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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó un fallo histórico que marca un antes y un después en la forma en que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorga la pensión por viudez.
Durante décadas, miles de viudos y viudas fueron excluidos del beneficio debido a restricciones legales que ahora fueron declaradas inconstitucionales.
Esta decisión garantiza que el derecho a recibir apoyo económico tras la pérdida de un cónyuge no dependa del tiempo de matrimonio ni de la existencia de hijos, asegurando justicia y protección para las familias mexicanas.
Una barrera legal injusta queda atrás: cómo la Corte eliminó el requisito que impedía recibir la pensión por viudez
Hasta octubre de 2023, la Ley del Seguro Social condicionaba la pensión por viudez a que el fallecimiento del asegurado ocurriera después de seis meses de matrimonioo que la pareja hubiera tenido hijos. Esta limitante provocó que miles de personas no pudieran acceder a un derecho que, por su naturaleza, busca garantizar la seguridad económica de la familia.
La Segunda Sala de la SCJN declaró inconstitucional este requisito, señalando que violaba los derechos humanos a la igualdad, la no discriminación y la seguridad social.
A partir de ahora, cualquier viudo que acredite su relación legal con el asegurado tendrá derecho automático a la pensión, sin importar la duración del matrimonio o si existieron hijos en común.
El fallo que cambia la vida de miles de familias: precedentes y efectos inmediatos
El caso que sentó este precedente corresponde al amparo en revisión 470/2023, con ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, aprobado por unanimidad. La Corte Suprema enfatizó que no existe justificación para tratar de manera distinta a quienes tuvieron hijos y a quienes no, ya que ambos grupos enfrentan la misma pérdida y necesidad de apoyo económico.
Este fallo histórico obliga a reconocer la pensión por viudez de manera inmediata a los beneficiarios afectados, corrigiendo años de injusticias legales. Además, sirve como precedente vinculante que garantiza que situaciones similares se resuelvan siempre respetando los derechos humanos y la protección social.
