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La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó enviar copias a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investiguen presuntas irregularidades en los gastos reportados por la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
El alto tribunal tomó la decisión luego de revisar posibles inconsistencias en la contratación de vuelos y la declaración de gastos, lo que podría representar un incumplimiento de los topes establecidos por la ley electoral.
Aunque el presidente cuenta con fuero constitucional, la solicitud busca que las autoridades competentes determinen si hubo irregularidades en la gestión de los recursos de campaña.
Vuelos y facturas bajo la lupa
Según la investigación preliminar, la campaña de Petro habría contratado 24 vuelos con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI SAS). Sin embargo, estos habrían sido reportados como gastos de campañas legislativas del Pacto Histórico y no como parte de la campaña presidencial.
Los documentos que revisó la Corte Suprema indican una posible manipulación de facturas para evitar que los costos superaran los límites permitidos por el Consejo Nacional Electoral. Entre los nombres señalados figuran Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña, y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, quien coordinó la campaña legislativa del movimiento.
Competencia limitada por el fuero presidencial
Debido al fuero presidencial, solo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes puede adelantar investigaciones formales contra Gustavo Petro. Esto significa que ni la Fiscalía ni el CNE pueden actuar directamente sobre el mandatario.
Aun así, ambas entidades podrán revisar las conductas de los demás funcionarios involucrados, mientras que la Comisión deberá determinar si existen méritos para abrir un proceso contra el presidente por la presunta financiación irregular.
Contexto y reacciones
La decisión de la Corte Suprema se suma a una serie de indagaciones abiertas desde 2023 sobre los movimientos financieros de la campaña del Pacto Histórico. Petro ha negado de manera reiterada cualquier participación en irregularidades y ha calificado las acusaciones como parte de una estrategia política en su contra.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral ya había sido obligado por la Corte Constitucional a suspender temporalmente sus actuaciones contra el presidente, al considerar que estas podían vulnerar el fuero constitucional.
Lo que sigue en el proceso
Ahora, será la Comisión de Acusación la que defina si abre una investigación formal o archiva el caso. Si decide avanzar, deberá determinar si las presuntas irregularidades configuran una falta administrativa o un delito electoral.
Mientras tanto, el CNE y la Fiscalía continuarán sus pesquisas sobre los demás implicados, en un proceso que podría tener repercusiones políticas significativas para el gobierno actual y el futuro del Pacto Histórico en las próximas elecciones.
