Fuente: Archivo
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La administración de Donald Trump confirmó una medida de alto impacto que dejará sin protección a decenas de miles de inmigrantes. El gobierno decidió poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y Nicaragua, afectando directamente a unos 76,000 migrantes que residen legalmente en Estados Unidos desde hace más de dos décadas.
La decisión fue adelantada en un documento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y se hará oficial 60 días después de su publicación en el Registro Federal, prevista para este martes. La medida representa un nuevo paso en el endurecimiento migratorio de Trump, quien busca restringir el ingreso y la permanencia de ciudadanos de países previamente protegidos por razones humanitarias.
¿Por qué se elimina el TPS para Honduras y Nicaragua?
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las condiciones que motivaron originalmente la designación del TPS -los efectos devastadores del huracán Mitch en 1998- ya no justifican su continuidad. El DHS sostiene que ambos países han mejorado considerablemente su situación, al punto de permitir un retorno seguro de sus ciudadanos.
En el caso de Nicaragua, se destacan avances en turismo, agricultura y energías renovables. En Honduras, el gobierno de Estados Unidos observó un impulso en infraestructura y generación de empleo como señales de progreso que habilitan el fin del TPS.
¿Quiénes se verán afectados por el fin del TPS?
De acuerdo con cifras oficiales,
unos 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses
perderán la protección migratoria que les permitía trabajar y
sin temor a la deportación. La mayoría de estos inmigrantes se encuentran en
Florida
, un estado clave que concentra casi un tercio del total de beneficiarios del TPS en el país.
La fecha límite de renovación para este grupo venció el pasado 5 de julio, y la eliminación del programa los dejaría en riesgo inmediato de deportación si no encuentran otra vía legal para permanecer en Estados Unidos.
La eliminación del TPS para Honduras y Nicaragua se suma a otras decisiones recientes del gobierno de Trump, como el intento de cancelar la protección para 521,000 haitianos y 350,000 venezolanos, aunque ambas acciones enfrentan desafíos legales.
