La intervención dispuesta por el gobierno de Javier Milei a una de las obras sociales más grandes del país está a punto de entrar en un punto de no retorno en su conflicto con el gremio que la conducía. Porque, a la baja de una serie de contratos millonarios que se sucedieron en las últimas semanas y la resolución que prorroga el rol del administrador designado por el Ejecutivo, le seguirá el desalojo de las autoridades sindicales del edificio que ocupa en la actualidad en concepto de comodato.
Según informaron fuentes del Gobierno nacional a El Cronista, ya está firmada la resolución que pone fin al uso de los pisos que albergan hoy a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en el edificio que comparte con la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). Resta solo la notificación por carta documento del interventor Marcelo Petroni demandando su desalojo.
En el edificio de la calle Reconquista 630 conviven en pisos intercalados y hasta compartidos las autoridades que desembarcaron con la intervención de Petroni, dispuesta en octubre pasado por el ministro de Salud, Mario Lugones, con la dirigencia de UATRE, liderada por José Voytenco. Hace solo diez días, se publicó la resolución del Ejecutivo renovando por 180 días la designación del administrador al frente de OSPRERA, a donde llegó en noviembre del año pasado en reemplazo de Virginia Montero.
El día a día es tenso dentro del edificio en común. Al punto que en algunos pisos se cruzan efectivos de fuerzas federales dispuestas por la Justicia, personal de seguridad privada contratado por la intervención y los propios custodios de UATRE. Si bien no hay un gasto que justifique la baja del comodato -como sucedió con otros contratos en los que se alegó irregularidades que alimentan una deuda millonaria de la obra social- la decisión parece reposar más en argumentos vinculados con las constantes filtraciones que percibe la administración nombrada por Salud.
La intervención a cargo Petroni responde directamente a la Superintendencia de Servicios de Salud, dentro de la órbita del Ministerio de Salud cuya autoridad, Mario Lugones, es el padre del socio de Santiago Caputo en sus tiempos como consultores. Según consta en la Resolución 2025-1587-APN-MS, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025 se redujo el déficit mensual de$ 4.200 millones en un 52% a partir de una reasignación de recursos, mayores controles y baja de contratos y personal.
De acuerdo a las nuevas autoridades, sin embargo,la obra social mantiene un pasivo de $97.000 millones. Gran parte lo explican por cuentas impagas con droguerías, clínicas, diversos prestadores de servicios y una abultada factura de hospitales provinciales a los que se adeuda la atención de las y los afiliados que asisten a estos centros de salud. En este sentido, son recurrentes los llamados desde las diversas gobernaciones para reclamar por esos fondos. Y quien concentra el grueso de ese pasivo es la Provincia de Buenos Aires.
En esta segunda fase de la intervención, el objetivo que se prefijaron las autoridades es llevar las cuentas a un equilibrio en el transcurso de los próximos meses. Contemplan, como un horizonte probable, el mes de enero luego de los dos aportes extraordinarios que suelen ingresar con los aguinaldos de junio y diciembre. Puertas adentro hablan de "un proceso de saneamiento financiero, reorganización institucional y mejora integral de las prestaciones" para los más de 700.000 afiliados.
"Durante estos meses, la gestión encabezada por el Dr. Marcelo Petroni implementó una batería de medidas orientadas a ordenar las cuentas, garantizar la continuidad de las prestaciones y recuperar el rol social de la institución", sostiene la conducción de OSPRERA en un comunicado. Describe, entre sus logros, la regularización de la provisión de medicamentos mediante nuevos acuerdos con droguerías, la reestructuración del sistema de atención sin intermediarios y con trazabilidad directa y el fortalecimiento de la red prestacional con más servicios médicos en todas las provincias.
Con respecto al personal, desde la intervención notificaron que se dieron de baja 120 cargos y se dio el alta a 72 personas, mayormente avocadas a tareas de modernización tecnológica y datos. En paralelo, se redujo la masa salarial un 17%, acorde a los balances de la administración designada por Milei. Sostienen que el decreto 1045/24 que fija una Guía de Buenas Prácticas para Interventor del Agente del Seguro de Salud fija la obligatoriedad de corregir la administración de los recursos y la prestación de servicios de salud a los beneficiarios, "propendiendo a la normalización de la situación institucional".
De hecho, en el detalle de procedimientos que fija la Guía se estipulan auditorías y fiscalizaciones que tiendan a sanear los números hasta conseguir un equilibrio en las cuentas. Específicamente en su punto 4, establece que "no se realizarán pagos de ninguna índole desde la obra social hacia el sindicato o federación" y "en caso de existir algún convenio o marco de relación onerosa el mismo será rescindido".
Según un informe de la Subgerencia de Articulación de los Integrantes del Sistema de Salud "se produjo una representativa disminución de la cantidad de reclamos de beneficiarios encuadrados en la Resolución de la Superintendencia N° 075/98, reflejando una reducción del 21 % entre el primer y segundo semestre de 2024 y del 43 % al comparar el primer trimestre de 2024 con igual período de 2025.
OSPRERA baja dos contratos millonarios y prepara una denuncia contra Voytenco
Durante las últimas dos semanas,la intervención avanzó con la baja de dos contratos, uno de los cuales representaba una millonaria erogación de $700 millones por mes. Se trataba de un esquema tercerizado de atención presencial a través de personal sindical, por medio del cual se extendían vales de atención en oficinas de UATRE para recibir las prestaciones. Acorde al balance presentado por las autoridades de la obra social, un sistema "opaco, obsoleto y sin trazabilidad" que "fue sustituido por una red más moderna, digital y transparente, basada en canales oficiales, telemedicina y atención telefónica directa".
Las autoridades alegan que el nuevo esquema descentralizado permitirá que las y los afiliados accedan a sus prestaciones sin depender de intermediarios y con mayor equidad territorial, indicaron fuentes de la intervención. Incluirá un servicio de telemedicina para consultas desde cualquier computadora o celular y atención vía call center. Así y todo se mantendrá la entrega de vales en las delegaciones oficiales de OSPRERA, con control y trazabilidad directa de la obra social.
El segundo contrato que se dio de baja luego de un proceso de auditoría y reordenamiento comprende un contrato de $60 millones mensuales por alojamiento de afiliados y acompañantes en hoteles del gremio con los cuales se fijaban convenios. Según los argumentos de la intervención, estadías "sin justificación médica ni auditorías válidas", por lo que la atención hotelera se reasignó a terceros prestadores "con mejores condiciones, mayor control y costos razonables".
"En cumplimiento del Decreto 1045/2024 y en el marco del plan de saneamiento institucional, OSPRERA ha dispuesto la rescisión del convenio", informaron las autoridades oportunamente. Acorde a fuentes de la actual conducción de OSPRERA, la decisión de dar marcha atrás con este convenio respondió a "múltiples incumplimientos contractuales por parte del sindicato, la falta de controles adecuados sobre los recursos y el objetivo central de redireccionar los fondos hacia la salud de los afiliados".
Desde UATRE, no respondieron a la consulta de El Cronista al momento de publicar este artículo. Sin embargo, a través de sus comunicados informaron que denunciarían a Lugones, Petroni y el superintendente de Servicios de la Salud, Gabriel Oriolo, por "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, y abandono de persona seguido de muerte" respecto a un trabajador que recibía tratamiento oncológico y había dejado de hacerlo.
En la misma línea, la intervención advierte que el gremio exhorta a las y los afiliados a presentar ante ellos cualquier requerimiento de servicios en la obra social, lo que viola la normativa. En consecuencia, evalúan avanzar con una nueva denuncia penal contra Voytenco, en una espiral de presentaciones judiciales cruzadas entre la dirección del gremio y la obra social.
En febrero pasado, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió a favor del Gobierno ante una medida cautelar que había interpuesto José Voytenco, el líder de UATRE, a partir de una puja legal que arrancó en 2024 con la intervención dispuesta desde el Ejecutivo nacional sobre OSPRERA.El secretario general de UATRE buscó resistir la decisión del Gobierno de avanzar sobre el control de la misma alegando falta de trasparencia y múltiples irregularidades.
En calidad de presidente del Consejo Directivo de OSPRERA y secretario general de UATRE, Voytenco interpuso un pedido de medida cautelar contra el decreto N° 1054/2024 por el cual se designó a Petroni como interventor y todos los actos administrativos previos que abrieron camino a esa decisión, empezando por la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud RESOL-2024-3948 -APNSSS#MS, del 26 de octubre de 2024.
A la vez, el dirigente gremial ruralista reclamó con ese recurso que la Cámara reponga las autoridades originales de la OSPRERA y "se libre oficio al Banco de la Nación Argentina -y toda entidad bancaria que corresponda- comunicando dicha circunstancia".
Sin embargo, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió rechazar la cautelar en línea con el dictamen del fiscal general interino. Y resolvió no dar curso a la cautelar solicitada aunque aclaró que se reservaba aún su decisión sobre la cuestión de fondo.
"Este Tribunal considera que la medida cautelar peticionada no resulta prima facie procedente, por lo que corresponde su desestimación, sin que la iniciativa implique sentar posición definitiva sobre el fondo del asunto y la controversia que subyace, sino -simplemente- desestimar la medida solicitada", aclaró el tribunal de alzada.
Desde el Gobierno remarcaron que este fallo representa "un fuerte respaldo institucional a la labor que viene desarrollando la intervención para recuperar y transparentar la gestión de OSPRERA, afectada por graves irregularidades y una deuda que supera los $97.889 millones, originada en la gestión de Voytenko". Entonces, desde el gremio, también evitaron manifestar opiniones sobre la decisión de la Cámara.
