Los empresarios mostraron su preocupación por el avance del poder Ejecutivo sobre la Justicia. Remarcaron que las instituciones registran una degradación y cuestionaron la reforma del Código Procesal Penal.
Así se manifestaron desde la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE). “Finalizando el año 2014 asistimos sorprendidos al funcionamiento degradado que afecta a las instituciones de la República y el derecho de la seguridad jurídica amparado por la Constitución Nacional”.
En un comunicado agregan “acaso el ejemplo más categórico de tal afectación institucional sea el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación”.
En este sentido los empresarios recordaron que “la sociedad se ve sorprendida por las decisiones adoptadas por la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, como son la remoción del fiscal Guillermo Marijuan de un cargo clave y la designación de 18 fiscales sin respetar los procedimientos legales establecidos a tal fin”.
Además el comunicado dice que “dichas designaciones resultan especialmente preocupantes en el marco de la reciente reforma del Código Procesal Penal que otorga mayores facultades a los fiscales en la tramitación de los procesos”.
Por último agregan “desde ACDE consideramos que es pertinente alertar a la sociedad del riesgo que significa para la población la manipulación del poder del Estado en favor de los gobernantes y sus grupos de afinidad, ya que si la seguridad jurídica y el respeto a las instituciones se ve afectada, de nada sirven los restantes derechos sustentados en la Constitución Nacional”.
