Cuando el presidente Javier Milei asumió a fines de 2023, se enfrentó a la monumental tarea de reconstruir un país con una economía devastada. Igual de desolador era el panorama en materia de litigios internacionales, pues se enfrentaban juicios que en conjunto superan los 25.000 millones de dólares. No se trata de cifras abstractas. Son las consecuencias concretas de políticas populistas y del intervencionismo económico de gobiernos anteriores, que avanzaron sin medir los potenciales costos que sus decisiones traerían para generaciones futuras. Hoy la Argentina enfrenta una herencia que compromete tanto su estabilidad económica como su credibilidad internacional. Lo que encontramos no fue un único litigio, sino un verdadero entramado de frentes judiciales abiertos en distintas jurisdicciones. Persistían reclamos de los holdouts que no habían ingresado a los canjes de deuda, sumados a juicios relacionados con cupón PBI bajo ley de Nueva York y también bajo legislación británica en Londres. A esto se sumaban numerosos arbitrajes ante el CIADI, institución dependiente del Banco Mundial que entiende en disputas entre Estados e inversores extranjeros. En conjunto, se trata de una constelación de causas que son la consecuencia de decisiones vinculadas con la intervención estatal en la economía. Entre esas causas, el caso YPF ocupa un lugar central, que ya estaba en una etapa crítica cuando este gobierno asumió. La expropiación del 51% de la compañía dio lugar a este litigio y, en 2023, meses antes de asumir el presidente Milei, los tribunales neoyorkinos dictaron una sentencia en contra de la República Argentina que la condena a pagar más de 16.000 millones de dólares más intereses. Es decir, se heredó la defensa del caso en una etapa procesal avanzada y con una decisión fuertemente adversa. Ante esta situación, el Gobierno se encuentra desplegando su estrategia en múltiples frentes con el objetivo de revertir los efectos de una condena que amenaza con convertirse en la más onerosa de la historia argentina. Los mejores equipos jurídicos del Estado, al más alto nivel, se encuentran trabajando infatigable y coordinadamente a tal fin. El compromiso con el interés nacional es absoluto e inclaudicable. Por eso no sorprende que los avances empiecen a verse en hechos concretos: en menos de un año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se presentó en dos oportunidades en apoyo de la posición argentina; la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York suspendió la orden que pretendía transferir el 51% de las acciones de YPF, protegiendo así un patrimonio estratégico para el país; y la Justicia de Irlanda rechazó el pedido de reconocimiento de la sentencia dictada en Nueva York para ejecutarse también allí. Son logros que fortalecen la posición argentina y que marcan un contraste evidente con las gestiones pasadas. Es precisamente en este contexto, y ante la cercanía de la audiencia de apelación que tendrá lugar el 29 de octubre, que aparecen operadores interesados en debilitar la defensa argentina. Algunos provienen del extranjero, pero los más dañinos son ciertos actores locales que, sin representar al Estado ni tener mandato alguno, pretenden hablar en nombre del país. Bajo una falsa bandera de patriotismo, intentan sembrar dudas sobre la posición del país y confundir a la opinión pública. Vemos operaciones mediáticas, declaraciones falaces y críticas sin sustento que buscan minar la confianza de los argentinos en su propia defensa. No representan a la Argentina ni defienden nuestros intereses; representan únicamente sus propios negocios. Ahora bien, tengan presente que el Gobierno no se dejará distraer ni amedrentar. Nuestra obligación es con todos los argentinos de bien. Por eso, como nunca antes, estamos comprometidos con la verdad, con la ley y con la defensa irrestricta de los intereses nacionales. Ello implica que no permitiremos que se enriquezcan a costa del país quienes participaron de una de las maniobras más ruinosas de nuestra historia, ni que condicionen la estrategia operadores que quieren sacar ventaja de la situación para su beneficio económico o político. Con ese compromiso actuamos en este litigio, sabiendo que cada paso que damos incide en el futuro del país y en la posibilidad de consolidar una economía estable como la que, tras más de 100 años de decadencia, nos merecemos.