El presidente Javier Milei le estampó la firma al proyecto oficial de modernización laboral. El misterio llegó a su fin y las cartas con las que quiere jugar el Poder Ejecutivo quedaron sobre la mesa. Lo que será interesante evaluar, apenas comience la negociación en el Senado, es cuáles son los puntos de la ley que entran dentro de las prioridades, y cuáles son los que pueden ser sometidos a una negociación.
La discusión pública, con la CGT lanzada a una dinámica de enfrentamiento, seguramente quedará atraída por las cuestiones más discutidas (como habilitar jornadas de hasta 12 horas) que no son necesariamente las más esenciales.
Es lógico que una actualización de la Ley de Contrato de Trabajo genere debate público y hasta peleas políticas. Pero la CGT nunca va a explicitar que esta pulseada afecta a la mitad de los asalariados, porque la restante ni siquiera tiene derechos laborales.
Tampoco va a remarcar que todo lo que plasme el proyecto que entró al Congreso son cláusulas genéricas que luego deben ser incorporadas por los convenios colectivos. En resumen, la sola aprobación de la Modernización Laboral no va a afectar derechos, hasta tanto sean convalidados en una paritaria por el sector empleador y el sindicato correspondiente.
Si el Gobierno aspira a avanzar con cierta rapidez en este debate, debe esforzarse por poner al empleo en el centro de la discusión.
Y aquí vale decir que el proyecto oficial contiene varios segmentos relevantes, vinculados -en casi todos los casos- con el costo actual de tener un empleado formalizado. Por empezar, incorpora una reducción de tres puntos de los aportes que hoy pagan las empresas a la seguridad social, que para el caso de las grandes y medianas bajarán de 20,4% a 17,4%, y para las pymes descenderá de 18% a 15%.
Luego habrá un régimen de incentivo a la formalización, que podrá ser aplicado para los siguientes casos: personas que no hayan tenido un trabajo registrado el 10 de diciembre; los desempleados que tengan más de seis meses en esa condición: los monotributistas de cualquier categoría (muchas empresas hoy contratan por esta vía para ahorrar costos) y por último, exempleados del sector público en cualquiera de sus niveles.
Para las nuevas relaciones laborales dadas de alta con la aplicación de esta ley, el empleador deberá depositar 2% en concepto de alícuota a la seguridad social y 3% para el PAMI, El beneficio tendrá una vigencia de 48 meses.
Para aquellos empleadores que hayan sido ya sancionados por tener empleados en negro, se crea además un régimen de condonación de deudas, multas e infracciones y la extinción de la acción penal prevista en la ley Penal Tributaria.
Estas disposiciones no incluyen otras acciones o mejoras impositivas, como la reducción de la tasa de Ganancia, la baja de impuestos internos o el RIMI para inversiones medianas, con las que se espera darle mayor espacio a las empresas para desplegar proyectos productivos y contratar personal. Es una ley que tendrá costo fiscal, pero con una negociación bien llevada, debería transformarse en la primera reforma de segunda generación de la gestión Milei.
