A la espera de la votación en el Senado, en principio se aprobaría el endeudamiento con el FMI, que reemplazaría una deuda por otra, y conlleva un compromiso de desarrollar algunas medidas económicas, que finalmente no fueron incluidas en el proyecto que se discute en el Congreso. En tal sentido, lo ideal para un acuerdo con el FMI hubiese sido que 1) evite el default con ese organismo; 2) contenga un plan fiscal para reducir rápido el déficit fiscal y pase a superávit primario desde 2024, para que la situación fiscal resulte sustentable en el tiempo; 3) genere las bases para que Argentina vuelva a los mercados internacionales de deuda, que ayude a evitar un default de la deuda privada en moneda extranjera cuando aumenten notablemente los vencimientos en 2024; y 4) incluya algunas reformas en materia fiscal y laboral, que permitan salir de la decadencia económica y social en la cual se halla inmersa Argentina en décadas.

¿Qué se estaría logrando, en realidad, con el acuerdo en ciernes? Posiblemente evitar un default con el FMI (si cumplimos en el tiempo los compromisos asumidos), definir un sendero de reducción del déficit fiscal que llega al equilibrio recién en 2025, lo cual podría no ser suficiente para asegurar desde 2024 el cumplimiento de los pagos de la deuda en moneda extranjera con privados, a la vez que no incluye reformas estructurales en materia tributaria, previsional, del estado o laboral (aunque deja abierta la discusión a futuro para algunos de esos temas).

Pero existe un aporte que puede hacer este acuerdo a la economía y política del país, y se trata de darle algún marco a los dos últimos años de esta administración, que evite los típicos comportamientos oportunistas, y ayude a ponerle límites a la transición hacia otra administración, sea o no del mismo color político. Se podría tratar de un aporte no menor, dadas las características que adoptaron los últimos meses de las anteriores administraciones de gobierno, con una ex presidenta declarando públicamente que decidió gastar un punto extra del PIB en 2015 para fortalecer al entonces candidato oficialista, o lo ocurrido tras las PASO de 2019, en que el oficialismo de ese momento dispuso una batería de medidas tributarias y de gasto expansivas para mejorar las chances electorales de su candidato.

No obstante, una transición más o menos ordenada tampoco está del todo garantizada con el acuerdo, por dos motivos. En primer lugar, porque una vez se transite el año 2023, y si las encuestas en los meses previos a las elecciones resultan desfavorables para el oficialismo, aumentará la tentación por las políticas fiscales expansivas, ya sea para revertir el destino de los votos, o directamente empeorar la herencia para el que sigue. Dados los antecedentes de oportunismo en años electorales, este tema debería haber sido explícitamente previsto en el acuerdo, en que una revisión trimestral puede llegar tarde. En Argentina, en un mes la política te pueden tirar la casa por la ventana.

El segundo motivo está relacionado con el cambio de contexto: las medidas de contención fiscal incluidas en el acuerdo, que ya se dijo resultan relativamente laxas, se pensaron para un entorno internacional muy diferente al actual y al que puede prevalecer el año que viene. La fuerte suba en los precios de las commodities y de la energía que disparó la invasión rusa a Ucrania, podría generar un mayor valor de exportaciones de cereales y oleaginosas pero también un fuerte aumento en el valor del gas importado, con un resultado neto negativo para Argentina de alrededor de 2.300 millones de dólares. Divisas que saldrían de un país escaso de dólares en su banca central, y que pondrán en duda el cumplimiento de la meta de reservas internacionales.

En términos fiscales, si el ajuste de tarifas se ciñe a lo originalmente previsto, lo que ocurra con el comercio exterior de granos, oleaginosas y gas podría agregar un desbalance fiscal cercano a 0,8% del PIB, más que compensando el ahorro por el mencionado ajuste en tarifas, de modo que aún sin un desbande por el lado del gasto, el déficit primario este año podría resultar mayor al previsto en el acuerdo. Si eso ocurre, tampoco podrá cumplirse con que la asistencia del BCRA al Tesoro no supere el 1% del PIB, con lo cual la emisión de dinero (o de Leliqs) resultará mayor a lo previsto. Así, el nuevo contexto internacional dejará servido en bandeja un pedido de waiver frente al FMI, pero lo que no podrá evitar serán las repercusiones sobre la economía, en materia de precios y actividad.

Con mayor emisión de dinero que lo previsto, un tipo de cambio nominal que dejaría de rezagarse (aumentando en torno a 3% promedio mensual), ajuste de tarifas, una inercia salarial que viene por arriba de la inflación en los últimos meses, y la suba de precio de granos y derivados que genera la situación externa, difícilmente se cumpla que la inflación se ubique en un rango entre 38% y 48% este año, sino más bien podría superar la marca del año pasado. De hecho, la inflación en el primer bimestre ya representa un 23% del límite inferior establecido para la suba de precios en 2022, cuando ha transcurrido sólo 17% del año.

Con la herida expuesta de las escasas reservas internacionales de libre disponibilidad que dispone el BCRA (problema que no mejorará demasiado este año, y que induce a mantener un cepo férreo a la salida de dólares), las mayores tasas de interés y los efectos de la suba de tarifas y la inflación sobre los ingresos reales de los consumidores, difícilmente el PIB crezca este año más allá que lo que indica su arrastre estadístico inicial.

Para el final destacamos un aspecto positivo del debate de las últimas semanas, y es que se centró básicamente en la discusión sobre el sendero de reducción del déficit fiscal. Se necesitaba ir más rápido y con ajuste en el gasto, más que en algunos impuestos, pero dejó claro que no hay suba de la deuda si no hay déficit fiscal. Y aquí nadie puede tirar la primera piedra: el déficit financiero anual promedio del sector público nacional pasó de 1,4% del PIB en el primer período de Cristina Fernández a 4,3% en su segundo período, luego a 5,9% con la administración Macri y finalmente 6,7% anual promedio con Alberto Fernández. Porque lo generaron o lo heredaron, el déficit promedio creció con cada administración, y consecuentemente lo hizo la inflación promedio y el endeudamiento. Debería ser la primera lección para los votantes, y por supuesto para quienes les toca y les toque en el futuro conducir la economía argentina.