La inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, mecanismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que restringe transacciones financieras con personas o entidades sancionadas, ha generado un nuevo dilema institucional en Colombia. El mandatario enfrenta ahora un obstáculo inédito: el pago de su salario como jefe de Estado quedó en duda debido a las limitaciones impuestas por esa medida internacional.
El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) evalúa cómo cumplir con la obligación sin infringir las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). Mientras tanto, desde el propio Gobierno y entre los exfuncionarios se discuten las pocas alternativas legales que permitirían girar los recursos sin afectar las cuentas del Estado ni comprometer al sistema financiero colombiano.
El pago en efectivo, una salida riesgosa pero viable
El exdirector del Dapre, Víctor Muñoz, advirtió que la situación tiene pocas salidas y que el margen de maniobra es limitado. Según explicó a Semana, “la única alternativa que les queda es un pago en efectivo, donde se le hace el desprendible de nómina, se retira la plata de la tesorería de Hacienda y con esto se le paga al presidente Petro”. Cualquier intento de giro electrónico podría ser considerado una violación de las normas internacionales, ya que “si Hacienda le hace un giro, estaría incumpliendo esta norma internacional con el tema Ofac”, señaló.
Muñoz también advirtió que una transferencia bancaria podría tener efectos colaterales graves sobre la banca pública y privada. “Podrían quedar congeladas las cuentas que tiene Hacienda en el exterior si le hacen un giro a una cuenta en el Banco Agrario, pues eso implicaría que contaminarían al banco”, explicó. Además, recordó que una sanción de ese tipo pondría en riesgo convenios con franquicias como Visa o Mastercard, lo que, en sus palabras, convierte al pago en efectivo “en el único mecanismo posible que sale desde la Tesorería de Hacienda”.
Repercusiones internacionales y acusaciones políticas
Los efectos de la sanción ya se manifestaron en el plano diplomático. Durante su reciente gira por Medio Oriente, al avión presidencial colombiano le negaron el suministro de combustible en Cabo Verde, hecho que el propio Petro denunció públicamente. “La humillación no la pusieron en el aeropuerto de Madrid, no digan más mentiras. Fue la empresa norteamericana con la que la FAC contrató toda su gasolina fuera del país y el lugar fue Cabo Verde, en el África. España me ayudó, al contrario”, escribió en su cuenta de X.
El mandatario aprovechó el episodio para señalar una persecución política detrás de su inclusión en la lista. “El mundo sabe que me persigue Trump porque me opuse al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe”, afirmó, y más tarde añadió que se siente “chantajeado, pero lo importante es no dejar aislar a Colombia”. Según Petro, la situación podría abrir una oportunidad para fortalecer los vínculos con Europa y redefinir la relación financiera del país con el mundo.
