En esta noticia

En 1975, se estrenó "Tiburón". Ese mismo año, Saúl Zang, Salvador Bergel y Ernesto Viñes fundaban su estudio jurídico. Dos décadas después, Zang, Bergel & Viñes fue, de la mano de IRSA, un protagonista de los '90, década a cuyo final APERTURA recurrió al depredador más feroz de los mares para describir a una especie tan voraz como ágil: los Abogados de la City.

Carolina Zang, hija de Saúl, obtuvo su diploma en 1995. Al año siguiente, despegaba a Nueva York para hacer su LLM. IRSA -cliente estrella del estudio- anunciaba su proyecto en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. El primer expediente se presentó en 2001. Eduardo Elsztain lanzó comercialmente al actual Ramblas del Plata, recién, en agosto de 2024, entusiasmado por la fe que tiene en Javier Milei. A junio, IRSA ya tenía prácticamente vendida toda la primera fase del emprendimiento, cuya inversión total se proyecta en US$ 1800 millones. "Hacía años que no trabajaba entre noviembre y febrero", ironiza Fernando Aguinaga, socio de real estate del ZBV. Ramblas, reconoce, fue el punto de inflexión; la constatación de algo que se venía.

"Estamos con niveles de ocupación que no teníamos en mucho tiempo", apunta Francisco Roggero, managing partner. Enumera: M&A, colocaciones de deuda, IPOs locales e internacionales, inversiones y proyectos de real estate, no sólo de IRSA. Por caso, el de US$ 30 millones que la Unión Argentina de Rugby (UAR) construye en Cardales, un try del socio Juan Manuel Quintana. Transacciones -en cantidad y calidad- que no veían desde un cuarto de siglo atrás.

En 2025, se cumplió el aniversario (40) del estreno de otro clásico de Hollywood que también podría ser la película actual de los Abogados de la City: "Volver al futuro". Profesionales hoy en sus 50 -o más- que, ahora desde la cúpula de los estudios, siguen liderando las transacciones que hacían cuando eran prometedores -y ambiciosos- under-40s. "Trabajamos igual que a los 18 porque somos los que vivimos los '90. Todos nos quedamos con ganas de revancha", resume Zang hija.

"Entre 1994 y 1997, ya pasó todo", agrega. En 1998, ella participó de la salida a bolsa de IRSA en Nueva York. Hoy, trabaja en más de un potencial IPO en la Securities and Exchange Commision (SEC), comenta. "Hacemos las mismas cosas que hace 30 años pero con cronogramas mucho más ajustados", dice sobre los plazos acelerados que, hoy, imponen el avance tecnológico y la ansiedad de los clientes por recuperar las décadas perdidas.

"Estoy trabajando de nuevo como cuando tenía 30 años", coincide Diego Salaverri. Ya pasaron más de 20 desde que se fue del entonces Bruchou, Fernández Madero, Lombardi y Mitrani para fundar su propio estudio. A esta altura, con 60, pensaba más a dedicarse en "cuestiones estratégicas" para el futuro de su firma, Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán. "En el último año y medio, trabajé más de abogado que de managing partner", define.

La actividad, cuenta, creció "significativamente" en todas las áreas. Pampa Energía, usina habitual de trabajo, colocó un bono internacional de US$ 340 millones. En emisiones, el estudio estuvo por los bancos en el bono y préstamos sindicados de Vista. Por Perseo -Rubén Cherñajovsky y Luis Galli- e Inverlat, estuvo en la compra que Grupo Edison -donde participan esas firmas- hizo de Cartellone Energía y Concesiones y Consorcio Empresas Mendoza para Potrerillos, accionista de las distribuidoras eléctricas de Jujuy, Tucumán y Mendoza. Por GeoPark, en su frustrado acuerdo con Phoenix. SB&WM también participó en la venta de Galileo Asset Management a Delta; en la de la naviera Atria que cerró otro de sus clientes históricos, Southern Cross; y en la compra de áreas convencionales de Crown Point, la energética del Grupo de Servicios y Transacciones (GST), a Pan American Energy (PAE) en Santa Cruz.

Abogado de confianza de Pablo Peralta -titular del GST-, Salaverri, además, integra como inversor -y tejió el armado legal- de Open Cars, vehículo al que también se subió Alfonso Prat-Gay para manejar el negocio de Mercedes-Benz en la Argentina. Por el colocador, Latin Securities, su estudio también estuvo en la salida a bolsa (local) de Raghsa.

"En la Argentina de 1989 a 2005, pasó todo lo que podía pasar. Para los que hoy tenemos 40, 50 años (o más), que en estábamos en los estudios líderes de esos momentos, no hay nada que no hayamos visto", dice Salaverri sobre las privatizaciones, emisiones, financiaciones, préstamos sindicados, compras, ventas e, incluso, reestructuraciones -concursos, quiebras y acuerdos preventivos extrajudiciales (APE)- que mira hacia adelante pero, también, ve en su espejo retrovisor. "Hoy, en cambio, los abogados jóvenes te preguntan cómo se hace un IPO", compara.

No lo atribuye a una falta de las nuevas generaciones. "En las operaciones de hoy, hay mucho first emissor. Hay toda una generación que no alcanzó a hacer ese trabajo", explica. Su socio Roberto Lisondo, experto en finanzas, asiente. "Hay un back to the old guys. Hubo una generación entera que creció sin exposición a este tipo de asuntos porque, en los últimos 15 años, por lo menos, no los hubo", contextualiza. "Ahora, van a hacer el catch-up. Eso es lo positivo".

Después de, como define un abogado muy fogueado en fusiones y adquisiciones, "el túnel oscuro que fue el kirchnerismo", la reaparición de temas transaccionales reactivó una demanda que desbordó a muchos estudios -en especial, aquellos con prácticas reconocidas en oil & gas y minería- y ayudó a revertir la capacidad ociosa que, todavía, tenían otros. En muchos casos, se apostó a lo conocido: no sólo la firma, sino el mismo profesional.

"Los abogados que hoy tienen 40 años no tuvieron la década del '90. No es su culpa: no hubo temas", reconoce Santiago Carregal. A esa edad, después de haber trabajado en todo tipo de operaciones, él lideró la reestructuración de Telecom, aún hoy, el mayor default corporativo de la historia argentina: US$ 4500 millones, en tres países y con bonos de ocho jurisdicciones en la poscrisis de 2002. "Este período de la Argentina será una usina de creación de talento de nuevos abogados", asegura. Carregal es chairman de Marval, el estudio jurídico más grande del país. Un headcount de más de 600 personas, de los cuales 305 son abogados (69 socios).

"Ahora, se abre una buena época. Estamos con un muy buen nivel y caudal de trabajo", asegura. En los últimos 12 meses, la firma estuvo en 40 operaciones de mercados de capitales, locales e internacionales. Entre ellas, la reapertura del bono de US$ 200 millones de Telecom, la inyección de US$ 300 millones de Allianz X en Ualá y la primera colocación de obligaciones negociables de Compañía MEGA (US$ 59,6 millones). En M&A, asesoró a Lamb Weston en la compra del 50 por ciento que su socia, Sociedad Comercial del Plata, tenía en Lamb Weston Alimentos Modernos. La operación incluyó la rescisión de contratos comerciales con Morixe, la alimenticia de SCP.

Marval representó a Eternal Tsinghan Group en la venta de su participación en un proyecto de litio de Eramet en la Argentina. En oil & gas, con el estadounidense Mayer Brown, asesoró a Petronas en la venta de sus operaciones locales a Vista (US$ 1500 millones). También, a la chilena ENAP en la de sus activos en el país a Oblitus International, del fondo estadounidense Xtellus. Fue asesor de Adecoagro en la venta de su control Tether, un ticket de US$ 600 millones. Trabajó con Loma Negra en su bono de US$ 113 millones y tiene en la mezcladora la eventual venta de la cementera, cuyo principal candidato, Marcelo Mindlin, cuenta con Salaverri como su hombre de confianza.

Otro deal por el que, en algún momento, habrá descorche en el edificio de Alem y Tres Sargentos es la venta de Carrefour. Un asunto confidencial son los reclamos de US$ 800 millones contra la Argentina por la rescisión contractual de Autopistas del Sol y Autopista del Oeste. Sigue activo el juicio en el Ciadi que inició BA Desarrollos, inversora inmobiliaria del magnate brasileño Edmond Safra.

"Hoy, hay dos tipos de operaciones. Cuanto más eficiente es la industria y menos influya la regulación, más rápida es la inversión. En los sectores poco competitivos e híper regulados, se va a otra velocidad, más a 40 o 50 kilómetros por hora", ilustra Carregal. "En el resto, la gente quiere pruebas de amor", apunta.

No obstante, hay sex appeal. Para la conferencia anual de la International Bar Association (IBA), la asociación mundial de abogados, que se realizará en noviembre en Toronto, Marval ya tiene coordinadas reuniones con estudios, británicos y canadienses. "Ahora, te quieren ver. Antes, eras vos el que quería verlos a ellos", subraya. ¿La causa? El "fenómeno barrial", que promete acelerar más allá de energía y minería.

El estudio está atento a las privatizaciones. Otra arista fuerte de trabajo fue Entertainment. Además del paperwork local de su fusión global, Marval asesoró a Warner Bros. Discovery Latin America en la expansión de sus derechos de transmisión con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y, dentro del revival general de los '90, levantó para Claxson la medida cautelar que había suspendido la serie "Menem", emitida en Amazon Prime. La había pedido Carlitos Nahir. La causa fue llevada por un equipo interdisciplinario de las áreas de Familia y Sucesiones, y de Propiedad Intelectual, junto con la firma boutique de IP Máspero Abogados.

"Es todo un desafío todo lo que tiene que ver con los contenidos el impacto de los OTT. Son más jugadores, que antes no existían. Se ven desde cuestiones de derechos de imagen a protección de datos", dimensiona Gustavo Giay, socio de Marval, referente en propiedad intelectual y derechos marcarios. A fin de año, Giay reemplazará como chairman de Marval a Carregal, que -por edad- se retirará obligatoriamente en junio (pasará a ser consultor). No es el único cambio. El estudio -que el año pasado celebró su centenario- se reorganizará matricialmente, por industrias. Hoy, en cambio, tiene 32 áreas de práctica. Junto con la adopción de Settler, una herramienta de Inteligencia Artificial (IA), es una forma de consolidar, sinergizar y dinamizar su perfil full service, revalorizado en momentos de grandes operaciones para clientes que demandan, cada vez, más agilidad por los menores plazos de ejecución.

"Las cosas no son iguales, sino parecidas", distingue Hugo Bruzzone, socio de Bruchou & Funes de Rioja. "Cuando vienen los deals más complejos, el trabajo sofisticado, los tomamos los que venimos de ese mundo", observa. "Pero no alcanza con ser un buen abogado transaccional para una operación como estas. Tampoco, un único socio. Necesitás una estructura", agrega. "Hay firmas donde el protagonismo es de los socios. Acá, del estudio: la potencialidad del equipo es enorme", sentencia.

Consolidada la fusión entre Bruchou y Funes de Rioja, hace dos años, la firma, de 52 partners, totaliza 200 abogados. Hace un año, picó en punta con la incorporación de IA, con la implementación de Harvey.

El estudio intervino en más de 100 operaciones de deuda, que consolidaron un monto superior a los US$ 9000 millones, locales y en el exterior. Se destacan YPF -entre ellas, el bono de US$ 1100 millones de enero-, Albanesi (US$ 714 millones), MSU Energy (US$ 622 millones), Pluspetrol (US$ 650 millones), Vista (US$ 1100 millones entre dos emisiones) y Macro (US$ 400 millones). Por bancos, estuvo en Galicia (US$ 325 millones), Pampa Energía (US$ 700 millones), Tecpetrol (US$ 400 millones) y Arcos Dorados (US$ 600 millones). Bruchou & Funes también fue la única firma argentina en los REPO del Banco Central: US$ 3000 millones entre los dos.

Asesoró a Revolut en la compra de Banco Cetelem. También, al Santander en la compra al Galicia del 50 por ciento de Nera. Hizo los financiamientos con multilaterales, agencias de crédito y fondos de inversión de Genneia (US$ 100 millones), Bayer (préstamo sindicado de $ 120.000 millones), Metrotel (US$ 110 millones), MSU Energy (refinanciación de US$ 222 millones), Albanesi (US$ 80 millones, también refinanciados, por los bancos), PAE (US$ 336 millones, otra vez por los bancos) y Vista (US$ 100 millones, crédito de ICBC). Con la compra de HSBC por el Galicia, firmada en abril de 2024, continuó a fin de año, con el asesoramiento al vendedor en una oferta pública secundaria internacional de ADR de Grupo Financiero Galicia, como mecanismo de pago de la transacción.

Por el fondo neerlandés Prosus, hizo el take-over de Despegar (US$ 1700 millones). En diciembre, completó la fusión MAE-Matba-Rofex. En el mismo mes, los US$ 20 millones que Central Puerto invirtió en 3C Lithium. La firma, en general, es el deal counsel de CEPU. También, de Vista: su head de Petróleo y Gas, Javier Rodríguez Galli, es el abogado de cabecera de Miguel Galuccio.

Con el "Mago", además de las emisiones financieras, cerró la compra de los activos de Petronas en Vaca Muerta y quienes suman 2+2 en el mercado dan por hecha su presencia en las pujas por los de ExxonMobil y TotalEnergies, en las que Vista participó. También, en el protagonismo que, al cierre de esta edición, la empresa de Galuccio tenía en el salvataje de Aconcagua Energía.

Abogados del estudio estuvieron con Allaria en la compra del 9,5 por ciento del Banco del Sol. También, en el alquiler de oficinas que JP Morgan le hizo a Raghsa: calculada en US$ 150 millones, constituyó el mayor deal en el segmento de renta corporativo del real estate local en, por lo menos, 20 años. Hicieron la salida a bolsa de la desarrolladora y las de Distribuidora de Gas del Centro y Ecogas Inversiones, los primeros IPO del recinto de 25 de mayo y Corrientes en siete años.

Fueron los asesores de Bentia Energy, el emprendimiento que encabeza Javier Iguacel, en las áreas convencionales que le compró a YPF en el Plan Andes. Para Open Cars, hicieron la adquisición de Mercedes-Benz Argentina, hoy Prestige Auto. Escoltaron a un candidato a comprar Telefónica (suspicaces miran a los Werthein, clientes históricos del estudio). El equipo de Corporate y M&A, que lidera Mariano Luchetti, analiza con Arcor los pasos a seguir en su pelea por el control deMastellone. Del otro lado, el fondo Dallpoint tiene respaldo de Cibils, Ibáñez & Labougle. Otra carpeta con etiqueta roja es la eventual venta de la operación argentina deRaízen.

"En minería, todo lo que se puede mover se está moviendo", dice Sebastián Vedoya, socio de esa práctica. En mayo, terminó los últimos papeles de Vicuña, la fusión entre BHP y Lundin, y ahora prepara, para antes de fin de año, la presentación al RIGI de la mayor inversión directa de la historia argentina: más de US$ 15.000 millones. "RIGI, en general, nos tiene muy ocupados", confiesa Vedoya. "La gente cree que es mágico", ironiza, sobre la discrepancia que, a veces, hay entre las pretensiones y la realidad. El estudio trabaja en 18 proyectos potenciales, entre presentados y en evaluación. A cierre de esta edición, el Ministerio de Economía había recibido 14 carpetas para aplicar al régimen por US$ 16.500 millones y aprobó sólo cinco. Entre ellos, dos clientes de Bruchou & Funes: Sidersa y Vaca Muerta Sur (VMOS).

VMOS y vamos

La construcción del oleoducto para exportar petróleo de Vaca Muerta a través de Punta Colorada, Río Negro, es la operación distinta, el ticket que marcó un antes y un después. No sólo por la constitución del joint venture, anunciado hace un año. El proyecto, de más de US$ 3000 millones, comenzó su construcción en enero y, a fines de mayo, cerró su financiamiento, por US$ 2000 millones. Es el mayor préstamo comercial para un proyecto de infraestructura en la historia del país y uno de los cinco más grandes del sector oil & gas en la América latina.

Los abogados de VMOS fueron el estudio estadounidense Sullivan and Cromwell y Bruchou & Funes de Rioja. De la firma local, participaron seis socios: José María Bazán, Alejandro Perelsztein, Leandro Belusci, Pablo Muir, Nicolás Dulce, Lucila Winschel y Martín Beretervide. Por los prestamistas -Citi, Deutsche, Itaú, JP Morgan y Santander, entre un total de 14 bancos e inversores institucionales internacionales-, estuvieron Milbank y Beccar Varela. Además, participaron los abogados internos de las socias: YPF, Vista, Pampa, PAE, Pluspetrol, Shell, Chevron y Tecpetrol. También estuvieron el estudio estadounidense Mayer Brown (Chevron) y los locales Nicholson y Cano (Vista), Bomchil (Shell) y Martínez de Hoz & Rueda (Chevron). Por Citibank, agente de la transacción, estuvieron Tanoira Cassagne y Nixon Peabody.

"Fueron dos proyectos simultáneos: el joint venture y la búsqueda de financiamiento. Todo, desde el inicio de la documentación, se hizo pensando en que la siguiente etapa era el funding", refiere María Victoria Tuculet, socia de Bomchil que representó a Shell. En este estudio, aseguran que, en general, el volumen de transacciones de los últimos nueve meses es el más alto en, al menos, 10 años. "De operaciones en curso y, también, en el pipeline", apunta Adrián Furman, socio administrador y experto en M&A. El verano, agrega, fue el punto de inflexión. "Todo marcha a velocidad crucero. Pero tampoco hay quien quiera cerrar antes de las elecciones", matiza. Controles de cambios e impuestos siguen siendo dos frenos a la inversión. "Todo lo que sea ‘yes or no answer'", ilustra Pablo Alliani, socio de Energía y Recursos Naturales.

"La precaución básica no son las elecciones: es el cepo. La pregunta es: ‘¿Cómo saco el dinero?'", plantea Jorge Muratorio, socio de O'Farrell. La firma prevé actividad por energía, minería e infraestructura asociada a esos proyectos, dicen Miguel Tesón (socio administrador) y Agustín Siboldi (partner). Lleva el sello del estudio uno de los RIGI de reciente aprobación: los US$ 250 millones que demandará la construcción del parque eólico Olavarría, un proyecto de PCR y Acindar.

El funding de VMOS fue -por magnitud y, sobre todo, volumen- un pez codiciado. Muchos tiburones olfatearon sangre y mordieron a otros por esa presa. Lamió heridas un estudio importante, con sólida presencia en oil & gas. La excusa oficial: la carencia de un departamento robusto de banking para una operación de esta dimensión. La no oficial: bajó el pulgar un CFO -con voz y voto-, debido a la identificación de ese bufet con un cliente al que no se le quiere dar más lugar que el necesario en el proyecto.

No fue el único desplazado. Otra firma se excusó de estar por un cliente histórico porque había sido recomendado para cumplir otro papel. Un competidor salió de su letargo y clavó agresivamente los dientes para no dejar ir ese bocado. El precio: en términos de honorarios, no habría saboreado un pez grande, sino un cornalito.

Desde lo legal, el financiamiento de VMOS tuvo un inesperado punto crítico. Cerca del cierre, Loretta Preska decidió la entrega del 51 por ciento de YPF al fondo británico Burford. El fallo encendió luces rojas en la mesa de negociación. Sobre todo, para los bancos. La tensión se descomprimió con la solicitud de ciertas garantías.

"Fue, técnicamente, muy complejo. Pero, también, la vidriera de los deals que queremos tener", afirma Maximiliano D'Auro, socio administrador de Beccar Varlea (BV). Los socios Ricardo Castañeda, Lucía Degano y Pedro Silvestri llevaron adelante la operación, medalla que, en la vitrina del estudio, siguió a la venta de Telefónica a Telecom (US$ 1250 millones) y la posterior emisión del bono de US$ 800 millones que hizo el comprador.

Beccar había cerrado 2024 con los ADR de su cliente, Grupo Galicia, para completar el pago del HSBC. Lo arrancó con el proceso de venta que decidió Telefónica de sus activos en la Argentina y que condujo JP Morgan en el exterior. Duró un mes y medio, con mucha concentración hacia el final.

El deal del año

El closing fue el 24 de febrero.Cleary Gottlieb Steen & Hamilton -en Nueva York, San Francisco, Washington y San Pablo- fue el estudio de Telecom. Hizo la parte local González, Funes & Asociados (EGF&A), cuyo socio Baruki González asesora al fondo Fintech desde hace más de 20 años, cuando convirtió deuda por acciones en la reestructuración de Cablevisión. Al igual que Cleary, EGF&A también trabajó en los préstamos, por US$ 1170 millones, que la telco contrajo para financiar la operación y en la colocación internacional posterior. Tavarone, Rovelli, Salim & Miani estuvo por los bancos. También, el estudio londinense Linklaters.

No faltó, en la compra, la presencia de Sáenz Valiente y Asociados, eterno custodio legal de los accionistas de Telecom que, a su vez, son controlantes del grupo Clarín. Por caso, Damián Cassino, experto en temas de Defensa de la Competencia, campo en el que se define la operación. Esa batalla se libra por, entre otras presentaciones, una que hizo Claro. Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios de la empresa de América Móvil y ex director de Legales de YPF, recurrió a uno de los estudios en los que más confió cuando estuvo en la petrolera.

"Fue una operación donde sólo había que resolver: el vendedor quería salir y el comprador asumió todo el riesgo regulatorio", se cuenta. En la venta, Latham & Watkins -Nueva York Washington, Madrid y San Pablo- representó a Telefónica. Ramón Moyano y Roberto Crouzel fueron los socios de BV que cumplieron desde Buenos Aires con viajes a España, exclusiva y confidencialmente, para que firme documentos Marc Murtra, el CEO de Telefónica. El hermetismo fue extremo, cuentan en el edificio República, donde, paradójicamente, antaño tuvo su headquarter en el país Telefónica. Una veintena de profesionales del estudio se dedicó a esta operación, la mitad de lo que había demandado la compra del HSBC.

Beccar tiene 160 abogados, 42 socios. Promovió como partners a Enrique López Rivarola (tributario) y Fernando Kreser (arbitraje y litigios). También, incorporó a Jimena Vega Olmos, ex MHR que cruzó Bouchard. Además de Telefónica y VMOS, sus tickets recientes fueron la venta de Makro a Cencosud para SHV Holdings; la extensión por otros 20 años del acuerdo de franquicia en América latina de McDonald's y Arcos Dorados; la venta de activos de salmuera de litio de Lake Resources a Austroid; a Skydance en el episodio local de su fusión global con Paramount; a Rocktree en la compra de Atria; a EPAM en la adquisición de Neoris; y a Mill Point Capital en la de los negocios de refrigeración comercial y equipos para servicios alimentarios de Femsa (US$ 425 millones). En su pipeline, está la asesoría a Golar y Magni en el proyecto de gasoducto de Vaca Muerta hacia Punta Colorada. También, a MasTec. Hizo marca en el Plan Andes con Petróleos Sudamericanos y Grupo Quintana. Representó a BAF, el fondo que le vendió los activos eléctricos a Edison. Ahí, además de Salaverri, Bruchou estuvo por Inverlat, uno de los inversores del comprador. Por otro, Woden -los hermanos Neuss-, intervino Tavarone. "En los últimos meses, hubo transacciones grandes, que no había un año atrás", describe D'Auro.

"Toda la expectativa que había el año pasado se está concretando en este", dice Jorge Pérez Alati, fundador de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Pagbam). "Lo que vemos de desregulaciones de Federico Sturzenegger es una fiesta", celebra. Históricamente activo en mercado de capitales local, sobre 54 emisores y 153 emisiones que hubo en 2024, el estudio estuvo con 18 y 49, respectivamente. "Hay muchas empresas explorando para hacer un IP en Nueva York. Eso va a ser bastante dependiente del resultado de octubre", sigue. Apunta una diferencia entre lo que brilla hoy y los dorados '90: "Con Menem, el mercado era forward looking. Hasta con Macri hubo algo de eso. A Milei, en cambio, la vara se le puso más alta: está cargando con muchas mochilas".

Por lo pronto, Pagbam tiene una parte importante del león: abogados de SpaceX y Starlink, las asesora en su avance en la Argentina y el Uruguay, cuya fase más reciente fue la instalación de 13 estaciones terrenas maestras (gateways) y la expansión hacia otras bandas del espectro radioeléctrico. En materia de deals, para Cencosud -cliente de décadas-, hizo la compra de los mayoristas Makro y Basualdo (US$ 122,5 millones). Asesoró a APC Proteins en la del 50 por ciento de Industrias Químicas Alimentarias (IQA) en la Argentina y Brasil (US$ 60 millones). A LDC Argentina, en la de El Maná Puerto Buey, un operador de granos con puerto y planta en Santa Elena, Entre Ríos, y a Compañía Inversora de Minas (Ciminas), un joint venture entre Newsan, BGH y Mirgor, en la venta a Patagonia Gold (Carlos Miguens) de derechos mineros del proyecto Gastrenor, en Chubut.

Pagbam hizo la salida de Dragados de la Argentina, con la venta del total de Dycasa (hoy, IEB Construcciones). Para Genneia, los project finance de sus parques solares en Malargüe y Luján de Cuyo (US$ 100 millones) y, para Galicia y Santander, el préstamo de US$ 100 millones a Pecom, aplicado a la compra de áreas que licitó YPF.

Precisamente, para la petrolera del Estado nacional, el equipo de Energía que encabeza Francisco Romano cerró la compra a ExxonMobil y Qatar Energy del área gasífera Sierra Chata (US$ 300 millones). También, la venta del 49 por ciento de Aguada del Cañar a CGC (US$ 75 millones). Y la operación más reciente: la compra de los activos de TotalEnergies en Vaca Muerta (US$ 500 millones). Por la francesa, estuvieron el estudio internacional Womble Bond Dickinson y Marval en temas puntuales de regulación local.

"Fue una operación larga, muy compleja y multi-jurisdiccional: la Argentina, Francia, los Estados Unidos y el Reino Unido. Mutó al compás de cuestiones regulatorias y del ‘factor Neuquén', que todavía tiene que aprobarla con un decreto", describe Romano. "Por la diferencia horaria con París, tuvimos varios meses de jornadas extendidas de negociación, empezando a las 4 AM hora argentina", cuenta. Otro deal de Vaca Muerta fue el asesoramiento a Mercuria y Phoenix en su ingreso a VMOS.

Cambio de paradigma

"Se está generando un cambio de paradigma en el país: estamos camino a ser un país petrolero", observa José Martínez de Hoz, socio de Martínez de Hoz & Rueda (MHR), peso pesado en la industria energética. Estuvo en VMOS por Chevron. Con YPF, en su joint venture para exportar GNL con Shell y en el proyecto montado sobre el de PAE y Golar, donde también asesora a Harbour. Con la decisión de inversión en el segundo barco, Argentina LNG ya supera los US$ 15.000 millones. MHR también es el estudio de Southern Energy.

Para ExxonMobil, cerró la venta de activos petroleros en Vaca Muerta a Pluspetrol (US$ 1750 millones). También, los gasíferos a YPF. Culminó la compra de Wintershall Dea por parte de Harbour, un deal global de US$ 11.200 millones cuyo 70 por ciento eran activos en el país. Acompañó a Phoenix en la súbita finalización de su acuerdo con GeoPark; a Pluspetrol, en la compra de la unidad local de bombeo de Weatherford International (US$ 100 millones) y a CGC, en su ingreso a Vaca Muerta (Aguada del Cañar, US$ 350 millones). También para la energética de Eurnekian y Sociedad Comercial del Plata, trabajó en el Plan Andes, al igual que para Pecom, cliente con el que repite en su actual oferta por Manantiales Behr.

En mercado de capitales, representó a Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander en el debut internacional de Pluspetrol (US$ 650 millones); a BCP Securities y Santander en la reestructuración de Clisa (US$ 358 millones); y a distintos colocadores en emisiones de PAE (US$ 800 millones en total), Capex (US$ 47 millones), Pecom Servicios Energía (US$ 54 millones) y la Provincia de Chubut (US$ 45 millones). Por 16 entidades, estuvo en el préstamo sindicado de US$ 400 millones a YPF y con PAE, en otro crédito de este tipo (US$ 336 millones). Se anotó en el financiamiento cross-border que la IFC le dio a Buquebus (US$ 174 millones) y en una transacción internacional de Pecom (US$ 220 millones). Por los bancos, se sentó en el préstamo de US$ 100 millones que recibió Edesur.

Asesoró a Pluspetrol en la administración de sus contratos de venta de gas y prevención de disputas en Camisea (Perú). A Chevron, en su ingreso a una licencia off shore (Perú) y en la compra de la mayoría del operador de otra concesión aguas abiertas en Uruguay que es considerada una continuidad geológica de Namibia.

"En M&A, la era Milei ya superó a la Macri. Tenemos una cantidad enorme en el pipeline. Hay altas chances de que se concreten", retoma Martínez de Hoz. "Estamos con una continuidad del año pasado. En particular, del segundo semestre, que fue muy activo. Los proyectos han ido adelante. Más rápido o despacio. Pero han ido adelante", subraya.

"Todo energía está muy activo", asiente Nicolás Eliaschev, socio del área en Tavarone, Rovelli, Salim & Miani. "Hay muchos deals en el pipeline", apunta, no sólo sobre lo que lo tiene ocupado en oil & gas, sino también en electricidad. El estudio, además, talla fuerte en minería: en noviembre, asesoró a la coreana Posco en la presentación al RIGI de US$ 1000 millones de los US$ 2000 millones que insumirá su inversión para el desarrollo del proyecto de litio Sal de Oro.

Con ADN financiero, la firma también está activa en esa práctica. Fue el asesor legal de Córdoba en su bono internacional de US$ 725 millones. Además, estuvo en las colocaciones de Entre Ríos y Chaco. "El mercado se está activando muy fuerte con soberanos y subsoberanos", indica el name partner Marcelo Tavarone. También, en préstamos sindicados. En corporativo, se sumó -por los colocadores- en los bonos de Loma Negra y 360Energy. Abogados de River Plate, lo asesoró en el fideicomiso, de US$ 20 millones, emitido en octubre, y la ON de febrero ($ 12.000 millones). Nicholson y Cano estuvo por VALO en las dos.

"M&A se empieza a mover", retoma Tavarone. Además de la adquisición de activos eléctricos por parte de Edison, estuvo por el comprador -Oblitus- en la de ENAP Sipetrol y por Fluxus Energy -filial del grupo brasileño J&F- en la de campos de Pluspetrol en Vaca Muerta. Con Ignacio Abuchdid y sus socios, se sentó en la compra de Dycasa y los asesora en los fondos del proyecto Puerto Nizuc. Hizo análisis regulatorio y de derecho público en la compra de Adecoagro por parte de Tether.

La otra cara de la moneda

Pero toda moneda tiene dos caras: así como hay más deals, reaparecieron las reestructuraciones. Es público que asiste a Aconcagua Energía en su default de US$ 400 millones. Interviene en otra relevante -de más de US$ 100 millones- y dejó de asistir a otro gran deudor del mercado local. "El negocio principal del estudio siguen siendo los negocios", define Tavarone. En tal sentido, mira hacia adelante: en el horizonte asoman las privatizaciones.

DLA Piper representó a ARC Energy en la de Impsa, la primera de la Era del León. La siguiente en línea de salida es AySA. "Tuvimos reuniones muy receptivas en Washington. Antes, había poco y nulo interés", contrasta Valeriano Guevara Lynch, managing partner de Allende & Brea. Jorge Mayora y Cristián Fox son los socios del estudio que trabajan en esta transacción, proceso en el que -con el Gobierno como cliente- participan no menos de cinco estudios.

A&B asesoró a Mercedes-Benz en su venta a Open Cars; a Bunge en operaciones de crédito; a Bank of China en una línea para que Telecom financie equipos Huawei; a Arcadium Lithium y Sales de Jujuy en la renegociación de un préstamo con Mizuho Bank; y a Syngenta en un fideicomiso privado; y a MasterCard en su negociación con Mercado Libre para ofrecer tarjetas con Mercado Pago, entre otras operaciones. Abogados de Paramount, están en la venta de Telefe.

"En cantidad y calidad de transacciones, estamos en el momento más importante de los últimos 10 años", celebra Santiago Nicholson, de Nicholson y Cano, otro de los estudios intervinientes en la confección del IPO de AySA y en el diseño de su nuevo gobierno corporativo. La firma también tuvo presencia doble en VMOS: con Pluspetrol y Vista, a través de los socios Nicolás Perkins y Mariana Guzian, respectivamente. Además, sigue con Golar en Argentina LNG y estuvo en la venta de los activos locales de ExxonMobil con Qatar Energy (era socia minoritaria de la estadounidense, con el 30 por ciento). Fuera de energía, hizo los bonos de Ledesma (US$ 31 millones), Havanna (US$ 18,5 millones) y San Miguel (US$ 16,2 millones). Empezó a ver asuntos para Arcor y cerró, del lado de Raghsa, el alquiler de la torre para JP Morgan.

Las privatizaciones no sólo son atractivas para quienes asisten al Gobierno. "Estamos enfocados exclusivamente en el asesoramiento del sector privado", sugiere Ezequiel Cassagne, socio de Cassagne Abogados, boutique de Derecho Administrativo cuyo fundador, Juan Carlos, fue uno de los ingenieros jurídicos de los '90. Por lo pronto, el estudio hoy está fuertemente activo en minería, apunta Cassagne. Tambien, en energía, tanto oil & gas como electricidad. Además de grandes casos ya existentes -como el juicio por la concesión de La Rural-, el fuego del litigio se mantiene vivo con nuevos temas. Cassagne acompañó a la Corte al gobernador Maximiliano Pullaro por el reclamo de Santa Fe a la ANSeS, de entre $ 800.000 millones y $ 1,2 billones. Vislumbra más roces con el Estado Nacional y sus empresas: puntualmente, por el incumplimiento de compromisos de obra pública. "Hay tres escenarios posibles: renegociación contractual, rescisión acordada o conflicto arbitral o judicial", vaticina.

Entre quienes sí empezó el reparto de pérdidas fue entre los privados. Además de reestructuraciones privadas, reaparecieron los concursos. Este año, Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo sumó a su fichero los de Surcos (derivado por Mitrani Caballero), Los Grobo y Agrofina (por Pérez Alati, asesor histórico de Victoria Capital, controlante de las últimas dos empresas).

"Es un año muy activo: hace mucho que no presentábamos tres concursos en una semana y de esas magnitudes", sugieren Gabriel Fissore y Javier Alegría. Por lo pronto, el estudio logró la aprobación del de Cartellone, la homologación del de Molino Cañuelas (US$ 1300 millones) y, todavía, nada contra la corriente por el de Vicentin (US$ 1600 millones). Ya hubo consultas nuevas -por caso, de un importante grupo nacional- en el edificio clásico de la avenida Santa Fe. "La gente quiere empezar a tener un APE o una reestructuración más profunda", dice Pablo Buey Fernández. "Prefiere evitar la cirugía mayor", apunta Miguel Montemerlo.

"Es más barato ir al acuerdo privado que al concurso", asegura Diego Fargosi, de Fargosi Abogados. Está muy atento a la desregulación del negocio aeronáutico. Mientras atiende aéreas con mayor interés por llegar a la Argentina (o incrementar su operación en el país), otros clientes siguen de cerca dos privatizaciones: Intercargo y Aerolíneas. Con algunos, ya dio pasos importantes. El estudio también está posicionado en turismo.

El nuevo escenario también introdujo cambios en uno de los motores de trabajo de la última década: laboral. "Los aires son mejores. Pero los temas de fondo no están resueltos", observa Javier Patrón, de Marval. Rodrigo Funes de Rioja explica que, con baja inflación y poca competitividad, la actividad migró de asesoramiento en negociaciones colectivas (paritarias) a redefinición de estructuras. "El trabajo se incrementó y no necesariamente el litigio, sino a movimientos de reorganización", apunta Javier Fernández Verstegen, de Brons & Salas. "¿Querés certezas jurídicas? Olvidate de lo laboral", plantea, para graficar la nebulosa que sigue siendo ese ámbito, tanto en materia de legislación como de costos.

En Brons, todavía, perciben una expectativa mayor que la concreción de negocios. "Empieza a haber más interés de los estudios de afuera: llegan consultas o, directamente, pedidos de cotización", señala Guillermo Malm Green. Entre las operaciones recientes, la firma trabajó en la venta de la operación local de Tupperware, comprada por AscendNova Group -formado por ex ejecutivos de la empresa- a la quiebra de la casa matriz, en los Estados Unidos. Hizo el asesoramiento ambiental en la venta de Mercedes-Benz.

Con esa mira puesta a los negocios por venir fue también que se produjo uno de los pases del año. En abril, Javier Errecondo dejó a sus socios Baruki González y Saturnino Funes y bajó un par de pisos en la Torre Fortabat. Se unió a Mitrani Caballero. Su objetivo, desarrollar el área de banking y mercado de capitales, de alto potencial para la Argentina que promete emerger. Su primer trabajo fue la frustrada emisión de Aconcagua.

Errecondo -uno de los abogados argentinos más reconocidos en su práctica- se sumó a un estudio sólido en materia corporativa. Diego Parise es el hombre de confianza de Paolo Rocca en la marcha de Terniumy Tenaris por el mundo: compras y temas sensibles, como la pelea ante el Superior Tribunal de Justicia de Brasil, que en diciembre redujo de US$ 1000 millones a US$ 510 millones la indemnización que ambas deben pagarle a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) por la compra de Usiminas. Siro Astolfi es el consejero de la familia Perez Companc: el año pasado, a la reorganización interna entre los hermanos, siguió una OPA a los minoritarios de Molinos y Molinos Agro.

Mitrani está fuertemente activo en minería, asesoró a Holcim en la reciente compra de la hormigonera Horcrisa y a Bunge y Viterra en el tramo local de su fusión, que, en el país, en términos de Defensa de la Competencia, implica, por lo menos, un par de decenas de mercados. Abogados de Surcos, acompaña también a la empresa que activó los defaults del campo.

(La versión original de esta nota se publicó en la edición número 380 de la revista Apertura, correspondiente a agosto de 2025)