A una semana de la marcha promovida por la militancia oficialista contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organizaciones gremiales empresarias, con apoyo de instituciones académicas, presentaron un anteproyecto de ley para exigir cambios al plan del Gobierno de reformar elConsejo de la Magistratura.
El objetivo principal del anteproyecto es establecer al consejo como organismo técnico de administración y gobierno del Poder Judicial, de modo que sea "equilibrado, independiente, autónomo y no partidista", para que la Justicia sea "eficiente y despolitizada". Se presenta luego del fallo del supremo tribunal que declaró inconstitucional la conformación que rigió los últimos 15 años, y se aprobó durante la primera gestión de Cristina Kirchner.
La propuesta, que se presentó como un documento de trabajo para el debate que debe dar el Senado en los próximos días, dista sensiblemente del proyecto oficialista, que elevaría de 13 a 17 los miembros, añadiendo dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico, con seis representantes del Poder Legislativo, de los cuales tres, al menos, deberán ser mujeres. En esta distribución, el ámbito judicial vería licuada su influencia.
En conferencia de prensa, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (Cacba), IDEA y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), entre otras entidades y cámaras empresarias, propusieron reducir la cantidad de consejeros de sectores políticos partidarios.
La iniciativa privada busca otorgarle al presidente de la Corte Suprema, en este momento Horacio Rosatti, la conducción del Consejo. Los promotores sostienen que el titular del máximo tribunal "es la cabeza del Poder Judicial" y, por ello, debe "centralizar la conducción de poder del Estado nacional".
En este sentido, el proyecto promovido por organizaciones de la sociedad civil coincide con el de Juntos por el Cambio (JxC), que quieren que el presidente de la Corte Suprema ejerza también la presidencia del Consejo de la Magistratura.
"Una necesaria función de coordinación exige que el Consejo y la Corte estén alineados y no parezcan entidades compitiendo una con la otra, y por eso nos parece coherente, por un tema institucional, que la presidencia recaiga en el titular de la Corte", sostuvo Alfredo Vítolo, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores).
Con la intención de fortalecer la conducción del Consejo por la Corte, el proyecto reafirma la "autarquía financiera" del Poder Judicial de la Nación, fortaleciendo su independencia respecto del oficialismo de turno, y da más elementos para impedir que los dirigentes políticos condicionen el flujo de recursos a la judicatura.
Asimismo, para dar celeridad y transparencia a la selección de jueces, los promotores del proyecto piden que el Congreso apruebe reformas que obliguen al Poder Ejecutivo a expedirse sobre la terna vinculante de candidatos a los 30 días de elevada, y da un plazo de 90 días al Senado para que apruebe o rechace los pliegos.
Alberto Garay, presidente del Cacba, presentó en la mesa de entradas del Senado un petitorio dirigido a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como titular de la cámara alta, para que se tenga en cuenta el parecer del sector privado.
