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Con 77 votos a favor y 33 en contra, el Senado aprobó la llamada Ley de Telecomunicaciones, que otorga al Gobierno Federal el acceso total a los datos de los usuarios de telefonía móvil en México.
Para tener servicio móvil ahora es obligatorio identificarse con CURP biométrica (personas físicas) o RFC (empresas). En el caso de extranjeros, se pedirá nombre, país de origen y número de pasaporte.
Aunque algunos artículos polémicos fueron retirados (como el bloqueo de redes sociales), lo que quedó en el dictamen preocupa a defensores de la privacidad.
¿Qué podrán hacer las autoridades?
La ley obliga a las empresas de telefonía a entregar la ubicación en tiempo real de cualquier usuario, conservar el historial de llamadas, mensajes y chats durante años y proporcionar datos como nombre completo; origen, destino, duración y contenido de mensajes; características técnicas del dispositivo, y lugar y hora de activación de la línea.
Todos estos datos se incorporarán a un nuevo padrón nacional de telecomunicaciones.
De negarse las compañías, aún sin autorización previa de un juez, serían sancionadas penalmente.
¿Espionaje o seguridad?
Para la oposición, esta ley representa la legalización de un Estado vigilante, donde el Gobierno monitorea a cualquier ciudadano sin controles judiciales.
Por otro lado, Morena y aliados defienden que la ley busca combatir delitos como extorsión y secuestro, y aseguran que no habrá censura ni espionaje político.
La ley ya fue aprobada en el Senado y ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde Morena y aliados de la ley tienen mayoría.
