Ya decía un viejo líder de izquierda brasileño, Plínio de Arruda Sampaio, que la política brasileña tiene una constante: la conciliación de las elites. No importa cuán profundo sea el conflicto, siempre hay una ruptura momentánea entre sectores del poder que luego encuentran una nueva forma de convivir, incluso si eso implica alejar al pueblo del proceso político. Lo vimos en 1961 con la salida parlamentarista, en 1985 con el colegio electoral, y en las transiciones de los impeachments de Collor y Dilma donde el "Centrão" - grupo de parlamentarios de partidos de centroderecha de raigambre regionalista y populista- tomó las riendas de la transición política en Brasil. Hoy, en 2025, esa dinámica vuelve a activarse con la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro. La decisión del ministro Alexandre de Moraes de la Suprema Corte de Justicia de Brasil -STF-, de encarcelar al expresidente por violar medidas cautelares refleja un momento límite de la política brasileña. Más allá de las discusiones jurídicas sobre la proporcionalidad de la medida y la fragilidad del debido proceso, y principalmente las supuestas causas de un intento de golpe de estado del 8 de enero de 2023, lo cierto es que esta prisión a reconfigurado el tablero político brasileño. Que, además, con una economía estancada, inflación presionando, y la incertidumbre electoral de cara a 2026, la prisión de Bolsonaro marca un punto de inflexión en esta crisis. Desde el oficialismo, Lula ha respaldado sin fisuras al STF, mientras convierte el conflicto con Washington por las tarifas de importación y las sanciones vía Ley Magnitsky contra Moraes, en un eje discursivo sobre soberanía. Sin embargo, este discurso contrasta con su pérdida de base de apoyo en el Congreso y el aislamiento que enfrenta su gobierno con sectores económicos clave como la Faria Lima - sector financiero-. En el Congreso, la reacción ha sido contundente. El Centrão, esa fuerza amorfa pero poderosa que atraviesa ideologías, ha retomado nuevamente protagonismo como articulador de la gobernabilidad. Diputados y senadores ligados al bolsonarismo y al Centrão han comenzado a bloquear votaciones y han intensificado los pedidos de impeachment contra Moraes. Las manifestaciones nacionales masivas del último 3 de agosto mostraron que la derecha, aunque sin su líder en las calles, conserva músculo movilizador. Y a la par, crece en el Congreso la idea de que el STF, lejos de proteger la democracia, la ha personalizado con tintes dictatoriales como rescata el periodista Glenn Greenwald. Pero lo más interesante no está solo en la protesta, sino en la propuesta. En medio del caos, se empieza a delinear una posible salida negociada. Surge la figura de Tarcísio de Freitas, gobernador de San Pablo y exministro de Bolsonaro. Su discurso, crítico del STF pero cuidadoso, comienza a ser percibido como una opción de equilibrio. No es un outsider. Es parte del sistema. Su cercanía con sectores del empresariado paulista y su vínculo con el Centrão lo convierten en una alternativa real para una eventual transición pactada. Este movimiento recuerda a los acuerdos políticos que construyeron la salida negociada de los dos juicios políticos que sufrió Brasil en su historia, tanto con Collor como con Dilma. No se trata de una revolución, sino de una restauración pragmática: preservar la democracia a través de una redistribución del poder entre elites políticas. Y el pueblo, una vez más, queda como espectador, ya que los millones de votos populares que llevaron a Lula y Bolsonaro a la cima parecen ahora menos determinantes que las maniobras parlamentarias. La crisis actual puede ser el punto de partida de una ingeniería institucional inédita: un presidente envejecido y débil enfrentado a un Congreso fortalecido, con un STF bajo presión por primera vez y con la posibilidad, por primera vez en la historia brasileña, de enfrentar el juicio político de uno de sus miembros. Debemos entender que solo el hecho de protocolizar el pedido de juicio político en el Senado a un miembro de la Corte Suprema de Justicia significa un golpe monumental a su posición de poder político frente al resto de los Poderes Constitucionales, construida desde hace más de veinte años atrás con el primer gran escándalo de corrupción de Lula que fue el "Mensalão". En este contexto, el Centrão, la Faria Lima y los industriales parecen ya trabajar en esa salida negociada. Tarcísio es la cara visible. Pero el objetivo es más profundo, lo que se busca es reconfigurar el equilibrio de poderes, limitar la autonomía del STF, y restaurar un clima de gobernabilidad sin polarización extrema. Si esta hipótesis se confirma en los próximos meses, no estaremos simplemente ante una elección presidencial más, sino ante una reestructuración del pacto político brasileño. Y como advertía Plínio de Arruda Sampaio, ese pacto siempre se firma entre pocos, con letra chica, y lejos del pueblo.