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En el marco de una política migratoria más estricta, el gobierno de Estados Unidos intensificó las redadas migratorias lideradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Con un enfoque más riguroso y mayor presencia en calles, lugares de trabajo y comunidades, estas operaciones apuntan a todos los inmigrantes indocumentados.

En los últimos días, ICE confirmó que está solicitando datos personales a propietarios de viviendas para localizar y deportar a inmigrantes ilegales que viven como inquilinos en Estados Unidos.

Atención inmigrantes: ICE solicita información a propietarios para avanzar en las deportaciones

Las autoridades migratorias de Estados Unidos comenzaron a implementar una nueva medida para acelerar las deportaciones masivas en el país. A partir de ahora, ICE solicitará a todos los propietarios de viviendas y administradores de propiedades una serie de documentos formales sobre sus inquilinos. Estos incluyen:

  • Contratos de arrendamiento
  • Solicitudes de alquiler
  • Tarjetas de identificación
  • Direcciones de reenvío
  • Otros datos personales

Esta información personal requerida por parte de las autoridades no aplica solo para el inquilino principal, sino también para todas las personas que residen en el mismo domicilio.

¿A quiénes se le puede solicitar información personal de inmigrantes?

Además de los propietarios de viviendas, la información personal de inmigrantes en Estados Unidos puede ser solicitada, bajo ciertas circunstancias, a las siguientes personas o entidades:

  • Empleadores: Las agencias federales como ICE o USCIS pueden pedir datos sobre trabajadores si hay sospechas de empleo irregular o investigaciones abiertas.
  • Escuelas y universidades: Aunque protegidas por ciertas leyes de privacidad, pueden ser contactadas en casos puntuales (aunque no están obligadas a compartir datos sin una orden judicial).
  • Proveedores de servicios públicos: Empresas de servicios como agua, electricidad o internet pueden ser requeridas para colaborar en investigaciones migratorias si existe una orden válida.
  • Instituciones médicas: Bajo protección de la Ley HIPAA, pero pueden verse obligadas a compartir información en casos excepcionales, como órdenes judiciales.
  • Policías locales o estatales: En jurisdicciones que no son "ciudades santuario", suelen colaborar con ICE proporcionando datos de arrestos o fichas policiales.