de la Carta Magna, que regula el derecho a la protección de la salud, incorporando un nuevo apartado: "Se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a la autonomía física".
Un debate relanzado por el contexto internacional
Sumar ya había intentado abrir este debate el año pasado sin éxito. Sin embargo, según Martínez, el nuevo escenario internacional, marcado por el retroceso de derechos en países como Estados Unidos y Argentina, ha motivado al grupo a retomar la iniciativa. "El objetivo es alcanzar un alto grado de consenso y apoyo para conseguir su aprobación", señaló, confiando en que el PSOE, socio de Gobierno, respalde la propuesta.
Por su parte, la diputada y vicepresidenta del Congreso Esther Gil de Reboleño enfatizó que la reforma pretende garantizar el acceso universal al aborto dentro del sistema público de salud. "Significa que todas las interrupciones voluntarias del embarazo deben realizarse en condiciones de seguridad, salubridad y dignidad, sin discriminación alguna", afirmó.
Barreras y desigualdades en el acceso al aborto
Gil de Reboleño denunció que, en muchas regiones de España, las mujeres aún enfrentan dificultades para acceder a este derecho, viéndose obligadas a recurrir a clínicas privadas o desplazarse largas distancias. Además, señaló que las mujeres migrantes en situación irregular se encuentran con mayores barreras para abortar en el país.
Engracia Rivera, otra de las impulsoras de la iniciativa, destacó que la propuesta es fruto de meses de trabajo con juristas y organizaciones de la sociedad civil. Aseguró que la reforma busca "plantar cara a los ultras y reaccionarios" que intentan restringir este derecho tanto en España como en otros países como Estados Unidos, Argentina o Polonia.
Un blindaje constitucional contra la presión ideológica
Sumar aspira a que ninguna mujer en España se vea coaccionada ni tenga dificultades para ejercer su derecho a la interrupción del embarazo. "El Estado debe garantizar que ninguna ideología, creencia religiosa o presión social limite este derecho", concluyó Martínez.
La propuesta abre un debate clave en el panorama político español, en un momento en el que la agenda de derechos reproductivos vuelve a estar en el centro de la discusión tanto a nivel nacional como internacional.
