La Cámara de Zonas Francas del Uruguay redobló sus críticas contra el Impuesto Mínimo Global Doméstico incluido en el proyecto de Ley del Presupuesto -a estudio del Parlamento- con el argumento de que su implementación "vulnera la seguridad jurídica", "expone al país a litigios" y "desalienta y pone en riesgo inversiones".
"En los últimos 40 años, el régimen de Zonas Francas se ha consolidado como una política de Estado en Uruguay, respaldada por todas las fuerzas políticas desde el retorno a la democracia", señala un comunicado.
Las zonas francas "aportan el 6,6% del PIB nacional, representan cerca del 40% de las exportaciones del país y generan más de 66 milempleos, directos e indirectos".
La gremial manifestó su oposición a este impuesto porque la implementación de los artículos que se están discutiendo en la Cámara de Diputados "habilita juicios nacionales e internacionales por incumplimiento de contratos y tratados de protección de inversiones, generando responsabilidad patrimonial para el país y un grave menoscabo a su soberanía".
La cámara argumentó que en un "contexto de incertidumbre global", la implementación del tributo "es inoportuna e innecesaria, ya que desalienta nuevas inversiones y podría provocar el retiro de empresas ya instaladas, con la consecuente pérdida de empleos y exportaciones".
La aprobación de este impuesto "coloca a Uruguay en desventaja frente a la región, donde ningún país, excepto Brasil, ha implementado el impuesto". La entidad sostiene que "no existe urgencia ni presión internacional" para la implementación del tributo, cuyo "futuro" consideran "incierto".
"El G7 lo mantiene en suspenso desde junio, Estados Unidos, China e India no lo han implementado y varios países europeos cuestionan haberlo hecho", señala el comunicado.
"Tampoco la OCDE ( Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) exige a Uruguay avanzar en este momento. La amplia mayoría de los países esperan la evolución de este debate antes de avanzar", sostienen los empresarios. El impuesto propuesto por el gobierno de Orsi busca gravar las rentas obtenidas por multinacionales con operaciones superiores a 750 millones de euros anuales.
Reclamos de larga data
Esta no es la primera vez que la Cámara de Zonas Francas del Uruguay se pronuncia contra esta iniciativa. El 13 de setiembre ya había manifstado su firme rechazo a esta medida, inlcuida en el proyecto de Ley de Presupuesto.
La polémica sobre el Impuesto Mínimo Global Doméstico se desarrolla en un contexto donde el gobierno busca alinear la legislación tributaria nacional con estándares internacionales, al tiempo que el sector privado sostiene que la puesta en marcha de este tributo afectará la competitividad.
