El Congreso terminó de definir en los últimos días el reparto de poder en sus comisiones, esa estructura decisiva que determina qué proyectos avanzan, cuáles se traban y en qué condiciones llegan al recinto. La Libertad Avanza consolidó su dominio en las comisiones que más le interesan para su agenda de gobierno, mientras que la oposición K se hizo fuerte en las vinculadas a política social y económica. La Libertad Avanza logró presidir 13 de las 27 comisiones constituidas hasta ahora en la Cámara baja, lo que representa prácticamente la mitad del total, con un marcado énfasis en las áreas de mayor sensibilidad para la agenda libertaria. Las más relevantes son Presupuesto, en donde continuará en la conducción Bertie Benegas Lynch, uno de los diputados más identificados con el pensamiento liberal de la fuerza; Asuntos Constitucionales, bajo la conducción de Nicolás Mayoraz; y Justicia, en manos de Álvaro Martínez. Estas tres comisiones son el pasillo obligado de gran parte de la agenda legislativa del gobierno: desde reformas al Estado hasta cambios en el sistema judicial. También resultan estratégicas la de Legislación Penal, que quedó en manos de Laura Rodríguez Machado —una de las figuras más activas del bloque—, y la de Energía y Combustibles, presidida por el mendocino Facundo Correa Llano. Esta última tuvo un arranque polémico: su predecesora en el cargo, Lorena Villaverde, fue removida luego de que trascendieran denuncias sobre presuntos vínculos con intereses narco, lo que obligó a una reorganización interna del bloque. Un dato llamativo es que el oficialismo se hizo de las comisiones de Discapacidad y de Acción Social y Salud Pública, que tradicionalmente eran cedidas a la oposición. Las preside el tucumano Gerardo Huesen y el jujeño Manuel Quintar, respectivamente. Además, la comisión de Relaciones Exteriores quedó en manos de Juliana Santillán, y la de Legislación del Trabajo fue para Lisandro Almirón, otra área clave si surgen discusiones complementarias a la reforma laboral ya aprobada en febrero pasado. El peronismo, con 9 comisiones, se concentró en el área social y económica. Julia Strada presidirá la comisión de Economía —un espacio de monitoreo y debate sobre política macroeconómica—, mientras que Itai Hagman, dirigente cercano a Juan Grabois, tendrá a su cargo la de Vivienda y Ordenamiento. Lorena Pokoik retuvo Cultura y Gabriela Estévez se hará cargo de Mujeres y Diversidades, desde donde ya anticipó que apuntará contra el desmantelamiento de las políticas de género. La inauguración de esa comisión incluyó un cruce inmediato con la vicepresidenta libertaria del cuerpo, Miriam Niveyro, que marcó el tono de lo que se viene. En la Cámara alta el proceso se desarrolló en paralelo, con el oficialismo apuntando a las llamadas comisiones “de gestión”, aquellas que manejan los temas vinculados al funcionamiento cotidiano del Estado. Uno de los datos es que Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA, ganó la pulseada y logró remover al jujeño Ezequiel Atauche de la Comisión de Presupuesto para poner allí a Agustín Monteverde. Atauche, en tanto, estará al mando de la Mixta Revisora de Cuentas, que tiene a su cargo la revisión de los informes que llegan de la AGN. La de Agricultura quedó para el libertario Joaquín Benegas Lynch —hermano de Bertie—, y la de Trabajo y Previsión Social volverá a ser presidida por la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, que ya la había conducido durante el debate de la reforma laboral en lugar de Patricia Bullrich. La comisión de Legislación General del Senado quedó para la libertaria Nadia Márquez, mientras que Seguridad Interior y Narcotráfico fue retenida por la radical santafesina Carolina Losada. En tanto, Francisco Paoltroni continuará en Relaciones Internacionales, Juan Carlos Pagotto en Acuerdos (la comisión que tiene a cargo la aprobación de pliegos). Resta definir por ejemplo Legislación General, un lugar relevante por su incidencia en una variedad de temas parlamentarios. No todo quedó en manos del oficialismo: la radical Mariana Jury presidirá Turismo, el radical Daniel Kroneberger tendrá Asuntos Administrativos y Municipales, y Luis Juez, uno de los aliados más volátiles del oficialismo, quedó al frente de la comisión de Defensa. La opositora Carolina Moisés, de Convicción Federal, retuvo la presidencia de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. El proceso no está cerrado. Quedan por constituirse 19 comisiones en Diputados, y la más disputada es la de Juicio Político. El oficialismo evalúa colocar allí al cordobés Gabriel Bornoroni, hombre de la máxima confianza del presidente de la Cámara, Martín Menem. El objetivo es claro: garantizarse con aliados la mayoría en esa comisión, que es el filtro para cualquier proceso contra funcionarios judiciales y, eventualmente, miembros del Poder Ejecutivo. También están pendientes Previsión Social, Comunicaciones y las bicamerales de Decreto de Necesidad y Urgencia —cuya presidencia corresponde al Senado— y la de Inteligencia, que debe quedar en manos de Diputados. Este último punto tendrá particular relevancia en un contexto en que el Gobierno impulsó una reorganización de los servicios de inteligencia del Estado. El presidente de una comisión no es solo una figura protocolar. Tiene en sus manos la llave para convocar reuniones, fijar el orden del día y, en la práctica, decidir qué dictámenes se emiten y cuáles duermen en el cajón. El oficialismo aprendió esta lección durante 2025, cuando perdió el control de comisiones como Discapacidad y Salud y vio cómo la oposición le aprobaba leyes de emergencia que el Poder Ejecutivo luego decidió vetar. Esta vez, la estrategia fue diferente: ir por todo donde fuera posible.