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El exdirigente socialista Santos Cerdán pidió nuevamente al Tribunal Supremo su excarcelación, luego de que el juez Leopoldo Puente decidiera mantener en libertad con medidas cautelares al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor, Koldo García.
Su defensa considera que la diferencia de trato es un "agravio comparativo" y asegura que no existen razones legales para prolongar la prisión preventiva.
En un escrito presentado ante el juez, al que tuvo acceso EFE, los abogados del exsecretario de Organización del PSOE insistieron en que su cliente lleva 107 días en la cárcel de Soto del Real sin que existan pruebas nuevas que justifiquen su reclusión.
Según sostienen, si el magistrado no ha visto riesgo de destrucción de pruebas en el caso de Ábalos o García, tampoco debería verlo en el de Cerdán, que permanece encarcelado desde finales de junio por su presunta participación en una trama de comisiones ilegales ligadas a adjudicaciones de obra pública.
¿Por qué la defensa de Cerdán habla de un "agravio comparativo"?
Los letrados del exdirigente del PSOE subrayan que el juez no ha mantenido el mismo criterio con todos los investigados. Alegan que, si Ábalos y su exasesor están imputados por los mismos delitos -integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias-, no se entiende por qué Cerdán continúa preso.
Argumentan además que ningún informe reciente, incluido el de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo vincula con pagos o movimientos financieros sospechosos.
El documento judicial reitera que Cerdán no aparece mencionado en el informe patrimonial que detectó gastos irregulares de casi 95.000 euros en Ábalos, y recalca que "no hay evidencia" de que haya efectuado pagos a favor del exministro ni de su exasesor.
Su defensa sostiene que mantenerlo en prisión solo por la existencia de un informe policial pendiente sobre su patrimonio "no es un motivo constitucional válido" para seguir privándolo de libertad.
¿Qué impacto político podría tener el caso en el Gobierno?
Los abogados de Cerdán advierten que la causa ha afectado la "actividad del poder legislativo y la estabilidad del Gobierno", dado que el exdirigente socialista fue investigado mientras aún conservaba su condición de diputado.
A su juicio, se violó su inmunidad parlamentaria, un hecho que califican de grave y que podría tener consecuencias institucionales si el Tribunal Supremo no revisa su decisión.
El juez Puente, por su parte, ha rechazado en dos ocasiones las quejas de la defensa respecto a la recopilación de mensajes entre Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, señalando que la investigación no tiene como objetivo a los aforados mencionados, entre ellos el ministro Ángel Víctor Torres.
Mientras tanto, Cerdán sigue reclamando su libertad bajo el argumento de que no hay riesgos procesales y de que su encarcelamiento, en un caso con derivaciones políticas, resulta "injustificado y desproporcionado".
