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El Gobierno de Estados Unidos anunció una reforma laboral que cambia por completo las reglas de contratación a nivel nacional.
La medida busca "reducir el gasto" y "priorizar la eficiencia", pero también impone nuevas restricciones sobre quiénes podrán acceder a determinados empleos a partir de ahora.
Aunque se presenta como una iniciativa para mejorar la administración y optimizar recursos, la disposición firmada en la Casa Blanca generó inquietud en diversos sectores, ya que muchas personas quedarán automáticamente excluidas de futuras contrataciones. El texto oficial advierte que el cumplimiento será inmediato y obligatorio en todo el país.
¿Quiénes no podrán ser contratados tras la reforma laboral confirmada por el Gobierno?
La reforma laboral confirmada por el Gobierno prohíbe ocupar o crear nuevos puestos dentro del Estado, salvo en casos específicos vinculados con la seguridad o el interés nacional.
En la práctica, ninguna de estas personas podrá ser contratada en empleos civiles del Gobierno federal si no pertenece a las áreas consideradas prioritarias.
Entre las excepciones figuran las fuerzas armadas, la defensa, la inmigración, la seguridad pública y la salud nacional.
Los demás departamentos deberán justificar ante la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y la Oficina de Personal (OPM) cualquier contratación nueva, que podrá ser rechazada si no cumple los criterios de necesidad estratégica.
En concreto, no podrán ser contratadas:
- Personas que busquen empleos en áreas no consideradas prioritarias.
- Trabajadores administrativos o de apoyo en sectores sin impacto estratégico.
- Contratistas o consultores externos con funciones duplicadas.
¿Cómo se aplicará la reforma laboral y qué consecuencias tendrá?
La reforma laboral confirmada por el Gobierno dispone la creación de comités que evaluarán las contrataciones permitidas y obligará a cada institución a presentar un plan anual de personal que justifique cada puesto.
Además, se controlará el cumplimiento a través de informes trimestrales ante las autoridades federales.
La orden, firmada el 15 de octubre de 2025 por el presidente Donald J. Trump, ya está en vigor y prohíbe cualquier incorporación fuera de los sectores exceptuados. Sin embargo, aclara que no afectará programas como el Seguro Social, Medicare o los beneficios para veteranos, que continuarán operando sin interrupciones.
