El Gobierno revisa su estrategia para el Presupuesto 2026 y se propone llegar con un proyecto consensuado. Por eso se abrieron los canales con los espacios dialoguistas y se contempla incluir algunos de los puntos que reclaman. En el medio, la meta fiscal acordada con el FMI.
El Gobierno estableció en el presupuesto que espera en 2025 alcanzar un superávit primario de 1,5%, mientras que en el acuerdo con el FMI se había estipulado que este sería de 1,6%. Para 2026, proyectan que será del mismo nivel (1,5%), mientras que las proyecciones del organismo lo ubican en 2,2%. Para el resultado financiero, el FMI proyecta que este año será de 0,4%, mientras que para el año próximo será de 0%.
El proyecto será tratado en sesiones extraordinarias, que comenzarán una vez renovado el Congreso el 10 de diciembre y se mantendrán hasta el 31 del mismo mes. El presupuesto será el tema principal de esa etapa de las sesiones.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sostuvo que “la única línea que no se cruza es la del equilibrio fiscal. A partir de ahí, cualquier discusión se puede tener, siempre y cuando no altere el equilibrio fiscal y las prioridades de gestión”.
Es por eso que se aceleraron los procesos de negociaciones con los diputados dialoguistas y los gobernadores para analizar qué elementos pueden ser incluidos en el proyecto final con el que se insistirá.
Por lo pronto, primero deberá darse la jura de los nuevos diputados, donde el oficialismo ampliará su bloque significativamente. Luego, la convocatoria formal a sesiones extraordinarias para allí constituir nuevamente la comisión de Presupuesto y Hacienda. Una vez constituida, el oficialismo buscará los nuevos dictámenes, que ya podrá tratar con los cambios que acuerde. Recién entonces podrá pasar al recinto.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, explicó que intentarán incluir una mayor participación de rutas y obras dentro del presupuesto, además de la deuda previsional que mantiene la Nación con la provincia que, sostiene, asciende a $ 20.000 millones por mes. Desde Córdoba estiman que el déficit en la partida jubilatoria supera los $ 800.000 millones.
Son trece las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación y que esperan que se incluya al menos una parte de la compensación. La provincia de Buenos Aires reclama una deuda previsional de $ 1,7 billones, más otro billón por Compensación del Consenso Fiscal, entre otros. En total, los reclamos de la provincia suman $ 13 billones.
Otras provincias también confían en que podrá incluirse el financiamiento para rutas, en especial dado que el Gobierno nacional transfirió la titularidad de varias rutas nacionales. Sin embargo, también consideran la opción de que se concreten las transferencias de los créditos ya aprobados por organismos internacionales que fueron frenados por Nación. Estas negociaciones se mantienen hoy en día mano a mano con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Los bloques dialoguistas ya plantearon que insistirán con cambios que fueron tratados o tuvieron disidencias en el voto en comisión.
El primero de ellos será que se cumpla con la regla fiscal y establecer prioridades. En el caso del bloque de la UCR piden que, en el caso de que haya un aumento de los ingresos fiscales por encima de lo presupuestado, se le dé prioridad a otorgar un aumento a los jubilados.
Otro planteo de los dialoguistas es que se coparticipe lo recaudado por el impuesto a los combustibles. El argumento es que el tributo tenía una serie de asignaciones específicas que se vieron paralizadas, como el Fondo Nacional de la Vivienda, el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica y de Transporte y el Fondo de Compensación del Transporte Público. Tras la parálisis de las partidas, los gobernadores impulsaron el reclamo para que el tributo se distribuya con criterios de la coparticipación.
Lo recaudado por el impuesto a los combustibles crecerá el año próximo y pasará de representar el 0,5% del PBI al 0,7%, explicando ingresos por $ 7,6 billones.
En el mismo reclamo está la distribución por coparticipación del 1% de los Aportes del Tesoro Nacional, que se manejan en su mayoría con discrecionalidad.
También piden que se incluya en la ley el financiamiento para las tres leyes que fueron aprobadas por el Congreso: la emergencia en discapacidad, la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.
En el caso de la emergencia en discapacidad, el impacto fiscal asciende a 0,5% del PBI si se incluye su duración hasta diciembre de 2026. En el caso de emergencia pediátrica, desde la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), consideraron que la ley no conlleva un costo fiscal adicional dado que plantea solo la reasignación de recursos. Para la ley de Financiamiento Universitario, desde la OPC estimaron un costo fiscal de 0,23% del PBI hasta finales de 2025, incluyendo la recomposición de los gastos de funcionamiento de 2024 y la actualización de salarios y becas.
Los gobernadores buscan también garantizarse los avales necesarios de Nación para conseguir financiamiento externo de manera directa, así como la distribución de subsidios al transporte.
Un tema que flota encima de las negociaciones es la coparticipación. Las provincias volverán a insistir en que haya cambios en la distribución de los impuestos mientras que CABA quiere que se incluya la deuda que la Corte Suprema forzó a que se le pague.
