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El gobierno deEstados Unidos y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, anunciaron el cierre de varias oficinas de la Administración de Seguridad Social (SSA).

Esta decisión, que forma parte de una estrategia más amplia para reducir costos operativos y consolidar propiedades federales, podría afectar significativamente el acceso a servicios esenciales para adultos mayores, personas con discapacidad y otras poblaciones que dependen de estos beneficios.

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La SSA ya enfrentaba desafíos importantes antes de estos cierres. Según el testimonio del excomisionado Martin O'Malley ante el Congreso en marzo de 2024, la agenciaatiende a siete millones más de beneficiariosque en 2015, pero con 7000 empleados menos a tiempo completo.

Con el cierre de oficinas, estos problemas podrían agravarse. Las sedes afectadas incluyen ubicaciones clave en ciudades como White Plains (Nueva York), Logan (Virginia Occidental), Carlsbad (California) y Las Vegas (Nevada), entre otras. En algunos casos, los edificios enfrentaron la finalización de sus contratos de arrendamiento; en otros, los servicios fueron consolidados o trasladados a espacios federales.

El portal oficial de DOGE confirma las oficinas de la SSA que fueron cerradas o están en proceso de cierre:

  • White Plains, Nueva York: Costo de arrendamiento anual de USD 511.908.

  • Logan, Virginia Occidental: Costo de arrendamiento anual de USD 196.028.

  • Carlsbad, California: Costo de arrendamiento anual de USD 116.449.

  • Roanoke Rapids, Carolina del Norte: Costo de arrendamiento anual de USD 24.000.

  • Batesville, Arkansas: Costo de arrendamiento anual de USD 29.010.

  • Columbus, Ohio: Costo de arrendamiento anual de USD 81.059.

  • Okemos, Michigan: Costo de arrendamiento anual de USD 108.966.

  • Nacogdoches, Texas: Costo de arrendamiento anual de USD 43.207.

  • Green Bay, Wisconsin: Costo de arrendamiento anual de USD 65.406.229.

  • Las Vegas, Nevada: Costo de arrendamiento anual de USD 65.406.

El portavoz de la SSA, Mark Hinkle, confirmó a Newsweek que la oficina de White Plains no será reemplazada. En su lugar, los jueces y empleados serán reasignados a otras sedes locales, mientras que los casos pendientes se procesarán en esas ubicaciones o mediante audiencias virtuales. Sin embargo, esta solución no ha calmado las preocupaciones de expertos y legisladores.

Preocupación por el acceso al Seguro Social

La fundadora de O'Connor Law PLLC, Mary Ellen O'Connor, especializada en solicitudes de discapacidad de la Seguridad Social, expresó su inquietud por el impacto de estos cierres. En White Plains, por ejemplo, ya existe un retraso de 2000 casos.

En este contexto, la especialista advirtió que reasignar empleados a oficinas ubicadas hasta 217 kilómetros de distancia podría generar viajes largos, menor productividad, agotamiento y renuncias, lo que podría agravar la presión sobre un sistema ya sobrecargado.

La reducción de oficinas podría llevar a un aumento en la carga de trabajo de los empleados restantes, afectando la productividad y los tiempos de respuesta. Para las personas con discapacidad que solicitan un beneficio, los desafíos son aún mayores. Muchos dependen de oficinas locales accesibles y apoyo personalizado.

O'Connor destacó que el traslado a audiencias remotas y distancias más largas crea barreras adicionales: "El transporte limitado, la necesidad de adaptaciones especializadas y las dificultades para navegar sistemas en línea podrían empeorar los retrasos y hacer más difícil obtener la ayuda necesaria", explicó.

Aunque las audiencias virtuales funcionan para algunos, no son una solución universal. Personas con discapacidades auditivas o visuales podrían enfrentar problemas si las plataformas digitales no ofrecen subtítulos, audio claro o soporte para lectores de pantalla. Además, aquellos con habilidades informáticas limitadas o que prefieren una experiencia presencial podrían quedar en desventaja.