Mientras que la Auditoría General de la Nación (AGN) advierte que su parálisis es insostenible, el Congreso mantiene en vilo una definición por la falta de acuerdo político ante el nombramiento de los auditores vencidos. Para suplir el bloqueo, en el gobierno de Javier Milei analizan impulsar una reforma por DNU para ampliar la cantidad de auditores y cortarles los años de mandato.
El problema que atraviesa la AGN
Los mandatos vencidos en abril de los auditores designados por el Senado, Graciela De la Rosa, Alejandro Nieva y Javier Fernández, dejaron bloqueado al organismo de control externo con rango constitucional, ya que desde el año pasado también se encontraban caducados los cargos designados por la Cámara de Diputados, Juan Forlón y Gabriel Mihura Estrada (el tercer lugar correspondía a Miguel Ángel Pichetto, quien renunció en 2023 para asumir como diputado nacional).
El único auditor en pie es el presidente Juan Manuel Olmos, quien no tiene la facultad de aprobar los informes de la AGN y, por tanto, el cuerpo no puede continuar con su normal funcionamiento. "Hay plazos vencidos de la gerencia de préstamos internacionales y convenios de empresas públicas que contratan a la AGN. Acá se pone en juego la reputación del país", advirtió ante El Cronista una fuente al tanto de los movimientos en la AGN.
Cada auditor auxiliar tiene jurisdicción en distintas gerencias, que se encargan de trabajar los informes, y luego ellos los votan. Al aprobarlos, se elevan a la comisión Mixta Revisora de Cuentas. El problema es que no hay manera de avanzar con ningún informe porque, al no haber auditores, estos no pueden aprobarse.
Desde el Observatorio del Control Público de la Fundación Éforo además hacen hincapié en el vacío legal que permite que hoy se trabe políticamente la elección de los auditores.
"Hay una necesidad de poner en agenda una discusión postergada. Todo el mundo se olvida de la reglamentación del artículo 85 de la Constitución, se debe hacer hace 30 años y nadie se anima por lo que hoy lo está trabando", puntualizó en diálogo con El Cronista su directora, Carla Pitiot. Exdiputada del Frente Renovador, además se desempeñó en la gerencia de Administración y Finanzas y del control empresas y sociedades del Estado en la AGN desde 1993 hasta el 2015 y fue miembro de la Comisión Directiva de Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) hasta hace un año.
El planteo refiere a que desde la reforma de 1994 la AGN obtuvo jerarquía constitucional a través del artículo 85, el cual dispone únicamente que su Presidente deberá ser designado por propuesta del partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso y, lo demás, depende de "la ley que reglamente su creación y funcionamiento".
La ley que la creó, dos años más antigua que la reforma, es la 24.156: si bien determina los alcances de la Auditoría, en lo que respecta de la elección de auditores hay un hueco. La ley establece que dichos auditores serán designados tres por el Senado y tres por Diputados, "observando la composición de cada Cámara", lo cual deja abierta la puerta a que, en definitiva, dependa lisa y llanamente de la rosca política. En esencia, es una normativa que establece solo disposiciones generales sobre el funcionamiento de la AGN y no existe todavía una ley que la reglamente.
Cuáles son los proyectos de ley para reformar la AGN
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el senador de UP, José Mayans, este año presentaron sus proyectos para reglamentar la AGN y, si bien tienen diferencias, hay muchos puntos en común que podrían desembocar en un acuerdo entre el peronismo y el oficialismo para resolver la problemática. El escenario, de todos modos, asoma complejo.
Por un lado, el proyecto de LLA plantea sumar un auditor a cargo de Diputados en detrimento del Senado, algo que rechazaron rotundamente desde la Cámara alta. Además, le corta los mandatos a los auditores, les reduce el ingreso por la mitad (cobrarían lo mismo que un Diputado), establece plazos para la aprobación de la cuenta de inversión y promueve un mecanismo más transparente para las designaciones y las incompatibilidades para el ejercicio. Este último punto es clave, puesto que el proyecto es más exigente en cuanto a los requisitos para ser auditor.
Hay otras iniciativas, en ese sentido, aún más estrictas, como el proyecto de la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer y Mónica Litza, de UP -el cual fue elaborado con Pitiot- para que además se le prohíba a los apoderados de los partidos ser auditores, un patrón histórico que también quieren repetir los libertarios con la designación de Santiago Viola, mano derecha de Karina Milei. Además plantea que haya un presupuesto mínimo (0,1% del general, que es lo que se gira actualmente) garantizado para que su financiamiento no dependa del gobierno de turno y sea un organismo autárquico.
Por su parte, en el Senado también hay otro cúmulo de proyectos que comenzaron a tratarse y el que tiene más chances de caminar es el de Mayans, que plantea una ampliación de la AGN para que ambas Cámaras sumen otro auditor. Esto fue visto con buenos ojos por parte de los libertarios, pero hay estrategias entrecruzadas.
Las iniciativas comenzaron a tratarse recientemente en la comisión de Asuntos Constitucionales pero, aunque todos hacen hincapié en la necesidad de hacer una "reforma integral", la disputa se da en cuanto a qué es más conveniente: designar primero a los auditores y luego avanzar en la reforma, o al revés.
Los nombres que sobrevuelan y el posible DNU
Ahí es donde el acuerdo se traba en un punto muerto. "Menem se apura con su proyecto para dilatar el nombramiento", acusan desde la oposición, que durante las últimas semanas presionó para llevar al recinto los nombres de Juan Forlón y Emilio Monzó para integrar dos de las sillas que corresponden a Diputados.
La reforma de Menem apareció para trabar esa designación: los libertarios no quieren a Monzó en la AGN, su deseo es que puedan negociar con mejor respaldo después de las elecciones -mantenerla sin auditores hasta después de octubre- y, además, no solamente buscan que una silla corresponda a Viola sino también a Jorge Triaca, hombre del macrismo.
El acuerdo para Forlón y Monzó lo orquestaron entre algunos sectores del peronismo y los diputados de Encuentro Federal, con el diputado Nicolás Massot a la cabeza de esa negociación. Forlón vendría a ser el nombre de La Cámpora, mientras que Monzó entraría en reemplazo al pedido del massismo por Guillermo Michel. El tercero, según la estrategia de Massot, sería para los libertarios. Sin embargo, no todos en UP están de acuerdo.
El Cronista consultó con fuentes tanto del peronismo como de EF y hay una contradicción latente: en el bloque de Pichetto creen que el acuerdo está tan cerrado con el peronismo que, aunque se amplíen los miembros de la AGN, Monzó se mantendrá firme; mientras que de parte del peronismo aseguran que "Monzó hoy no tiene los votos" y es por eso que no pudieron todavía llevarlo al recinto. Ahí también juega el enojo de la UCR, que quiere imponer a Mario Negri. Él, Triaca (PRO) y Viola (LLA) quedan acorralados para ocupar esa tercera silla.
En el Senado la negociación va en paralelo: allí no dudan que hay dos sillas que le merecen a UP, por ser la primera minoría, y la tercera a la UCR o al interbloque de Provincias Unidas. Según una fuente, podría haber un acuerdo orquestado entre Mayans y LLA para que el tercero corra por parte de Viola. Entre los nombres que sobrevuelan también está Negri y reaparece Graciela de la Rosa como candidata de Gildo Insfrán.
El esqueleto del DNU
Aunque UP en Diputados defiende que debe acelerarse primero su integración antes de la reforma, Mayans en el Senado juega con el Gobierno para primero asegurarse de aprobar la ampliación. Cuentan con el apoyo de la UCR, en ese sentido, porque los apura la sombra de un posible DNU que se les adelante.
¿De qué se trata el DNU? Hay versiones. Por un lado, en la oposición creen que podría tratarse de un decreto que establezca que la AGN sea unipersonal. Aunque muchos advierten a esto como inconstitucional, creen que el Gobierno es capaz de atropellarse lo necesario y saldrían impunes.
Pero dos fuentes cercanas a la AGN sostuvieron otra versión, que parece ser la más sólida: un DNU que mezcle un punto del proyecto de Mayans y otro del de Menem, para básicamente ampliar la cantidad de auditores a 9 (4 y 4, más el Presidente) y acotarles los mandatos de 8 a 4 años.
"El borrador está, existe", aseguraron.
La amenaza latente básicamente depende de los acuerdos, puesto que se necesita la mayoría absoluta del total de los miembros para aprobar los proyectos de la AGN y, ante este escenario, es difícil de concebir ese nivel de acompañamiento. De todos modos, en la AGN presionan para que haya una reforma tarde o temprano; el DNU lo único que buscaría es acotar los tiempos, ya que para que se sostenga necesita solamente de la mayoría simple de una sola Cámara.
El hecho de que se resuelva en el corto plazo también dependerá del consenso en la oposición, que por ahora asoma difícil. Un diputado opositor al tanto de la negociación confesó ante la consulta del Cronista que difícilmente haya un gol sólido antes del cierre de listas de agosto. El apuro no solamente pasa por la parálisis de la AGN, sino porque también hay muchos que no asoman posibilidad de renovar bancas y quieren aprovechar la foto política que vence en octubre. Por otro lado, en LLA advierten que deben resolver rápido el problema porque sino no pueden abrir el recinto para otros temas: ahora los proyectos tributarios tocan la puerta y no pueden arriesgarse.
