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En una medida pionera a nivel mundial, el gobierno chino ha implementado una normativa estricta que exige a los creadores de contenido digital e influencers deberán acreditar un título universitario o certificaciones profesionales válidas para compartir información sobre ciertas materias clave.
Esta regulación aplica a campos considerados delicados, tales como política, sanidad, economía, derecho y educación. Impulsada por la Administración del Ciberespacio de China (ACC), esta iniciativa busca combatir la difusión de información errónea y mejorar el nivel del discurso público.
Con ello, China se convierte en la primera nación en requerir una credencial formal para la divulgación digital en áreas especializadas.
¿Adiós influencers? China exigen título universitario para exponer sus ideas
Esta determinación se enmarca en el esfuerzo continuo del Estado chino por aumentar su supervisión sobre los contenidos que circulan en plataformas de gran alcance como Douyin (la versión china de TikTok), Weibo y Bilibili, las cuales tienen un impacto masivo en la opinión pública.
La ACC ha declarado que el objetivo de esta norma es "asegurar la veracidad y la responsabilidad" de los datos compartidos en redes sociales. Las autoridades sostienen que, dado el impacto directo de temas de interés público, especialmente salud, finanzas y educación, en la vida de los ciudadanos, quienes divulguen información deben contar con un respaldo profesional o académico que valide sus declaraciones y puntos de vista.
Este requisito afecta principalmente a streamers y bloggers dedicados a la difusión de conocimiento en estas áreas, forzando a las plataformas a verificar las credenciales antes de que el contenido pueda ser monetizado o ampliamente difundido.
Cuáles son las consecuencias por el incumplimiento
Los infractores de esta nueva directriz se exponen a importantes penalizaciones económicas. Las multas pueden ascender hasta ¥100.000 yuanes chinos, aproximadamente $13.800 dólares estadounidenses.
Además de las multas, los creadores sin acreditación podrían enfrentar la eliminación de su contenido y la suspensión, temporal o definitiva, de sus cuentas en las principales redes sociales. Las propias plataformas digitales comparten la responsabilidad de verificar las credenciales, integrándose así en el sistema de control informativo estatal.
