

De acuerdo con la normativa, el SAT puede ordenar el embargo de fondos en cuentas bancarias, retener depósitos y bloquear transferencias electrónicas en instituciones financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En el marco del décimo pago de pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda a los adultos mayores la posibilidad de embargar cuentas bancarias en caso de adeudos fiscales.
Si un contribuyente no garantiza el pago de un crédito fiscal dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación, la autoridad puede iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. Esto genera dudas entre los pensionados sobre si dichas medidas podrían aplicarse también a los depósitos de su apoyo económico.
¿En qué situaciones puede el SAT realizar un embargo?
El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que, para recuperar créditos fiscales, una de las primeras acciones del SAT es embargar las cuentas del deudor, siempre mediante una orden escrita.
Entre las cuentas susceptibles de retención se encuentran las de cheques, nómina, inversiones y otros instrumentos financieros.
No obstante, el propio CFF protege a los pensionados. El artículo 157 indica que las pensiones, cualquiera que sea su tipo, están exceptuadas de embargo.

Es decir, los recursos que reciben los jubilados por concepto de pensión mensual no pueden ser retenidos por la autoridad fiscal, aun cuando existan deudas fiscales. Además, el SAT tampoco puede embargar los depósitos en las cuentas individuales de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias y complementarias, siempre que no excedan el equivalente a 20 salarios mínimos actualizados, conforme a lo previsto en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Consecuencias de no pagar una deuda fiscal
En caso de no cumplir con el pago de una deuda fiscal, el monto pendiente aumentará debido a multas e intereses. La autoridad también puede:
- Embargar bienes o cuentas bancarias
- Suspender los sellos digitales necesarios para emitir facturas
- En situaciones graves, iniciar un proceso penal que podría derivar en prisión.













