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El embargo de bienes y el congelamiento de cuentas bancarias en Estados Unidos son medidas legales y financieras que las autoridades aplican para asegurar el cumplimiento de disposiciones federales.
Aunque suelen recibir menos atención que otros procesos legales, estas herramientas afectan de forma directa la economía de individuos y empresas porque impiden disponer de propiedades, activos o fondos hasta que la causa que las originó se resuelva.
Confiscan bienes y congelan cuentas bancarias de todos los que están en esta lista
El presidente Donald Trump anunció que, bajo su política “Regreso a casa”, el gobierno aplicará medidas destinadas a confiscar cuentas bancarias, vehículos y propiedades de personas que se encuentren en una situación migratoria ilegal en Estados Unidos.
El plan busca reforzar los controles fronterizos y desalentar la permanencia de personas indocumentadas mediante sanciones económicas y patrimoniales. La iniciativa se fundamenta en la necesidad de eliminar incentivos materiales que facilitan el asentamiento de inmigrantes sin estatus legal.
No obstante, el programa no se limita a la deportación; apunta a afectar la base económica y financiera de quienes viven en el país sin autorización, reduciendo su acceso a recursos esenciales.
¿Como se implementará esta medida?
El plan prevé la cooperación entre agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento del Tesoro, responsables de identificar activos y ejecutar embargos.
Las instituciones financieras deberán reportar cuentas sospechosas, mientras que los registros estatales de propiedad y vehículos servirán para detectar titulares sin estatus migratorio regular.
¿Es legal confiscar bienes y congelar cuentas bancarias de estas personas?
El gobierno de Estados Unidos puede embargar o congelar bienes cuando demuestra que provienen de actividades ilícitas, como narcotráfico, lavado de dinero o fraude migratorio, mediante procedimientos de forfeiture civil o criminal. También existen mecanismos de embargo para garantizar deudas fiscales o judiciales.
La Constitución protege el derecho a la propiedad y el debido proceso (Quinta y Decimocuarta Enmiendas). Esto implica que el gobierno no puede confiscar bienes sin una orden judicial ni sin permitir que la persona afectada se defienda en tribunales. Incluso los inmigrantes sin estatus legal tienen derecho a debido proceso en procedimientos que impacten su libertad o patrimonio.
Por ese motivo, una confiscación automática basada únicamente en la condición migratoria sería altamente cuestionada en cortes federales y probablemente considerada inconstitucional.
