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Una reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia ha generado inquietud entre los usuarios de aplicaciones móviles como WhatsApp, Facebook e Instagram.

El fallo, que busca garantizar la neutralidad de la red, prohíbe a los operadores de telefonía móvil ofrecer ciertas aplicaciones de forma gratuita en sus planes de datos, una práctica conocida como zero rating.

Esta medida ha suscitado dudas sobre si los colombianos perderán el acceso gratuito a estas aplicaciones y cómo afectará a quienes dependen de ellas para comunicarse.

A continuación, se detallan los aspectos clave de esta decisión y su impacto en los usuarios.

Esta medida ha suscitado dudas sobre si los colombianos perderán el acceso gratuito a estas aplicaciones -como WhatsApp- y cómo afectará a quienes dependen de ellas para comunicarse. (Imagen: archivo)
Esta medida ha suscitado dudas sobre si los colombianos perderán el acceso gratuito a estas aplicaciones -como WhatsApp- y cómo afectará a quienes dependen de ellas para comunicarse. (Imagen: archivo)

¿Qué implica el fallo de la Corte Constitucional?

El 30 de mayo de 2025, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el numeral 1 del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011, que permitía a los operadores móviles ofrecer planes diferenciados con aplicaciones específicas sin consumo de datos.

La sentencia C-206 de 2025 establece que esta práctica vulnera el principio de neutralidad de la red y afecta derechos fundamentales como la libertad de expresión y el pluralismo informativo.

La Corte determinó que los operadores no pueden imponer aplicaciones sin el consentimiento del usuario y que deben garantizar un acceso equitativo a todos los contenidos en línea. Sin embargo, la implementación de esta decisión se aplazó por un año para permitir que las empresas ajusten sus políticas.

¿Se eliminará el acceso gratuito a WhatsApp y otras aplicaciones?

La sentencia no prohíbe que los operadores ofrezcan aplicaciones sin consumo de datos, pero sí exige que los usuarios tengan la libertad de elegir cuáles desean incluir en sus planes. Esto significa que ya no serán los operadores quienes decidan qué aplicaciones son "gratis", sino que los usuarios podrán seleccionar según sus preferencias.

La abogada Ana Bejarano, quien lideró la demanda a través de la organización El Veinte, explicó que el objetivo es evitar que los usuarios de bajos recursos estén limitados a un conjunto reducido de aplicaciones determinadas por acuerdos comerciales entre operadores y grandes plataformas. Bejarano enfatizó que "tener acceso a Instagram no es estar conectado" y que se busca un acceso más amplio y libre a internet.

¿Qué implicaciones tiene el fallo para los usuarios y operadores en Colombia?

La reciente sentencia de la Corte Constitucional, que declara inconstitucional la práctica del zero rating, ha generado diversas reacciones en Colombia. Mientras algunos usuarios expresan preocupación por posibles aumentos en los costos de los planes de datos, expertos en derechos digitales destacan los beneficios a largo plazo de esta decisión.

La abogada Ana Bejarano, una de las impulsoras de la demanda, aclaró que el fallo no prohíbe el acceso gratuito a ciertas aplicaciones, sino que busca garantizar que los usuarios tengan la libertad de elegir cuáles aplicaciones desean utilizar sin consumir sus datos.

Esto significa que los operadores ya no podrán imponer un conjunto específico de aplicaciones "gratuitas" sin el consentimiento del usuario. Bejarano enfatizó que esta medida busca evitar una "internet segmentada", donde solo quienes tienen más recursos accedan a la red completa, mientras otros quedan limitados a unas pocas plataformas.

Por otro lado, expertos como Emmanuel Vargas, codirector de la ONG El Veinte, señaló (en una entrevista con La W) que la sentencia obliga al Estado colombiano, especialmente al MinTIC y la CRC, a establecer nuevas reglas que garanticen el acceso universal e igualitario a internet.

Vargas subrayó que esta responsabilidad no puede recaer únicamente en el mercado, sino que el Estado debe asegurar que no haya discriminación económica en el acceso a la red.

En cuanto a las empresas, la sentencia les otorga un plazo de un año para adaptar sus políticas comerciales. Durante este período deberán revisar sus ofertas de planes de datos, eliminar beneficios que privilegien ciertas apps y crear mecanismos que respeten la neutralidad de red, como permitir que los usuarios personalicen su paquete de aplicaciones.