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La República Argentina presentó formalmente ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos sus fundamentos de apelación contra la reciente orden de la jueza Loretta Preska que pone en riesgo el 51% de las acciones de la YPF.
Dicha orden obligaba al Estado argentino a transferir a Nueva York su participación accionaria del 51% en la petrolera con participación mayoritaria del Estado nacional para una posible ejecución, en el marco de los litigios conocidos como "Petersen/Eton Park" y "Bainbridge".
Entre los argumentos, Argentina sostiene que la orden es "sin precedentes" y viola principios fundamentales del derecho internacional y la legislación estadounidense. El objetivo principal de la presentación es reafirmar el respeto a la soberanía de los Estados y las normas que protegen los activos soberanos.
Pilares de la apelación
La defensa legal argentina que lidera la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) junto con el cuerpo de abogados del Estado que encabeza Santiago Castro Videla junto a estudios de EEUU, resumió de esta manera: se estructura en cuatro argumentos principales, buscando la revocación de la decisión de primera instancia.
Por un lado, apunta:
1.Violación de la Inmunidad Soberana. La presentación subraya que tanto la práctica como el derecho de EE. UU. protegen la propiedad de un Estado en el extranjero frente a embargos. La Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) de 1976 solo estableció excepciones de ejecución para bienes situados dentro del territorio estadounidense, nunca para activos ubicados fuera.
2. Interpretación Errónea del Derecho de Nueva York. Se argumenta que se aplicó de manera incorrecta la norma de "turnover" (C.P.L.R. § 5225), la cual no fue diseñada para forzar a un Estado soberano a trasladar activos desde su propio territorio.
3. Inaplicabilidad de la FSIA al Caso YPF. Argentina enfatiza que las acciones de YPF no cumplen con los requisitos de la FSIA para ser sujetas a ejecución en EE. UU. Las acciones no están "en los Estados Unidos" ni fueron "utilizadas en una actividad comercial en EE. UU." que diera origen al reclamo.
4. Desconocimiento del Derecho Argentino e Internacional. La orden judicial forzaría a la República Argentina a ignorar su propia legislación, que exige la aprobación del Congreso por mayoría especial desde 2012 para cualquier transferencia de esas acciones. Además, contraviene el principio de cortesía internacional (comity) y la doctrina del acto de Estado (act-of-state doctrine), fundamentales en las relaciones entre naciones.
Advertencia del Gobierno de EE. UU.
Un punto destacado en la presentación argentina es el apoyo indirecto recibido previamente del Gobierno de los Estados Unidos, que en dos ocasiones advirtió sobre las implicaciones de la orden de la jueza Preska.
La administración norteamericana señaló que esta medida "no tiene precedentes" y, de ser confirmada, pondría en riesgo los intereses de EE. UU. en el exterior al sentar un peligroso precedente que podría abrir la puerta a represalias contra activos estadounidenses en otros países.
Argentina manifiesta su firme convicción de que la Corte de Apelaciones revertirá la decisión, protegiendo así la inmunidad soberana y los principios básicos del derecho internacional.
La jueza Preska ordenó a la Argentina pagar u$s 16.100 millones a los demandantes (Burford y Eton Park). Como el país no siguió esa orden, luego le ordenó que transfiera el 51% de las acciones de la petrolera -en manos del Estado nacional- a los fondos que litigan contra el país.
Argentina pidió un "stay", una suerte de medida de no innovar ante la Cámara de Apelaciones (Segundo Circuito), mientras espera que esa misma instancia resuelva sobre el fallo de Preska.
