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Estados Unidos tiene una regulación muy estricta sobre las cuentas bancarias de los ciudadanos del país. De hecho, los contribuyentes deben realizar trámites para informar sobre su actividad económica y activos financieros cada año, sin excepción.
En este sentido, quienes incumplan la normativa se exponen a graves sanciones, que incluyen el embargo de bienes y la intervención de cuentas bancarias.
El Gobierno embarga propiedades y congelará cuentas bancarias
En línea con el recrudecimiento de la política migratoria, el presidente Donald Trump anunció la medida "Regreso a casa". La misma tiene como objetivo confiscar cuentas bancarias, vehículos y propiedades de personas en situación de inmigración ilegal. Esta estrategia busca desincentivar la permanencia ilegal en el país y reducir los recursos disponibles para aquellos que han ingresado sin autorización.
Esta reglamentación se inscribe dentro de las políticas de tolerancia cero implementadas por el actual gobierno en el sistema migratorio. Si bien la confiscación de bienes a criminales no es una práctica inédita en Estados Unidos, su aplicación generalizada requeriría nuevas leyes o reinterpretaciones del código civil y penal.
Confiscación de inmuebles y cuentas bancarias sin orden judicial: ¿es legal en Estados Unidos?
La Corte Suprema determinó que todas las personas que se encuentren en el territorio estadounidense, sin importar su estatus migratorio, están protegidas por la Cuarta Enmienda. Esta disposición prohíbe registros e incautaciones "irrazonables" sin orden judicial o causa probable.
Actualmente, en los Estados Unidos, una persona que se encuentra en una situación migratoria irregular no ha cometido un delito penal, sino una infracción civil. Por lo tanto, la confiscación de bienes únicamente por esta razón, sin ninguna conducta delictiva asociada, no es legal bajo la Constitución ni bajo el debido proceso.
Por este motivo, todo indica que, si el gobierno de Donald Trump intenta avanzar en esta dirección, se abrirá una dura batalla en los tribunales que deberán realizar enmiendas constitucionales.
