En términos futbolísticos, se podría decir que el Gobierno consiguió un “buen resultado” en el partido de ida. El proyecto para incentivar a los argentinos a utilizar los “dólares que tienen bajo el colchón”, conocido bajo el nombre del “Principio de Inocencia Fiscal”, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
Solo falta que el Senado dé el “ok definitivo” para que se transforme en ley. A priori, la iniciativa, cuyos detalles oficiales fueron difundidos por el Consejo de Mayo, propone un cambio radical en la relación entre el Estado y los contribuyentes.
Lo más importante, según destaca el documento, es que se abandonaría el esquema presuntivo y punitivo que trataba a los ciudadanos como potenciales evasores, para reemplazarlo por un régimen en el que regiría la presunción de inocencia.
Entonces, lo que quiere instalar el Ejecutivo es que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será quien deba “demostrar irregularidades”, por lo tanto, ello no recaerá en el contribuyente.
En síntesis, el proyecto de “inocencia fiscal” contiene tres patas:
- Brindar incentivos a la regularización voluntaria, equilibrando la potestad sancionatoria del Estado.
- Simplificar las obligaciones de los contribuyentes.
- Promover una relación “más transparente” en la relación fisco-contribuyentes.
En este caso, el Ejecutivo quiere que el proyecto tenga validez, dado que, en mayo de este año, intentó promover el “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos”, una iniciativa que cumplía con el objetivo de incentivar a los ciudadanos a que vuelquen sus ahorros en la economía.
Luego de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Economía, el Banco Central (BCRA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Gobierno impulsó el régimen simplificado de Ganancias, un aumento de los umbrales para operaciones bancarias/billeteras virtuales y la derogación de ciertos regímenes informativos.
La propuesta no prosperó. En el medio, también surgió un “contrincante”: los diputados Ricardo López Murphy y Oscar Carreño presentaron un proyecto para modificar el Régimen Penal Tributario -Ley 24.769- y la Ley 27.430 de impuesto a las Ganancias.
Ahora, con mayor número de legisladores de La Libertad Avanza (LLA), sumado a posibles “aliados” de otros espacios, la administración de Javier Milei pareciera tener el camino allanado en la cámara baja.
La propuesta fue enviada a mediados de junio de 2025 y, después de siete meses, ya obtuvo media sanción en Diputados. Lo mismo ocurrió con el Presupuesto 2026.
Por qué el proyecto de “inocencia fiscal” no es considerado un blanqueo
Pueden surgir confusiones. Incentivar a los argentinos a “sacar los dólares del colchón” y volcarlos en la economía no debe entenderse como “un blanqueo”.
Un documento que publicó el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, compara ambos esquemas.
“De los términos y alcance del proyecto, no se desprende que se incluya un régimen de blanqueo de bienes. Lo que intenta regularse es un nuevo mecanismo de liquidación del impuesto a las Ganancias, dirigido a un grupo específico de contribuyentes, que apunta a simplificar las tareas de determinación del impuesto”, señalan en primer término.
No obstante, también consideran que la eliminación de la obligación de informar el cuadro de variaciones patrimoniales y la adhesión al régimen simplificado de Ganancias, “no libera al contribuyente de futuras fiscalizaciones”.
Esto ocurre porque ARCA conserva, según mencionan desde Ieral, “la potestad de impugnar las declaraciones juradas presentadas en caso de que se detecten discrepancias significativas”.
No hay semejanzas entre un blanqueo y el plan para que los dólares del colchón se vuelquen, según prevé el gobierno de Javier Milei, en la economía.
Ya lo dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en un evento de la Fundación IEB: hay alrededor de u$s 200.000 millones en los colchones. ¿Qué busca? Que esos ahorros vayan al consumo.
Inocencia fiscal: una por una, las claves del proyecto que busca los “dólares del colchón”
El “Principio de Inocencia Fiscal” contempla una serie de cambios en la modernización del Régimen Penal Tributario, la simplificación del Procedimiento Tributario y la creación de un Régimen Simplificado de Declaración Jurada.
Régimen Penal Tributario
El proyecto actualiza los montos mínimos que determinan la configuración de delitos tributarios. A continuación, algunos ejemplos:
- Evasión simple: el umbral pasaría de $ 1,5 millones a $ 100 millones. Se trata de una modificación que afecta al primer párrafo del artículo 1° del Régimen Penal Tributario.
- Evasión agravada: el umbral pasaría de $ 15 millones a $ 1.000 millones. Se trata una modificación que afecta al inciso a) del artículo 2° del Régimen Penal Tributario.
- Facturas apócrifas: el umbral pasaría de $ 1,5 millones a $ 100 millones. Se trata de una modificación que afectaría al inciso d) del artículo 2° del Régimen Penal Tributario.
Además, la normativa introduce un mecanismo de extinción de la acción penal mediante el pago íntegro de las deudas e intereses o, en caso de haberse iniciado el proceso penal, mediante el pago adicional del 50 % del monto adeudado dentro de los treinta días hábiles posteriores a la imputación.
Procedimiento Tributario
En cuanto a los procedimientos administrativos y los plazos de prescripción tributaria previstos en la Ley 11.683, se propone reducir el plazo general de prescripción, destinado a los contribuyentes que presenten en término sus declaraciones juradas y no registren discrepancias sustanciales con la información del fisco.
También se aplicarían las siguientes modificaciones:
- Multas: se actualizan los montos (por ejemplo, de $ 200 a $ 220.000 y de $ 400 a $ 440.000).
- Prescripción: cinco años para contribuyentes inscriptos (general), tres años para contribuyentes inscriptos -si la declaración es presentada en término y sin discrepancias significativas- (reducida) y diez años para no inscriptos.
Régimen Simplificado de Ganancias
Este esquema se destinará a personas humanas y sucesiones indivisas -residentes en el país- con ingresos de hasta $ 1.000 millones y patrimonio inferior a $ 10.000 millones.
“La Administración Federal podrá proponer una declaración prearmada, que el contribuyente podrá aceptar con efecto liberatorio total del impuesto y presunción de exactitud, salvo que se detecten discrepancias graves o documentación apócrifa”, señala el documento final del Consejo de Mayo.
El fisco podrá impugnar la declaración jurada del contribuyente cuando encuentre "una discrepancia significativa entre la información declarada y la información disponible en sus sistemas o proporcionada por terceros”.
